La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó –desde ayer– a un juez de Distrito de Procesos Penales Federales que gire órdenes de aprehensión contra 46 exservidores públicos acusados por delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Además informa que en el caso de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, éste cuenta con una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por su sigla en inglés), puesto que huyó del país.

La FGR busca que diversos exfuncionarios municipales –de Guerrero– rindan cuentas por el crimen. El fiscal Alejandro Gertz Manero informó que dichas órdenes de aprehensión se unen a las obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de exfuncionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos, “Tomas Z” [Zerón de Lucio], quien huyó de México y cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente.

A través de un comunicado, la FGR aseguró que ayer se obtuvo la aprehensión de José Ángel N, alias el Mochomo, quien participó de “gran notoriedad” en el caso Ayotzinapa. Y dijo que dichos delitos no fueron investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la entonces PGR.

Recordó que en 2014, la PGR consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas, debido a la inconsistencia y la parcialidad de las acusaciones; pues omitieron señalar todas las violaciones que dichos funcionarios cometieron durante su intervención en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellas: la detención arbitraria, la tortura, dilación en las puestas a disposición, vulneración de los derechos de la defensa, las violaciones al procedimiento, así como el ocultamiento de las pruebas suficientes que permitieran conocer el paradero de los estudiantes.

A partir de 2019, la FGR –a través de la fiscal especial en materia de derechos humanos, maestra Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, maestro Omar Gómez Trejo– inició nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar, y que son fundamentalmente la desaparición forzada de las víctimas, delincuencia organizada y conocer el destino de los normalistas desaparecidos.

Y agregó que las diligencias realizadas en la nueva administración han permitido establecer la cronología de lo sucedido en el caso, así como la participación de quienes cometieron los delitos. Incluso, se informó, han sido localizados nuevos restos humanos que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su identificación.

Los resultados de la identificación de los restos se darán a conocer a finales de esta semana y también se brindará mayor información sobre la judicialización de otros funcionarios de diversos niveles. Con ello “se acabó la verdad histórica”.