“Es posible que nunca pongamos fin al tráfico ilegal de drogas, así como no podemos eliminar el consumo de sustancias; pero podemos manejar mejor estos graves problemas mediante una estrategia integral”, advierte un informe de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental, de la cámara baja del Congreso de Estados Unidos.

Titulado originalmente Western Hemisphere Drug Policy Commission Report, el informe aboga por cambios profundos y sistemáticos en la forma en que Estados Unidos combate el narcotráfico. Propone, además, una mayor coordinación internacional, un enfoque más holístico y multidisciplinario en la formulación de las políticas y una revisión a las rebasadas penalidades que se imponen a los países que no logran alcanzar los objetivos anuales.

El informe rechaza los enfoques tradicionales para la formulación de políticas antidrogas, que –reconoce– hasta el momento han demostrado ser limitantes, y propone no sucumbir a disyuntivas falsas como “seguridad pública versus salud pública”. Recalca el documento que tanto los enfoques tradicionales como los excluyentes pueden obstaculizar estrategias más eficaces, holísticas y multifacéticas.

Lo que deben hacer los diseñadores de políticas, continúa el informe, es tomar los mejores aspectos de ambos lados del debate: seguir invirtiendo en estrategias tradicionales, como el financiamiento a la formación de los policías y la destrucción de laboratorios de drogas, pero complementarlos con planes para mejorar la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo económico alternativo.

Todo esto requeriría la unión de la comunidad internacional e involucrar al sector privado con el fin de discutir formas creativas para generar cambios a largo plazo, puntualiza.

Establece una larga lista de recomendaciones para detener el narcotráfico y abordar los problemas de salud pública creados por el consumo de drogas, y adelanta cómo podría ser la lucha contra el crimen organizado durante la administración del presidente electo Joe Biden.

El documento recomienda que Estados Unidos establezca “acuerdos de asistencia extranjera” multianuales desarrollados por los embajadores con los líderes políticos y de seguridad en los países. Señala que dichos acuerdos permitirían un mayor intercambio de información, así como mayor transparencia entre los países y soluciones de mayor costo-beneficio para asuntos como el crimen organizado, la reforma de la justicia criminal y los derechos humanos.

Los planes también podrían incluir la sincronización de los esfuerzos para prevenir las transacciones digitales ilícitas, que, como dice el informe, están siendo cada vez más utilizadas por los grupos de crimen organizado para lavar las ganancias de las drogas.

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