El proyecto para derogar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) e instrumentar la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR) ha preocupado a organizaciones internacionales, instituciones gubernamentales y sociedad civil, debido a sus carencias en mecanismos de investigación, control y supervisión, protección de víctimas y atención a violaciones graves de derechos humanos, apunta un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

Dependiente del Senado, el informe aborda observaciones hechas sobre dicho proyecto legislativo, el cual fue presentado por el senador morenista Ricardo Monreal en octubre de 2020 y que sigue en discusión.

La primera inquietud acerca de la LFGR es la nula participación de los familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones que los acompañan en su concepción y su discusión, por lo que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU expresó su preocupación ante tal falta de apertura.

Otro aspecto que alertó a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil, indica el documento del IBD, es que en la LFGR se elimina la obligación de los fiscales de elaborar planes de investigación de manera coordinada con las víctimas, así como el derecho de éstas a solicitar a la FGR la atracción de casos de fuero común.

“Se eliminan varias prerrogativas contenidas en la Ley Orgánica, principalmente sobre la participación de las víctimas y defensores en las investigaciones. Este es uno de los aspectos de la Ley Orgánica que fue objeto de reconocimiento y de hecho la ONU-DH lo promueve internacionalmente”, señaló la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una carta dirigida al Senado.

Asimismo, el proyecto legislativo elimina la obligación de la FGR de participar junto a órganos externos en la toma de decisiones en temas tales como desaparición de personas, protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y derechos de las mujeres.

Por lo anterior, según el citado informe, diversos colectivos de la sociedad civil expresaron su inconformidad a la Cámara de Senadores a través de un oficio: “las víctimas, las organizaciones no gubernamentales e incluso la propia Comisión Nacional de Búsqueda han denunciado que no hay colaboración con las fiscalías para la búsqueda en vida y entre restos, y a pesar de ello, ustedes quieren contribuir a que ahora tengan un pretexto legal para esto”.

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, añade también el IBD, alertó que la LFGR otorga explícitamente al fiscal general control sobre los ministerios públicos y autoridad jerárquica sobre el personal de la Fiscalía, lo cual evitaría el desarrollo de sus funciones con independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia. (Nota elaborada con asistencia de Lenin Patiño)

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