Lo recursos no sólo no son gastados, sino que no se sabe adónde pararon. Es el patrón detectado a partir de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a diversas dependencias del estado de Puebla que reciben dineros públicos federales.
Las entidades pertenecientes al gobierno de Rafael Moreno Valle subejercen, es decir, no gastan los dineros que la Federación les entrega para fortalecer áreas específicas, señaló en repetidas veces el órgano fiscalizador en su revisión a la Cuenta Pública correspondiente a 2013.
De poquito en poquito, el dinero desaparecido suma centenas de millones de pesos.
Era marzo de 2014. Y el trabajo de los auditores era revisar cómo había sido el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) durante el año anterior, es decir, en 2013. Sin embargo, para entonces, 3 meses después de terminado el año, el gobierno del estado aún no había devengado 87 millones 678 mil 400 pesos.
No fue sino hasta que la ASF intervino que los Servicios de Salud de Puebla comprobaron que una parte de los recursos subejercidos sí habían sido aplicados para cumplir con los objetivos del Fondo. Sólo una parte, pues 29 millones 157 mil pesos seguían sin ser gastados. Ya era junio de 2014.
¿Por qué se guardó tal cantidad y cuál fue el destino? Para la Auditoría, eso “aún está pendiente por aclarar”.
Tampoco era la primera vez que ocurría algo así durante la administración de Rafael Moreno Valle. “Del resultado [de la fiscalización, señalaron los auditores], se advierte su reincidencia, toda vez que [similar hecho] fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2012”, ya que al final de ese año no había ejercido el 11.5 por ciento de lo recibido.
La razón de ser del Fassa es fortalecer en cada estado los “servicios de salud para la población que no está incorporada a instituciones de seguridad social”. Oficialmente está enfocado a la gente más desprotegida, que en Puebla representa la mayoría: 64.5 por ciento. Más de 3 millones 800 mil personas son catalogados como sólo pobres por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval), de los cuales 2 millones 800 mil son considerados como pobres moderados, y 1 millón 59 mil se encuentran en “situación de pobreza extrema”.
Por ello, en 2013, el gobierno poblano recibió de la Federación 2 mil 643 millones 854 mil pesos, de los cuales la Auditoría revisó el 66.3 por ciento.
Además de los dineros no gastados, el gobierno del panista expriísta tampoco cuenta con una “normativa en materia de control interno” en los Servicios de Salud del estado de Puebla (Ssp), lo cual va en detrimento de los servicios, la aplicación de los recursos y su vigilancia.
Eso sí, “cuentan con un Código de Ética y de Conducta”, e incluso “fueron difundidos a través de la página de transparencia, circulares y programas de capacitación”. Lo malo es que “no tienen implementado un procedimiento para evaluar el apego de los servidores públicos a dichos códigos” (sic).
En cuestión de información y comunicación, “los Ssp no cuentan con un plan o programa de sistemas informáticos alineado, y que apoye el cumplimiento de los objetivos de su plan o programa estratégico” ni “tienen implementados planes de recuperación de desastres que incluyan datos, hardware y software” (sic). Todo se hace a mano, a la antigüita.
Se expiden recetas, pero eso no quiere decir que todos los pacientes reciban los medicamentos. “En 2013 el porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la muestra de auditoría fue de 86.6 por ciento, y en 2012 no fue posible determinar el porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la muestra de auditoría debido a que no se requisitaron de manera correcta” (sic).
En cuanto a los objetivos propuestos en el Programa Anual de Trabajo del Fondo, “sólo el 31.5 por ciento de las metas fueron superadas”.
“En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y en la administración de recursos humanos, así como a la Ley General de Salud y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6 millones 852 mil pesos”, concluyó la ASF.
Para rematar, el ente fiscalizador local sencillamente se vio imposibilitado de “informar sobre los resultados de la revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”. La razón: las cuentas públicas hechas por la Auditoría Superior del Estado de Puebla deben ser “aprobadas” por el Congreso poblano, y como éste no lo hizo, pues no pudo responder a la solicitud de información hecha por la Auditoría federal.
En el caso del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), terminó 2013 sin que el gobierno poblano ejerciera el 35.4 por ciento de los recursos destinados a “incrementar la cobertura de servicios básicos para población en pobreza extrema”: 189 millones 797 mil 200 pesos se quedaron congelados sin justificación, y esta situación “se mantuvo al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2014)”.
“Esto retrasó la realización de las obras y acciones programadas, y propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados”, enfatizó la Auditoría Superior de la Federación.
La administración poblana tuvo disponibles, para el ejercicio fiscal 2013, 536 millones 426 mil 600 pesos. “De estos recursos transferidos se observó, al 31 de marzo de 2014, un monto pagado por 264 millones 90 mil pesos, que significó un 49.2 por ciento del disponible y, por consiguiente, una opacidad en el gasto por 272 millones 335 mil pesos, que corresponde al 50.8 por ciento restante”.
Supuestamente, este Fondo federal también está destinado a beneficiar a los pobres entre los pobres. Sin embargo, “únicamente el 1.8 por ciento [de los recursos] se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social”.
En “urbanización (pavimentos y obras similares)”, se destinó el 1.9 por ciento de lo disponible, “no obstante que en el estado persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores de 16.2, 12.3 y 1.9 por ciento de la población, respectivamente”.
El gobierno de Moreno Valle no realizó ni una sola obra que tuviera que ver con el mejoramiento de la vivienda. Quienes no cuentan con un piso firme, es decir, casi la décima parte de las casas poblanas, una de dos: o siguen igual o arrancaron de algún resquicio de su pobreza para ponerlo. En cambio, gastó 1 millón 200 mil pesos en “obras y acciones que no atendieron a la población objetivo y sin alcance intermunicipal”.
Según la Auditoría Superior de la Federación, “en el ejercicio de los recursos, el estado infringió la normativa, principalmente en materia de obra pública y adquisiciones, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por un importe de 56 millones 266 mil 700 pesos”.
“En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, en inconformidad con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.”
Pero ni así el gobierno estatal realiza evaluación alguna “sobre los resultados del FISE, por lo cual el estado desconoce sus debilidades y áreas de mejora”. Mucho menos “existe un procedimiento para la investigación de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, ni mecanismos para captar denuncias sobre el tema”.
Como si la seguridad de los poblanos fuera un tema saldado, la administración de Rafael Moreno Valle, nieto del exgobernador de idéntico nombre, se dio el lujo de no gastar el 73.4 por ciento de los dineros que para tal fin recibió en 2013: de los 291 millones 383 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los Estados y del Distrito Federal, sólo ejerció 77 millones 520 mil pesos. “Asimismo, al 31 de agosto de 2014 sólo se ejercieron 175 millones 673 mil pesos, monto que representó el 60.3 por ciento de los recursos ministrados, por lo que hubo recursos no ejercidos por 115 millones 710 pesos, que representaron el 39.7 por ciento”.
El estado “carece de actividades de control suficientes que garantizaran el cumplimiento de las metas establecidas” para bajar los índices delincuenciales. En la revisión hecha por la ASF al gobierno de Puebla prevalece el “no”:
-“No se contó con controles adecuados para asegurar el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
-“No contó con los controles suficientes para que sus procesos de adquisición se realizaran conforme a la normativa.
-“No contó con los controles suficientes para garantizar que los bienes se entregaran en tiempo y forma.
-“No hubo controles suficientes para que los bienes adquiridos se encontraran instalados y en uso.
-“No se realizó un adecuado seguimiento en el cumplimiento de compromisos establecidos en el Convenio de Coordinación y en el Anexo Técnico Único.
-“El Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública no contó con un reglamento interno, manual de organización o normativa que delimite las obligaciones y actividades de los servidores públicos.”
Tampoco dedicó ni 1 centavo, ni en 2013 ni al momento de la fiscalización (agosto de 2014), a la “prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana”, a “la implementación de Centros de Operación Estratégica” (sic), al empleo de huellas balísticas y “rastreo computarizado de armamento”, al “acceso a la justicia para las mujeres”, al Registro Público Vehicular, a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. Cero fue el gasto total en estos rubros.
En materia de transparencia existen graves hechos. Al momento de reportar a la Secretaría de Hacienda datos sobre lo recaudado (ministrado) en informes distintos, las cifras varían en millones de pesos; mientras que “en el Formato sobre Aplicaciones de Recursos Federales A Nivel Fondo se reportó un importe ministrado de 270 millones 825 mil pesos”, en “la Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2013” se reportaron, a diciembre de ese año, 291 millones 383 mil pesos”; en un tercer informe el monto presentado fue de 279 millones 383 mil pesos.
La Auditoría consideró como “solventada” la información porque “la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”.
El subejercicio impactó profundamente en los llamados, irónicamente, Programas con Prioridad Nacional: para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, supuestamente emplearía más de 15 millones de pesos, pero “sólo ejercieron 324 mil 800 pesos”; de los más de 83 millones prometidos para el Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, “sólo se ejercieron 17 millones 420 mil pesos”.
En ejercicio (parcial) de los recursos entregados, el estado incurrió en violaciones que se convierten en lista:
-A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 21.
-Al Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, párrafo primero.
-A la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción segunda.
-A la Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71, 72, párrafo último, y 82.
-A la Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45, 48 y 49, párrafo primero.
-Así como “otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 21, 47, fracción XIII y 142”.
El subejercicio inexplicable se reprodujo en este caso, ahora por 197 millones 617 mil 100 pesos, “cifra que representó el 20.3 por ciento de los recursos asignados”:
“Del presupuesto original del FAM [Fondo de Aportaciones Múltiples] por 972 millones 675 mil pesos, se ejercieron 607 millones 709 mil pesos al 31 de diciembre de 2013, cifra que representó el 62.5 por ciento de los recursos asignados. Asimismo, al 30 de abril de 2014, se ejercieron [solamente] 775 millones 57 mil pesos.”
Por este motivo, “la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”. Por su parte, la ASF hizo una solicitud de aclaración para saber qué fue de la millonaria suma.
Agregado a lo anterior, “el gobierno del estado de Puebla registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de obra pública y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4 millones 735 mil pesos”.
Tras la revisión, el órgano fiscalizador determinó que la administración del sucesor de Mario Marín (por vía de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y Nueva Alianza) “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo” alimentado con recursos de la Federación.
“Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que el Gobierno del Estado de Puebla no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tres de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; y no existió calidad y congruencia en la información reportada; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados.”
Con semanas de anticipación, Contralínea solicitó entrevistar al gobernador Rafael Moreno Valle, así como a los responsables de cada área. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]
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