Tortura, racismo, asesinato, despojo… lo que los gobiernos estadunidenses cometen contra varios pueblos alrededor del mundo pero también contra sus propios ciudadanos. La potencia que, en nombre de las libertades y los derechos humanos, declara guerras y califica o descalifica a regímenes de los cinco continentes reprobó el Examen Periódico Universal en materia de derechos humanos y quedó exhibida como una nación que no garantiza siquiera para su propia población los derechos económicos y sociales

Gustavo Capdevila/IPS

Ginebra, Suiza. Desvestido de sus ropajes imperiales, como en el cuento escandinavo, Estados Unidos tuvo que someter, el 11 de mayo pasado, su política de derechos humanos al escrutinio de los otros 192 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Washington compareció a la sesión del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, responsable del Examen Periódico Universal (EPU), que revisa el acatamiento de los Estados a las normas internacionales en la materia, en la sede de la ONU en Ginebra.

El resultado de la sesión demostró que “la opinión mundial niega un voto de confianza a Estados Unidos, que se considera a sí mismo el campeón de los derechos humanos”, resumió Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).

 “Ha sido un claro mensaje de que Estados Unidos necesita hacer mucho más para proteger los derechos humanos y acercar sus leyes y políticas a los estándares internacionales en la materia”, dice a Inter Press Service (IPS) el experto de ACLU, una organización no gubernamental fundada en 1920.

Al EPU, criticado porque sus conclusiones son negociadas entre los gobiernos, se le reconoce el mérito de exhibir con crudeza los abusos que los Estados cometen contra ciudadanos propios y ajenos, y la sesión del lunes 11 de mayo no fue una excepción.

Una de las recomendaciones que hicieron los 117 Estados intervinientes en el debate reclamó a Washington medidas para prevenir actos de tortura en áreas fuera de los territorios bajo su control efectivo y el enjuiciamiento de los perpetradores. A las víctimas de las torturas deberá proporcionarles indemnización y asistencia, se dijo.

Con relación a la tortura, entre los logros reconocidos a Estados Unidos figura su decisión de divulgar un informe de los abusos cometidos en la aplicación de un programa de detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia.

En el mismo tema, la jefa de la delegación estadunidense de 20 miembros que viajó desde Washington, Mary McLeod, asesora legal interina del Departamento de Estado, dio a entender que no está cerrada la negociación para permitir la visita del relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, al penal militar de Guantánamo, en Cuba. Este abogado argentino, residente en Estados Unidos, rechazó en marzo la pretensión de las autoridades de ese país de impedir, durante la eventual visita, contactos con los detenidos –más de un centenar– sospechosos de terrorismo.

Su más estrecho aliado, Gran Bretaña, felicitó a Estados Unidos por su compromiso de cerrar Guantánamo, anunciado por el presidente Barack Obama antes de asumir su primer mandato en enero de 2009. “Pero quisiéramos que se haga realidad”, ironizó el delegado británico.

 “El problema de Guantánamo es que ha creado también un sistema de detención indefinida, que deberá acabarse junto con la misma prisión”, dijo Dakwar. “El mismo fin tendrán que asumir los tribunales militares especiales, con jurisdicción en Guantánamo, que han establecido un sistema de justicia paralela”, agregó.

Ejim Dike, directora de la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos, resaltó que las observaciones planteadas a Washington giraron en torno a los temas de pobreza, penalización y violencia.

 “En Estados Unidos tenemos hoy más dinero que nunca. También tenemos la tasa de pobreza infantil más alta de todos los países industrializados. Sin embargo, ningún miembro de la delegación estadunidense mencionó en el EPU la cuestión de la pobreza”, subraya Dike a IPS.

La representación de Cuba abordó el tema y pidió a Estados Unidos que garantice el derecho de todos los residentes a una vivienda adecuada, a la alimentación, la salud y la educación, con el fin de disminuir la pobreza que afecta a 48 millones de personas en el país norteamericano. En ese sentido, numerosos países demandaron que Estados Unidos ratifique el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde 1976 y considerado uno de los pilares del sistema de derechos humanos de la ONU.

También apuntaron que Estados Unidos es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, y también está en mora con la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tampoco reconoce la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, ni los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo forzoso, edad mínima para el acceso al empleo, trabajadores domésticos y la discriminación en empleo y ocupación.

McLeod puntualizó, además, que por ahora su país no considera la ratificación del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional.

El debate durante el EPU “evidenció la falta de un sistema de justicia imparcial, como demuestran los métodos de detención y registro de personas, de perfil racial, el componente de racismo en la aplicación de la pena de muerte y el abuso violento y la muerte de afroamericanos a manos de policías que evaden la rendición de cuentas”, dijo Dakwar. “El sistema migratorio, injusto e inhumano, debe ser sometido a principios y normas de derechos humanos y deben terminar las detenciones de inmigrantes y sus familiares”, reclamó.

Otra de las recomendaciones principales a Estados Unidos le indica que desista de cometer asesinatos mediante el uso de aeronaves teledirigidas, conocidos como drones.

Estados Unidos, que “continúa violando los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional, debe adaptar esas políticas a la Constitución Política del país y al derecho internacional”, precisó Dakwar.

“También en el sistema interno tenemos la vigilancia de las comunidades musulmanas autorizadas por directrices del Departamento de Justicia que permiten el empleo de informantes en las comunidades, en especial las de musulmanes y de originarios de Oriente Medio”, dijo.

Gustavo Capdevila/IPS

[Sección: Línea Global]

 Contralínea 440 / del 08 al 14 de Junio 2015