La actuación del abogado Santiago Nieto Castillo en el caso más relevante que ha investigado hasta ahora como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el expediente Hidrosina-Karam Kassab, vuelve a poner en duda sus capacidades profesionales para estar al frente de esa área estratégica.

Y es que en la nueva visión de seguridad del gobierno federal, la UIF juega un papel central: es la institución encargada de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero– y el terrorismo y su financiamiento. Es decir, es el área de inteligencia que permitirá desmantelar las finanzas de criminales –sean capos del narcotráfico o delincuentes de cuello blanco de los ámbitos empresarial y político– sin necesidad de emplear la violencia.

Por ello, al ser la UIF un órgano técnico altamente especializado, se espera que cada expediente que entera a otras autoridades –en particular, las denuncias que presenta ante la Procuraduría Fiscal de la Federación y la nueva Fiscalía General de la República– documente plenamente, con claros y precisos criterios jurídicos, los delitos que se presumen.

Y esto es así porque tiene tecnología de punta que le permite acceder directamente a todo el sistema financiero; es decir, los especialistas de esa Unidad pueden ver en tiempo real no sólo el manejo de cuentas bancarias sino todas las operaciones financieras tanto en el sector privado como público.

Sus oficinas están equipadas con un sistema de control de gestión con el uso y generación de etiquetas con códigos QR, scanners e impresoras de alta capacidad de procesamiento y equipamiento de hardware y software para evidencia digital; así como un esquema de recepción de información para notarios y corrección de vulnerabilidades en el portal “Declaranot”.

Sus operaciones son estrictamente discrecionales: su propio edificio carece de identificación externa (no hay logotipo ni siglas) para no ser identificado; además, el acceso es muy vigilado y restringido: sus trabajadores pasan por un sistema de control basado en tres barreras por usuario: un lector biométrico, un lector de tarjetas y una contraseña personalizada. No está permitido ingresar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos ni de almacenamiento digital, y los externos sólo acceden por invitación del titular. Y es que para el gobierno, su trabajo de inteligencia requiere total hermetismo y confidencialidad.

Para la UIF no hay secretos bancario, fiduciario ni fiscal: si sus técnicos piden la cooperación de alguna institución bancaria, casa de cambio, casa de bolsa, aseguradora y demás operadores financieros, éstas tienen la obligación de brindar la información inmediatamente o son multadas.

Lo mismo ocurre con las instituciones vinculantes, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria: la cooperación entre éstas debe ser prioritaria. Y no sólo eso, la UIF tiene el apoyo internacional, es decir, si alguien tiene cuentas abiertas en el extranjero, hay unidades contra el lavado de dinero en casi todo el mundo y se han firmado acuerdos de cooperación que permiten a México tener acceso a esa información.

Así, la UIF tiene todo para armar expedientes pulcros no sólo en el tema de combate al blanqueo de capitales sino incluso en la lucha contra la corrupción, pues en sus detalladas revisiones puede detectar enriquecimiento ilícito y diseminación ilegal de activos.

Entonces, ¿qué pasó en el caso Hidrosina-Karam Kassab? La pregunta es pertinente porque resulta que cuando la Unidad de Inteligencia Financiera solicita bloquear, suspender y/o inmovilizar cuentas bancarias es porque ya realizó un diagnóstico general del expediente, ya revisó a detalle las cuentas, ya conoce la ruta del dinero y tiene certeza de que se ha cometido un crimen.

Las fallas en este caso revelan por lo menos un desaseo en la investigación, si no es que en el futuro se comprueba negligencia de parte del abogado Santiago Nieto. En este escenario, ya se podrían configurar responsabilidades en su contra dependiendo de si las fallas fueron intencionales o por desconocimiento técnico.

Y es que apenas habían transcurrido 4 días desde que el abogado lanzó el “golpe” contra Hidrosina –el grupo empresarial más importante en el sector gasolinero– cuando un juez ya le corregía la plana. Al parecer a Nieto Castillo nadie le informó que la UIF no tiene autoridad para bloquear cuentas bancarias en el ámbito nacional, lo que determinó desde el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En febrero de 2018, la Segunda Sala de la Corte estableció que esas atribuciones son del Ministerio Público, y que sólo éste a partir de la información recabada por la UIF o alguna otra autoridad puede ordenar el congelamiento de activos.

Según ese criterio jurídico, la Unidad de Inteligencia Financiera sólo puede bloquear cuentas cuando lo haya ordenado algún organismo multilateral, como la Organización de las Naciones Unidas, o lo haya solicitado alguna autoridad extranjera.

Por eso es muy importante que se abra una investigación en torno a las responsabilidades del funcionario, no sólo por el alto perfil del caso Hidrosina-Karam Kassab, sino porque la UIF es una institución nodal en el proceso de pacificación que ha planteado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; y sobre todo porque este expediente podría quedar impune por los vacíos jurídicos que dejó la propia Unidad de Inteligencia.

En el caso Karam Kassab, desde la Dirección General de Petróleos Mexicanos se urgió a la UIF para esclarecer la estrecha vinculación de Hidrosina con el huachicoleo, y advirtieron que en archivos del régimen priísta hay expedientes pendientes contra esa empresa gasolinera y sus socios principales, supuestamente vinculados a otras actividades ilícitas que ya son investigadas por la Fiscalía General y la propia UIF.

La revisión del trabajo de Santiago Nieto debería ir más allá de este asunto, e incluir la falta de transparencia que ya instauró; pues, contrario a lo que ha venido declarando López Obrador de que ni siquiera la seguridad nacional será pretexto para reservar la información pública, una de las primeras acciones de este abogado fue cerrar los datos que eran abiertos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Bajo el argumento de que “no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”, la UIF oculta los montos involucrados en las denuncias que presentó en el sexenio pasado ante la entonces PGR, consta en dos respuestas que dio a Agenda de la Corrupción (solicitudes 0000600029019 y 0000600029119).

Ojalá las autoridades hacendarias acaten las disposiciones del presidente López Obrador y promuevan la transparencia y la rendición de cuentas y no la opacidad, pues esos datos ayudan a dimensionar cómo está el delito de lavado de dinero en el sistema financiero y, al menos en el sexenio pasado, fueron públicos.

La Unidad de Inteligencia Financiera se creó el 7 de mayo de 2004, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Desde entonces opera con una enorme discrecionalidad que ahora Santiago Nieto pretende aumentar.

Sus expertos atienden las consultas de quienes realizan actividades vulnerables; analizan reportes de operaciones del sector financiero y avisos del sector no financiero; generan informes de retroalimentación para los órganos supervisores y los sujetos obligados del sector financiero, e integran denuncias que presentan ante la Fiscalía. Todo este esfuerzo no se debe perder por la inexperiencia de su titular.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]