La miseria y la falta de políticas públicas dirigidas tienen a millones de niños guatemaltecos con un futuro de explotación sexual y laboral y de violencia. Lo logrado en 40 años, se perdió en menos de 1 década
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
Guatemala, Guatemala. El panorama que rodea a niñas y niños en Guatemala es cada vez más sombrío y ello refuerza la vulnerabilidad de ese sector. La falta de políticas estatales orientadas a ºprotegerlos, la caótica situación del sistema de enseñanza, la dependencia de muchas familias del trabajo informal y la pobreza, son sólo algunos de los factores que inciden de modo negativo en el desarrollo de los menores de edad.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, Guatemala redujo la pobreza al 5 por ciento a principios de este siglo, pero para 2015 los índices subieron hasta llegar al 53.7 por ciento.
Como consecuencia, 68.2 por ciento de los niños y adolescentes habitan en hogares pobres y 70.2 por ciento de los situados por debajo de los 10 años viven en la pobreza.
Esta situación es mucho más compleja para los nacidos de madres indígenas, grupo de la población en el cual cuatro de cada cinco personas están en pobreza extrema para un 39.8 por ciento.
Guatemala mantiene un ritmo de crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) superior al 3 por ciento, mas sus niveles de desigualdad rondan el 52.4 por ciento y eso lo coloca en el segundo lugar de los afectados por el flagelo en la región, cuarto en el Continente y noveno a nivel mundial.
Ello conspira contra la inserción escolar y expulsa cada año a cientos de niños de las aulas por la urgencia de trabajar para agenciarse el sustento o colaborar con sus familias.
Informes del Ministerio de Educación (Mineduc) refieren que, desde 2011, hay una tendencia a la baja en la enseñanza primaria hasta alcanzar 5 por ciento en 2015, situación que cuenta como deserción escolar.
Exfuncionarios del sector asocian esto a la falta de continuidad en la entrega de las transferencias condicionadas, o Bono de Educación, que desde 2007 motivaban a las familias a mantener a sus hijos en las escuelas.
A esto se añaden la casi nula inversión en materiales para la enseñanza, la falta de maestros, los problemas en infraestructura y otros factores.
Durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), junto a las transferencias condicionadas, se eliminaron la gratuidad y la refacción o merienda escolar.
Los efectos no se hicieron esperar: en 2015 la matrícula cayó a 81 puntos porcentuales, o sea, 19 niños de cada 100 fueron excluidos de la escuela primaria, denuncia el extitular del Mineduc Bienvenido Argueta (2008-2012).
Para el también exdirector de Educación de la Universidad Rafael Landívar, “el país sufrió un atraso de 16 años y esto sólo puede ser considerado un verdadero crimen educativo”.
“Los responsables del gobierno no cumplieron con la obligación como señala la Constitución y violaron el derecho que cada persona tiene a la educación”, enfatiza y argumenta que “el Estado condenó a un grupo de la niñez a continuar viviendo en condiciones de marginación”.
Lo más lamentable es que con ello se obstaculizaron las condiciones de desarrollo, porque la educación significa crear oportunidades de empleo, salud preventiva, protección ambiental, participación cívica y democrática, convivencia pacífica y realización de proyectos de vida, reflexiona.
“Si no se hace algo para que la gente más pobre acceda a la educación, los efectos serán catastróficos a mediano y a largo plazo”, remarca.
Maltrato infantil
Paralelo a esto, otras cuestiones motivan la preocupación en torno a la infancia y una de las más graves es el maltrato en todos los órdenes.
“Ya no existen espacios seguros para este grupo de la población en el país: buena parte de los hechos de violencia en los ámbitos urbano y rural inciden hasta en bebés recién nacidos, sin diferencias por origen étnico o condiciones socioeconómicas”, hace notar el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
“El hogar, presunto espacio ideal de protección, derivó en espacio de riesgo donde niñas, niños y adolescentes son agredidos física, emocional, negligente y sexualmente, principalmente por parte de familiares o personas cercanas a la familia”, destaca.
Menciona, además, que la violencia prevalece en instituciones que fueron creadas para protegerlos y con el tiempo se convirtieron en espacios para pagar deudas políticas.
En esas instalaciones son reiterados los casos de agresiones de empleados sin la debida preparación profesional para contribuir al desarrollo integral de los infantes, denuncia la agrupación y relaciona ese hecho con la violencia que prevalece en la sociedad.
Todo esto tiende al incremento por la existencia de un Estado ausente, negligente e indiferente que estigmatiza y excluye sobre todo a los adolescentes, al culparlos de la criminalidad y otros problemas del país, cuestiona.
En Guatemala cuesta poco tiempo constatar que muchas niñas y niños andan por las calles en horarios en los cuales supuestamente debían estar en las escuelas, y hasta en las noches, sea colaborando con sus padres en cualquier actividad que aporte al sustento o simplemente vagando.
De tal suerte que buena parte presencia actos de violencia casi cotidianos, incluso escenas grotescas de crímenes perpetrados delante de ellos contra extraños o conocidos, sin recibir la ayuda sicológica correspondiente.
Con ese telón de fondo es comprensible que la niñez devenga lo mismo afectada que parte de la violencia circundante, mientras enfrenta el riesgo permanente de padecer trastornos sicológicos, como la falta de concentración, los problemas de memoria, las relaciones de ansiedad con sus cuidadores o los comportamientos agresivos.
Abuso, una constante tolerada
Estudios auspiciados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demostraron científicamente que en este país y en el resto de la región el maltrato infantil, en sus distintas manifestaciones, es una constante tolerada por buena parte de la población adulta.
La permisividad en ese orden prevalece de manera particular en lo tocante a la explotación sexual comercial, a pesar de que casi toda la ciudadanía es consciente de que se trata de un delito penado por la ley.
De acuerdo con el proyecto Contribución a la Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, 95 por ciento de 8 mil personas en esta área aceptó que la explotación sexual comercial es condenable.
Pese a eso, uno de cada cuatro admitió que no haría nada por denunciarlo y más bien culparon de las violaciones sexuales y del abuso con fines comerciales a las víctimas, por lo general adolescentes de familias de escasos recursos.
La mirada condenatoria a las supuestas “provocadoras” y a los varones que andan “sueltos por las calles” predomina, corroboró la indagatoria.
Si bien el 60 por ciento imputó estos delitos a las víctimas, el 61 por ciento atribuyó a las familias la cuota mayor de responsabilidad en esos casos.
Participantes en la investigación mostraron su alarma por los resultados de la misma, fiel reflejo de que las personas casi nunca asocian al cliente explotador con las causas de la explotación sexual comercial; y lo peor, que continúan sin interiorizar que esta situación es intolerable e inadmisible.
Igual visualizaron que, al unísono, los infantes enfrentan la recurrencia de los mayores de edad a métodos presuntamente educativos signados por la violencia, tanto física como sicológica.
Con base en esas lógicas patriarcales de pensamiento, los abusos de índole sexual continúan a la orden del día y Guatemala tampoco escapa de esto.
En 2015, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reportó 5 mil 98 menores abusados sexualmente en este país, de los cuales 80 por ciento fueron víctimas de violaciones cometidas por adultos con algún grado de parentesco o amigos de las familias.
Más allá del bien y del mal
Pese a este panorama tan controversial, el 13 de marzo de 2016 pasó de largo sin que pocos repararan en que debía celebrarse el Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez, en virtud de lo decretado por el Congreso de la República el 4 de mayo de 2005.
En esa jornada, destinada a visualizar los problemas que aquejan a los infantes en este territorio centroamericano, faltaron las actividades estatales orientadas a tratar estos fenómenos y ni la prensa reparó en ellos.
Poco antes, al anunciar el programa Gobiernos Escolares, el presidente Jimmy Morales declaró que la educación y la salud son prioritarios en su administración, mas acotó que “las mejoras se verán en 20 años”.
“Por primera vez se hicieron los traslados de fondos a tiempo al Ministerio de Educación, antes se hacían hasta mediados de año”, afirmó, gozoso, y puntualizó que esos recursos fueron designados a la refacción estudiantil, tema de gratuidad, útiles y valija didáctica.
“Un pueblo sano y educado prospera, siempre lo he pensado, lo digo y no me cansaré de decirlo, y en ese rumbo nos estamos dirigiendo”, aseguró Morales, alrededor de cuya gestión sobran las críticas en tanto el porvenir de la nación continúa amenazado y la desatención a la niñez vaticina la recirculación del ciclo de pobreza.
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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