Emilio Godoy*/IPS
México marcha en contra de la tendencia mayoritaria en América Latina de reducir la pobreza, y nuevas cifras oficiales reconocen que el problema aumentó el último bienio, a pesar de los multimillonarios y múltiples programas existentes para combatirla.
“Tenemos programas sociales bien planteados, pero muchos otros están extraviados. Dicen combatir la pobreza y fomentar el trabajo, pero no tienen efecto. Muchos están capturados, atienden a clientelas políticas antes que a los ciudadanos”, señala a IPS la especialista Edna Jaime, directora del no gubernamental México Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas.
La crítica se enfoca en iniciativas como el Programa de Apoyos Directos al Campo, que este año acumula unos 4 mil millones de dólares en subvenciones, pero que beneficia mayoritariamente a los grandes agroexportadores del Norte del país, cuando nació para ayudar a los pequeños campesinos a mitigar el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, en vigor desde 1994.
También se refiere a los subsidios al gas y a la electricidad, que sobrepasan los 15 mil millones de dólares anuales, porque no cumplen una función de equidad, al beneficiar más a quienes tienen mayor capacidad de consumo.
En la segunda economía latinoamericana operan 48 programas federales destinados a proyectos productivos, generación de ingresos y servicios para el empleo, a los que se destinan unos 7 mil millones de dólares anuales.
Un monto similar financia a Prospera, un programa de inclusión social, conocido antes como Oportunidades y que es elogiado por agencias internacionales de desarrollo, y al Seguro Popular.
El primero transfiere recursos a las familias en situación de pobreza mediante un subsidio directo, atado a los niños escolarizados y el uso de los servicios locales de salud, mientras el segundo extiende la atención sanitaria a quienes no son beneficiarios de otros servicios de seguridad social.
El último recuento del estatal Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), difundido el 23 de julio, halló que 55.3 millones de personas subsisten en situación de pobreza en México, lo que representa un incremento de 3 millones respecto a 2012 y equivale a 46.2 por ciento de su población de 121 millones.
Del total de personas en pobreza, el autónomo Coneval encontró que 12 millones tienen ingresos inferiores a 1 dólar diario y otros 12 millones por debajo de 2 dólares.
En la región, México va a contracorriente al ser de los pocos países que no han sido exitosos en reducir la pobreza, junto con Guatemala y El Salvador, según el Informe de desarrollo humano de 2014, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“México es de los pocos países que, en lugar de reducir la pobreza como venía ocurriendo en la década pasada, ha detenido esos avances. Los elementos que lo han detenido son un crecimiento económico no muy alto y que el gasto no tiene incidencia redistributiva”, indica a IPS el coordinador en México de ese informe, Rodolfo de la Torre.
El experto sostiene que el impulso experimentado por algunos programas de combate a la pobreza se ha detenido, lo que “significa que han comenzado a perder efecto para contener y reducir la pobreza”.
La medición del fenómeno se basa en la cobertura de servicios básicos, como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, y el ingreso familiar.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe degradó, el 29 de julio, el crecimiento mexicano previsto para 2015 de 3 a 2.4 por ciento del producto interno bruto, un ritmo insuficiente para generar 1 millón de nuevos empleos que requiere el país.
En cuestión de ingresos, el actual salario mínimo mexicano de unos 5 dólares diarios, es uno de los más bajos de América Latina, según el Observatorio de Salarios, de la privada Universidad Iberoamericana de Puebla, en la central ciudad del mismo nombre.
Pero el aumento de la pobreza evidencia no sólo las debilidades de Prospera, sino también de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la iniciativa estelar del presidente conservador Enrique Peña Nieto, que busca atender a personas en pobreza extrema y subalimentadas.
La Cruzada, que se concentra en 400 municipios e involucra a 70 programas federales, aspira a atender a 7.4 millones de afectados, de los cuales 3.7 millones habitan en zonas urbanas y el resto en el área rural.
Para Jaime, la instrumentación de la estrategia “es muy complicada”, por su diseño y su estructura multisectorial y el riesgo de capturar clientelas. “Hay instrumentos más probados para atender a los pobres. La Cruzada no ha tenido el éxito esperado”, declara.
Desde su lanzamiento en enero de 2013, 1 mes después de llegar Peña Nieto a la Presidencia, su organización, México Evalúa, integrante de la red Acción Ciudadana frente a la Pobreza, ha hecho públicas sus inquietudes sobre la iniciativa.
Para De la Torre no se trata de un fracaso rotundo, pero “sí es una llamada de atención para revisar su funcionamiento”.
“No puede cargarse toda la reducción de la pobreza en un programa. Las políticas de salud y educación tienen un rol que jugar. Si no invierte nuevos recursos, la estrategia no va a dar un vuelco al enfoque de reducción de la pobreza”, dice el especialista del PNUD.
Al comenzar agosto, el gobierno aún no había anunciado las metas específicas de la Cruzada para este año, mientras que el Coneval presentará en diciembre próximo su evaluación de la estrategia a mediano plazo.
Con un panorama económico lúgubre y el gobierno aferrado a la austeridad del gasto, los especialistas sugieren replantear la estructura del presupuesto y revisar la gestión de los programas sociales.
“Si no aumentan la productividad y los salarios, la pobreza no se abatirá por vía de los ingresos. Hay que garantizar servicios sociales, como salud, educación y vivienda, y cómo asegurar presupuestos más racionales, con mejores definiciones en políticas y programas antipobreza”, plantea Jaime.
A criterio del PNUD, no es posible esperar la reactivación económica para rebajar la pobreza.
“Lo que hay que hacer es modificar la forma como el gasto se enfoca en la población de mayores necesidades. El gasto no llega a los más pobres de los pobres, si no que está teniendo una asignación que no es sensible a las carencias ni regionales ni de grupos e individuos en particular”, critica De la Torre.
El PNUD prepara estudios sobre el gasto público en la niñez, para identificar en cuáles etapas de la vida hay huecos presupuestarios y sobre la evolución del desarrollo humano y la contribución del mercado laboral a ese desarrollo.
Emilio Godoy*/IPS
*Periodista
[BLOQUE: ANÁLISIS]
[SECCIÓN: SOCIAL]
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