Se profundiza la crisis en Oaxaca. Más de 3.6 millones de personas en situación de pobreza no tienen alternativas para mejorar su vida; continúan las violaciones de los derechos humanos, según informa la ONU, y la violencia de grupos criminales se extiende por barrios y colonias 

Oaxaca, Oaxaca. En esta entidad, 3 millones 674 mil 200 personas se encuentran en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, refieren los datos oficiales. Del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago en México –elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social– se desprende que de sus 570 municipios, sólo 13 presentan un rezago social “muy bajo” y 59, “bajo”. 

La mayoría de las alcaldías es pobre: wn el tema del rezago social, 133 se encuentran en la categoría de “medio”; 258 municipios en “alto”, y 103, en “muy alto”. Además, de cuatro casos no se sabe su actual condición, pues no están clasificados.

Las cifras oficiales revelan que sólo el 4.7 por ciento de la población total de Oaxaca no es pobre ni vulnerable. Por ello, esa profunda desigualdad sería origen de graves conflictos sociales, muchos de los cuales han sido frenados con violencia y prisión.

No obstante la urgencia que tiene la población más pobre, el actual gobierno del priísta Alejandro Murat gasta recursos humanos (1 mil 273 elementos de seguridad pública) y económicos en actos como la llamada Guelaguetza “oficial”. El gasto en esta celebración –aprobado por el Congreso de Oaxaca– fue de 22.5 millones de pesos (organización y promoción). Con una afluencia de 130 mil turistas nacionales y extranjeros, esta fiesta generó una derrama económica para el sector empresarial fue de 310 millones de pesos.

Ese monto es tres veces más el presupuesto que la sexagésima tercera legislatura de Oaxaca destinó a los 570 municipios de la entidad para este ejercicio 2017: 86.3 millones de pesos.

Deuda social

Además de la deuda que tiene la actual administración estatal con los más pobres, hay una deuda social con las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Por ello, antes y durante la celebración de la Guelaguetza, maestros, normalistas, colonos e indígenas protestaron intensamente. 

A los reclamos sociales y la exigencia de justicia se sumó el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que fueran libertados los luchadores sociales presos por su actividad política.

Y es que en Oaxaca se encarcela por motivos políticos. Por ello, integrantes del Concejo Indígena y Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón aseguran que el actual gobierno continúa la política represiva de Ulises Ruiz Ortiz.

En entrevista, ponen como ejemplo el caso del indígena ecologista Pablo López Alavéz. El pasado 13 de junio, refieren, fue entregada la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que indica: “Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner inmediatamente en libertad al señor López Alavés, y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.

Para el Grupo de la ONU, la privación de la libertad de López Alavéz es arbitraria, porque contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además observa “un patrón de violaciones” que se repite en varios casos.

Respecto de la detención del indígena López Alavéz, refiere que es un agricultor y defensor de los derechos ecológicos, indígenas y comunitarios: durante los últimos 20 años, ha liderado la defensa de los bosques en San Miguel y San Isidro Aloapam, contra programas de deforestación.

Según el Grupo de la ONU, esta no es la primera vez que ha sido encarcelado como parte de la criminalización de la protesta social. “El 15 de agosto de 2010, López Alavéz fue detenido en el Río Virgen, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, por 15 hombres no identificados, vestidos de negro, con sus caras cubiertas y portando armas largas. Lo ataron y lo obligaron a entrar en un vehículo sin ninguna explicación, sin exhibir una orden de arresto, en circunstancias tales que justifican ser calificados como malos tratos o tortura. Al día siguiente, López Alavéz fue confinado en el Reclusorio de Villa de Etla, Oaxaca”.

Entonces se le acusó de haber participado en un homicidio en junio de 2007. Hasta ahora, se desconoce la situación legal. Por ello, el 8 de febrero pasado el Grupo de la ONU solicitó al gobierno mexicano entregar “información detallada” sobre su detención y su situación actual. También requirió clarificar las bases legales que justifican la continuidad de la detención. Sin embargo, observa la ONU, el gobierno no respondió.

Para el defensor Maurilio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, México padece autoritarismo, pues “las detenciones arbitrarias se dan sistemáticamente en los países donde efectivamente existe un gobierno autoritario”.

En el caso de Oaxaca, el Grupo de Trabajo de la ONU ha documentado varios casos de este tipo: uno de ellos es el de Damián Gallardo Martínez. En su opinión 23/2014, emitida el 26 de agosto de ese año, el Grupo insta al gobierno mexicano a adoptar las medidas para poner fin a las violaciones múltiples de los derechos humanos contra el activista. 

Otras cuatro opiniones que señalan detenciones arbitrarias en Oaxaca fueron emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU: la 19/2015, que apunta la detención de Librado Jacinto Baños Rodríguez; la 17/2016, relativa a la detención arbitraria de 25 personas integrantes del Frente Popular Revolucionario; la 23/2017, respecto de Pablo López Alavéz; y la 24/2017, del profesor Mario Olivera Osorio, finalmente puesto en libertad el pasado 20 de abril.

Para familiares de las víctimas y organizaciones civiles que los acompañan en su defensa, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es ineficaz de cumplir su función y atender las recomendaciones de la ONU.

La violencia, otro factor contra el pueblo 

Además de la pobreza y el encarcelamiento como método de criminalización de la protesta, los oaxaqueños padecen un incremento de la violencia. Ejemplo de ello es lo que ocurre en Villa de Zaachila, cuya población ha sido extorsionada desde el pasado 28 de mayo.

“Logramos enfrentar el miedo y unirnos como vecinos, contra la organización criminal 14 de Junio”, indica uno de los pobladores que por miedo a represalias solicita omitir su nombre.

Por el intento de cobro de piso a los vendedores del mercado Santa Cecilia, vecinos colocaron barricadas en las colonias 24 de Julio, Benito Juárez, Campo Real, Barrio de Lexio, Barrio del Carmen, Barrio del Niño, Barrio El Manantial, la Guadalupana, Guillermo González Guardado, La Hermosa Provincia, Jardines de Zaachila, Barrio la Guadalupe, La Peña, Barrio la Purísima, Barrio la Soledad, Lomas de la Cuesta, Olimpo, Renacimiento, Barrio San Jacinto, Barrio San José, Pueblo San Lucas Tlanichico, Barrio San Pablo La Raya, Barrio San Pedro, Pueblo San Pedro la Reforma, Barrio San Sebastián, Valle de Reyes, Valle Dorado y la Agencia Vicente Guerrero. 

Don Guillermo, que forma parte de una de las barricadas a pie de la carretera, narra que junto a otros vecinos lleva ya más de mes y medio viviendo y durmiendo ahí. 

“Se le pidió muchas veces al gobierno que hiciera esto, pero no hizo caso y hasta que se armó de valor la [colonia] Vicente Guerrero subimos nosotros mismos, como colonos, a desalojar a toda esa gente.”

Según los denunciantes, los presuntos extorsionadores se autonombran Frente Popular 14 de Junio CNP, y serían una escisión del Frente Popular Revolucionario. A éstos les atribuyen un ataque armado ocurrido el pasado 3 de julio, cuando con armas AK47 dispararon contra la población.

Ese día, los colonos iban a tomar el basurero municipal para presionar a las autoridades. Pero las 14 hectáreas del basurero se convirtieron en un campo de batalla.

“Pensaron que el miedo nos iba a ganar, pero fue más nuestro coraje. Después de los primeros heridos, los correteamos: no pensábamos entrar a sus colonias, pero esto ya fue demasiado. Se largaban porque se largaban”, dice Juana, una habitante de una de las colonias en resistencia.

Para doña Francisca, lo que ocurría con el grupo agresor ya “era demasiado: golpeaban a los viejitos que cobraban su dinerito que les da el gobierno; a medio día les pegaban y les quitaban su dinero. Nos dio mucha rabia cuando supimos de la niña de 9 añitos que violaron y se la fueron a entregar a su familia”.

Las agresiones físicas iban a la par de las económicas. Carlos, otro de los afectados, cuenta que la extorsión la empezaron a pagar todos: “Subieron el [precio del] kilo de la tortilla y todas las señoras se indignaron, pues resulta que no eran las tortillerías sino los de la [banda] 14 de Junio. Ellos estaban cobrando 3 pesos por kilo, y entonces también [las tortillerías] le tuvieron que subir”. 

Agrega que otra actividad afectada fue la del transporte público. “A los taxistas que se negaban a ‘afiliarse’ con ellos, los golpeaban en frente de todos. ¿Y quién hacía algo? Eso es una humillación y así nos tenían. Teníamos mucho miedo, pero se acabó”.

Don Librado coincide: “Nos agarraron como sus esclavos, para que trabajáramos para ellos. Hicimos cuentas de todo lo que cobraban: taxis, mototaxis, tortillas, tienditas, negocios… Hasta los médicos tenían que entrarle y las señoras de los tamales igual. Pensamos que por lo menos 1 millón y medio de pesos se llevaban al mes”. 

Desde una de las barricadas, doña Esperanza –quien aún dice tener mucho miedo por esa violencia que llegó a sus colonias, explica quiénes son los que están resistiendo: “Somos ciudadanos que vivimos en paz, que nos gusta trabajar y salir adelante por nuestros propios medios”.

Texto y fotos: Luis Santillán

Contralínea 554/ Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017