La industria armamentista factura cientos de millones de dólares al año. Estados Unidos vende un tercio de todas las armas que se comercializan en el mundo. Muchas se usan en crímenes de lesa humanidad
Cira Rodríguez César*/Prensa Latina
La industria y la comercialización de armas vuelven a ser uno de los negocios más rentables y prometedores, tras dejar atrás el pequeño bache de 2012, cuando hubo un retroceso del 91 por ciento en el gasto militar mundial.
Un reciente informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por su sigla en inglés) señala que el comercio mundial de armas convencionales aumentó en 14 por ciento entre 2011 y 2015, con respecto del lustro anterior, y que Estados Unidos ratificó la supremacía como principal exportador mundial.
El texto también da cuenta del alza de las compras en Asia y Oceanía y Oriente Medio, con India, Arabia Saudita y China como los mayores importadores en los últimos 5 años.
“Con el incremento de los conflictos y tensiones regionales, Estados Unidos mantiene su condición de proveedor de armas líder a nivel global por un claro margen”, señaló la directora del programa de gasto militar de la institución sueca, Aude Fleurant.
En tal sentido apuntó que la norteña nación suministró armas al menos a 96 países en el último lustro, con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos como principales destinatarios.
Northrop Grumman, BAE Systems, Ray-theon, Boeing Defense, Almaz Antei, Airbus y otros grandes fabricantes de armas registran nuevos récord de ventas, mientras que continúan las fusiones y adquisiciones que dan lugar a imperios cada vez más influyentes en la cúspide de organismos internacionales, gobiernos, bancos y medios de comunicación de todo el mundo.
Las victorias de la industria de la guerra son un secreto a voces. Pero, ¿en qué radica su triunfo?
El sector armamentístico es especial y se rige por normas diferentes a las de las demás industrias. Los fabricantes de armas son entidades privadas –aunque algunas cuentan con participación estatal– que comercializan casi la totalidad de su producción a gobiernos de todo el mundo.
Dichas corporaciones actúan de la mano del Estado al diseñar, producir y exportar, ya que es el erario el que financia la mayor parte de los proyectos de innovación militar que generan tecnologías cada vez más letales.
Se trata de un negocio redondo en el que el dinero público sirve, al mismo tiempo, para financiar el diseño y la compra de aviones, fragatas, fusiles y tanques.
“La industria pide reiteradamente el apoyo gubernamental para poder vender fuera”, reconoce Eva Cervera, directora de Edefa, el mayor medio hispano especializado en Defensa.
Por ejemplo, la estadunidense Lockheed Martin, mayor fabricante mundial de armamento, ingresa cada año más de 34 mil millones de euros, cifra superior al producto interno bruto (PIB) de 97 países y cinco veces el presupuesto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para misiones de paz.
En este próspero negocio también resalta que, incluso, países con grandes problemas económicos invierten en armas, como es el caso de Grecia.
Poco antes de recibir el primer rescate en 2010, el gobierno alemán activó una línea de financiamiento especial para que las autoridades helenas pudieran pagar sus pedidos de armamento made in Germany.
Alemania, uno de los países que más presión ejerció para que Atenas aplicara duros recortes y medidas de austeridad, es el principal proveedor de armas con destino a ese país, que dedica el 4 por ciento de su PIB a fines militares.
Otro detalle significativo es el vínculo entre industria armamentista y gobernantes: en Estados Unidos las donaciones a campañas electorales de los contratistas militares son vitales para alcanzar la Casa Blanca.
En 2013, los fabricantes de armas desembolsaron más de 137 millones de dólares para obtener el favor de los congresistas estadunidenses, según el Centro para Políticas Responsables, con sede en Washington.
La industria de la muerte, como la califican numerosas organizaciones no gubernamentales, también saca provecho de los millonarios proyectos de reconstrucción después de las guerras, por lo que algunas consultoras ya auguran nuevos conflictos relacionados con el cambio climático y la escasez de agua y alimentos, y por un supuesto récord en las ventas militares en 2016.
Datos y opiniones preocupantes
Small Arms Survey, una organización suiza referente internacional de gran valor en este terreno, plantea que el mercado legal entre Estados y el ilícito muchas veces son las dos caras de una misma moneda, al enmascarar las ventas para grupos insurgentes o proporcionando armas a regímenes que violan claramente los derechos humanos.
La ONU cifra en más de 400 mil millones de dólares el impacto económico a escala global que suponen las muertes causadas por las armas.
Sobre el asunto establece que el armamento convencional de todo tipo (desde munición hasta tanques) mueve al año cifras superiores a los 85 mil millones de dólares en intercambios entre países.
De esa cantidad, Small Arms Survey calcula en algo más de 10 mil millones de dólares anuales el monto del comercio de armas pequeñas, y sus diversos componentes. La principal partida de gasto va destinada a municiones que representan un volumen de unos 4 mil 266 millones.
Esa entidad también apunta que los cinco principales exportadores de armas ligeras son Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil y Austria. Cada uno de estos países exporta al menos 100 millones de dólares anuales.
Asimismo, los principales importadores son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Francia y Reino Unido, de acuerdo con informaciones de la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas, la cual estima que entre el 40 y el 60 por ciento del comercio de armas pequeñas en el mundo es ilícito.
Esfuerzos infructuosos
En abril de 2013, la Asamblea General de la ONU aprobó el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) con 154 votos a favor, tres en contra y 23 abstenciones, el cual entró en vigor a finales de diciembre de 2014.
Del total de países firmantes, hasta la fecha sólo lo han ratificado 64, entre los que no está Estados Unidos, país que abarca un tercio de las exportaciones militares mundiales y que presume de tener 88 armas por cada 100 habitantes.
El acuerdo establece una serie de mecanismos para controlar el comercio. Por ejemplo, las naciones vendedoras revisarán todos los contratos de armamento para garantizar que no se destinen a países sometidos a embargos y que violen los derechos humanos.
Su objetivo es conseguir una mejor monitorización del destino de todo el material bélico, busca delimitar claramente las condiciones para otorgar las licencias de exportación y que las armas no se utilicen contra la población civil.
Importantes voces lo critican como un lobby armamentístico, mientras otras consideran que puede limitar la política exterior de la Casa Blanca.
La aprobación de este tratado ha sido una larga batalla de la sociedad civil y de diversas organizaciones no gubernamentales, como Oxfam Internacional, que han luchado por más de 1 década para que la comunidad internacional controlara ese comercio. Pero, ¿para qué sirve, cuando en Oriente Medio, por ejemplo, unos Estados arman a otros y grupos rebeldes cometen atrocidades contra la población civil?
“Por primera vez existe un instrumento internacional que es jurídicamente vinculante y que obliga a los países exportadores de armas a realizar una evaluación antes de autorizar las ventas. Y tendrán que respetar los criterios fijados por el TCA”, afirma Marc Finaud, experto en desarme del Centro de Política de Seguridad que promueve la paz, la seguridad y el desarme.
Los criterios que enarbola el TCA se sustentan en el derecho internacional humanitario, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
No obstante, el propósito de responsabilizar a los actores del comercio lícito e impedir el ilícito de armas destinado a grupos terroristas y del crimen organizado es infructuoso hasta el momento.
Por armas, el TCA entiende lo mismo pistolas que misiles, lanzamisiles, naves de guerra, tanques, piezas de artillería de gran calibre, aviones de combate, entre otros.
Su texto prohíbe claramente a los gobiernos utilizar cualquier armamento para perpetrar genocidios, crímenes de guerra o contra la humanidad, y de esos está lleno el mundo a menos que proliferen en el futuro las zonas de paz, como se proclamó América Latina y el Caribe en la II Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en La Habana, Cuba, en 2014.
Cira Rodríguez César*/Prensa Latina
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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Contralínea 480 / del 21 al 26 de Marzo, 2016
