En poblados como Baborigame –en el municipio de Guadalupe y Calvo–, la venta de alcohol sin vigilancia alguna por parte de las autoridades es una realidad que lastima sobre todo a los niños. Indígenas de entre 8 y 10 años de edad tienen acceso sin problema a las bebidas alcohólicas porque no existe sanción para la venta ilegal de alcohol, alertó la Consultoría Técnica Comunitaria, AC (Contec). Y criticó que los inspectores de Gobernación no llegan a esas zonas.

La organización agregó que “en Chihuahua no está regulada la venta clandestina de alcohol ni el tipo de bebidas que se expiden, lo cual es una permanente denuncia por parte de los integrantes de las comunidades [indígenas] Rarámuri y Ódami, que no saben cómo enfrentar este problema, el tema es abordado en casi todas las reuniones”.

De acuerdo con Contec, los niños han desarrollado fuertemente la adicción al alcohol gracias a la facilidad para acceder a todo tipo de bebidas que deberían estar prohibidas para los menores de edad. “Los beneficiarios son muchos pero no los miembros de las comunidades”.

Y aunque en años anteriores fue planteada a las autoridades la necesidad de enviar al Congreso una iniciativa para que regulara esta situación, no se ha realizado absolutamente nada, advirtió la organización.

Por ello, urgió a las autoridades  atiendan este grave problema. De acuerdo con el comunicado, la Contec tiene cerca de 20 años acompañando a población vulnerada de los pueblos Ódami y Rarámuri.

De su experiencia en la zona, apunta que la Sierra Tarahumara constituye un lugar de bellos paisajes, es la casa común de los pueblos originarios, que a pesar de la cultura mestiza, conservan sus saberes y costumbres ancestrales, en las que se encuentra su sentido de identidad y comunidad. En contraposición tienen graves realidades a las que se han enfrentado en los últimos 40 años.

Y es que además de la adicción de los infantes al alcohol, los indígenas se enfrentan a “la tala ilegal sin ningún tipo de control, la elaboración de megaproyectos en sus territorios sin consulta, proyectos turísticos que los benefician solamente si los tribunales resuelven a su favor, proyectos de infraestructura que violentan sus derechos, la minería que contamina sus aguas y la siembra de estupefacientes”.