Imparable, la reducción de la rentabilidad anual de Pemex: sus ingresos corrientes reales totales acumulan una contracción de 40 por ciento en lo que va del sexenio. En 2012 eran de 1.8 billones y en octubre de 2015 es de 1.1 billón de pesos; la pérdida es de 718 mil millones de pesos reales. La empresa productiva del Estado ya sólo puede vivir endeudándose
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Yo he visto garras fieras en las pulidas manos;
conozco grajos mélicos y líricos marranos…
El más truhan se lleva la mano al corazón,
y el bruto más espeso se carga de razón.
La envidia de la virtud
hizo a Caín criminal.
¡Gloria a Caín! Hoy el vicio
es lo que se envidia más
Antonio Machado, Proverbios y cantares
Petróleos Mexicanos (Pemex) es un paradigma de la destrucción metódica por quienes deberían de velar por su destino.”
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Al término de la primera mitad del peñismo, la exparaestatal es un trágico cascarón vacío, en proceso de extinción, sin razón de existencia. Sólo sobrevive para tratar de ocultar tras sus ruinas la reprivatización petrolera.
¿Le corresponderá a su director Emilio Lozoya apagar las luces?
Las estadísticas de Pemex son irrecusables. El colapso del mercado petrolero internacional terminó por enterrarla entre sus escombros.
Sus hojas de balance financiero y sus estados de resultados durante el primer trienio peñista muestran el rigor mortis de la exparaestatal.
Cada año, sus ingresos corrientes reales totales se han reducido y acumulan una contracción acumulada de 40 por ciento. En 2012 ascendieron a 1.8 billones de pesos (bp) y en octubre de 2015 a 1.1 bp; la pérdida de 718 mil millones de pesos reales (mmp). La baja más intensa se dio en 2015, al caer en 18 por ciento, comparado con el mismo lapso de 2014, equivalente a una pérdida de 231 mil millones de pesos reales (mmp). Con su declinación al cierre del año, sus ingresos serán similares a los de 2009, el año de la recesión calderonista y neoliberal internacional.
El 56 por ciento de los ingresos perdidos en el trienio (718 mmp) corresponden a la caída de las ventas externas reales en el lapso de referencia (62 por ciento). El resto está asociado a la declinación de las ventas en el mercado doméstico.
Los ingresos acusan la drástica reducción de los precios internacionales del crudo en 2015 –34.95 dólares por barril (db) en promedio; en diciembre han sido de 32.70 db–, lejos de su nivel máximo observado en 2012, cuando inició su declinación –102 db–, y similar al de 2004 –31.05 db–.
También muestran la gradual y dramática disminución del volumen medio exportado –1.174 millones de barriles diarios (mbd)– en 2013-2015, 699 mil barriles menos respecto del máximo histórico de 2004 –1.870 mbd–, lo que significa un deterioro de 37 por ciento. Su volumen es equiparable al conocido en 1981 –1.113 mbd–, lo que evidencia la magnitud del retroceso histórico. Ese quebranto, a su vez, es una manifestación de la declinación de la producción de hidrocarburos líquidos y de petróleo. Este último problema se agravará en los años subsecuentes, toda vez que con el ajuste fiscal de 2015, la inversión física de Pemex se ha contraído en 23 por ciento, en términos reales; en 70 mmp, una vez descontada la inflación.
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Con el recorte del gasto, Luis Videgaray sacrificó el futuro de la exparaestatal. Pero eso no importa, ya que los planes son reducir aún más su presencia en la industria, con el objeto de que su lugar sea ocupado por el empresariado local y transnacional.
Es natural que con el derrumbe de los ingresos de Pemex también se redujeran sus beneficios antes de impuestos. En valores reales, éstos cayeron de 997 mmp a 466 mmp entre 2012 y octubre de 2015, es decir, en 53 por ciento, o en 530 mmp. Entre los meses de octubre de 2014 la baja fue de 183 mmp, o 28 por ciento.
Por añadidura, los impuestos, derechos y aprovechamientos reales pagados a la hacienda pública bajaron 40 por ciento, en términos reales entre 2012 y octubre de 2015, en 402 mmp. De octubre de 2014 y 2015 en 153 mmp, o en 21 por ciento.
Una vez descontados tales aportes fiscales, las pérdidas reales arrojadas fueron las siguientes: 2 mil 810 millones de pesos en 2013; 77 mil 540 millones en 2014; y 126 mil 768 millones hasta octubre de 2015.
Los beneficios acumulados reales antes del pago de impuestos sumaron 2.1 billones de pesos (bp) y se le confiscaron 2.2 bp, 209 mmp de más.
La situación de Pemex se agrava si se agregan el pago de los intereses reales que se han elevado sistemáticamente, como reflejo de los réditos internos y externos y la devaluación cambiaria, entre otros factores. En 2013 se pagaron 36.8 mmp; en 2014, 43.1 mmp; 56.5 mmp hasta octubre de 2015.
Al sumar los impuestos pagados y el costo financiero de la deuda de Pemex, las hojas de balance de Pemex arrojan las siguientes pérdidas: 32 mmp en 2013; 114 mmp en 2014; 182 mmp en 2015. En total, 328 mmp reales, es decir, después de descontada la inflación.
La única manera de sobrevivir de la exparaestatal ha sido endeudándose. Al inicio del peñismo su deuda financiera consolidada total era de 60.5 mil millones de dólares (mmd). En septiembre de 2015 se elevó a 87 mmd, 44 por ciento más. En 2003 había sido de 32 mmd. Así, en 2003-2015 se incrementó en 55.2 mmd, 172 por ciento más. En octubre de 2015 la deuda externa bruta del gobierno federal fue de 82.9 mmd. La total del sector público fue de 164 mmd.
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Con ingresos que se mantendrán declinantes lo que resta del peñismo, debido a los bajos precios internacionales del petróleo, con el saque fiscal y la sangría financiera asociada al servicio de su deuda, con una participación del capital privado más libre: ¿qué productividad y competitividad puede esperarse de la empresa “productiva”? ¿Qué futuro puede esperarse de Pemex?
Sólo uno: un lugar (in)digno en el cementerio de la Revolución Mexicana.
Las pérdidas
En su discurso del 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas del Río, entonces presidente de la República, solicitó “a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable”.
Cárdenas pidió “al pueblo confianza plena” ante una decisión que su gobierno había tomado, de acuerdo con “el interés social de la clase laborante”, el “interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la República”, de “la soberanía y de la dignidad de la nación”, por la consolidación del “acto esencial y profunda liberación económica de México”.
Cárdenas demandó a la población un “respaldo absoluto” ante “un caso evidente y claro que obligó al gobierno a aplicar la Ley de Expropiación” vigente en ese entonces: la nacionalización de la industria petrolera como “la única solución” para “someter” al imperio de la ley “a las empresas petroleras” y evitar que sus desmanes provocaran “la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país”.
“Se ha dicho hasta el cansancio –agregaba Cárdenas– que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo”. Pero esa “afirmación es exagerada” y opacada por otras “razones más que justificadas para proceder” a la nacionalización, según Cárdenas; y ellas estaban asociadas al comportamiento de las empresas petroleras extranjeras en el país. Diecisiete en total. Entre ellas Pierce Oil Company-Standard Oil Company, ahora Exxon-Mobil; Mexican Petroleum Company of California, ahora Chevron-Texaco; Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, y London Trust Oil-Shell.
Garras fieras en las pulidas manos
Entre tales razones puede citarse su negativa de “obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte”, las obligaba a cumplir con las demandas económicas de los obreros mexicanos, y por la campaña de desprestigio que organizaron interna y externamente, con el objeto de “lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas”. “Si pudieran”, maniobrarían “impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación”.
Sus “tendencias antisociales”; los “exiguos salarios” que pagaban a los trabajadores mexicanos, condenados a la insalubridad, la miseria, los atropellos y asesinatos cometidos por sus policías privados, encargados de salvaguardar sus intereses particulares y egoístas, algunas veces ilegales. Los “grandes privilegios económicos” que “han gozado durante muchos años para su desarrollo y expansión”. Para “explotar los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público”; las franquicias aduanales, la exención fiscal y otras prerrogativas y abusos innumerables, concedidos y tolerados por los gobiernos precedentes, creados “al amparo de la ignorancia, la prevaricación y la debilidad de los dirigentes del país” que no tomaron “en cuenta las consecuencias que tienen” sobre las masas populares y la nación.
Su intervención en la política nacional, por medio del financiamiento de las “facciones de rebeldes” de la “Huasteca veracruzana y el Istmo de Tehuantepec, durante 1917 a 1920”, que lucharon en “contra el gobierno constituido”. Esas empresas que en “distintas épocas, casi sin disimulos, alentaron la rebelión, [con] dinero para armas y municiones, [las] ambiciones de descontentos [en] contra [d]el régimen del país, cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas”. Dinero que también fluyó “para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores”.
¿Qué diferencia existe entre aquellos medios de (in)comunicación con los que actualmente alaban –previamente aceitados con publicidad gubernamental y otros beneficios– la reprivatización petrolera neoliberal priísta-panista?
¿Cuál es la desemejanza entre las empresas petroleras nacionalizadas por Cárdenas con las beneficiadas por las invasiones y golpes de Estado instrumentados por la Casa Blanca y otras potencias (Standard Oil, ExxonMobil, Chevron, Gulf y Texaco, Amoco y demás) en países ricos en esa materia prima, respaldados por las elites locales (Irán, 1953; Venezuela, 1945-1948 y la fallida asonada de 2000; Irak, 2003; Libia, 2011, o la actual desestabilización de Oriente Medio) y las trasnacionales que participan en la reprivatización petrolera mexicana?
La nacionalización petrolera cardenista recuperó los hidrocarburos para la nación, los convirtió en la columna vertebral de la economía y las finanzas del Estado, en uno de los símbolos fundamentales del nacionalismo, la soberanía, el desarrollo nacional.
La recuperación de los hidrocarburos representó una virtud soberana del régimen postrevolucionario, autoritario, de un país subdesarrollado y pobre. Con la rectoría estatal, la industrialización, la economía protegida, los ingresos fiscales y las divisas generadas por ese energético, entre otros factores, aspiraron al mito del desarrollo capitalista. Fue la antítesis del despotismo porfirista y su “modernización” basada en la economía de enclave: la entrega al capital extranjero de los recursos naturales y el aparato productivo.
Pero lo anterior ya son polvos de otros tiempos.
El círculo petrolero: del porfirismo al neoporfirismo
La virtud nacionalista petrolera se convirtió en vicio, y el vicio porfirista se transformó en la virtud neoliberal.
La metamorfosis se inició en 1983, con el extremado saqueo fiscal y el castigo presupuestal al que sometió Miguel de la Madrid a la exparaestatal, y se intensificó en 1986, cuando ese individuo procedió al desmantelamiento, la destrucción y la reprivatización de la industria petrolera pública, con la cesión al empresariado de poco más de la mitad de los productos petroquímicos básicos. El retroceso se intensificó con la santa hermandad gubernamental priísta-panista, de Carlos Salinas a Felipe Calderón.
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Recién, Pedro Joaquín Coldwell, empleado titular de la Secretaría de Energía, calificó lo anterior como el “proceso de modernización y apertura energética que protagoniza México”, a “gran escala”.
Lo dijo a finales de noviembre, cuando firmaba un contrato con la empresa pública-privada italiana Ente Nazionale Idrocarburi, que empezará la explotación de petróleo (en tres campos con reservas de 107 millones de barriles de aceite ligero y 69 mil millones de pies cúbicos de gas, con una inversión estimada en 1 mil 100 millones de dólares, bajo el esquema “producción compartida”, en la Cuenca del Sureste, frente a las costas de Tabasco) y que, históricamente, acaba con el monopolio estatal de Petróleos Mexicanos en esa materia. El último reducto que conservaba, después de la apertura de la industria petrolera a la depredación privada, local y transnacional. Nada importó la turbia estela que rodea a las actividades internacionales de esa transnacional.
A esa empresa le seguirán dos mexicanas, otra italiana, una del Reino Unido, dos argentinas con inversión británica y dos estadunidenses. Para 2018, según Coldwell, se agregarán muchas más que usufructuarán desde la extracción hasta la comercialización de los derivados.
La medalla Belisario Domínguez 2015 entregada por la mayoría del Congreso de la Unión a Alberto Baillères, del grupo Bal, es la expresión elocuente del maridaje neopofirista del poder político y económico-oligárquico, de la razón de la contrarrevolución neoliberal a escala mundial. Las acusaciones a ese grupo por su violación de los derechos laborales de sus trabajadores, como ha denunciado el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el despojo de tierras (como el caso de los campesinos del ejido Tenochtitlán, ubicado en el desierto de Ocampo, Coahuila), o su depredación ambiental, entre otras anomalías, carecieron de importancia.
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Baillères es uno de los nuevos símbolos del empresariado del proyecto de nación neoliberal. Como familia procreó al semillero de los neoliberales criollos (el Instituto Tecnológico Autónomo de México), donde estudió Miguel Mancera Aguayo, Pedro Aspe, Agustín Carstens o Luis Videgaray, entre otros funcionarios que se han encargado de instrumentar dicho proyecto. Es un sentimental “filántropo”, como dirían los legisladores priístas y panistas, cuya fortuna estimada asciende a 10.4 mil millones de dólares, con las privatizaciones de sectores estratégicos (como neolatifundista minero controla 2.2 millones de hectáreas en 21 estados), los beneficios fiscales y la protección estatal.
Ahora es un flamante petrolero, ya que su empresa Petrobal, en asociación con la estadunidense Fieldwood Energy, explotará el cuarto bloque de la segunda licitación de la Ronda Uno. Para ello contó con los oficios de Carlos Morales, exdirector de Pemex Exploración y Producción.
Otros exfuncionarios públicos como Pedro Aspe, Luis Téllez, Carlos Ruiz Sacristán, Juan José Suárez Coppel, Georgina Kessel, Luis Ramírez Corzo, que operaron la reprivatización petrolera, se preparan para disfrutar de sus despojos.
Así se cierra el círculo, con sus extremos porfiristas y neoporfiristas neoliberales, que estrangula y elimina la anomalía histórica de la industria petrolera nacionalizada, acompañado de un México más subdesarrollado, pobre entre las naciones pobres, neocolonizado, despótico. Sin industria petrolera nacional, que se ha convertido otra vez en un jugoso negocio privado.
A Enrique Peña Nieto le corresponde el título del sepulturero petrolero.
O, para ser precisos, como dijo el senador Manuel Bartlett: Enrique Peña es el héroe neoliberal de la “demolición de dos grandes empresas energéticas [Pemex y la Comisión Federal de Electricidad], otrora sustento de la soberanía”.
Marcos Chávez M*, @marcos_contra
*Economista
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: ECONÓMICO]
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