Cuatro agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza en Quintana Roo, a manos de policías de Tulum. Destacaron que éstos sometieron a la madre de familia –que vivía en México como refugiada– con uso de la fuerza contrario a los estándares internacionales, bajo la acusación de haber alterado el orden público.
La Entidad de las Naciones Unidades para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México (ONU Mujeres), la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), la Oficina en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamaron a las autoridades a investigar pronta e imparcialmente el crimen, de acuerdo con “los estándares de derechos humanos en la materia, como el Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas”.
La representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, señaló que “el Estado mexicano ha asumido importantes obligaciones y compromisos en materia de defensa y protección de los derechos humanos, y que cuenta con un marco normativo nacional que explícitamente establece que las instituciones de seguridad deberán contar con protocolos y procedimientos de actuación, incluido el uso de la fuerza, que tenga perspectiva de género y protejan los derechos humanos, y que sus elementos deberán estar adecuadamente capacitados para su implementación”.
Para Guillermo Fernández-Maldonado –representante de la ONU-DH en México–, “la trágica y prevenible muerte de la señora Salazar Arriaza a manos de las fuerzas del orden, es una muestra de la urgencia de implementar plenamente protocolos de actuación alineados con los estándares internacionales en la materia, con una perspectiva de género. Para éste y otros casos atribuidos a agentes de la entidad, la rendición de cuentas debe implicar un cambio profundo y estructural en la interacción de la policía con la población”.
Por ello, las agencias de la ONU pidieron a las autoridades municipales y estatales de Quintana Roo que adopten las medidas necesarias para prevenir la repetición de este tipo de hechos, a través de la garantía de una actuación policial apegada a los estándares internacionales en la materia y la plena rendición de cuentas por sus acciones, así como la efectiva atención de las numerosas quejas contra policías que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha registrado y las recomendaciones que ha emitido al respecto.
Al respecto Dana Graber, representante de OIM en México, indicó que “la muerte de Victoria es lamentable y evidencia las carencias que existen para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes en México. Estamos ante un caso de doble discriminación de la víctima, por el hecho de ser mujer y por su condición de persona migrante. Este trágico desenlace jamás debió haber ocurrido y pone de manifiesto, por un lado, la necesidad de determinar las responsabilidades correspondientes, y por el otro, de implementar medidas para garantizar la no repetición.”
Por su parte Giovanni Lepri, representante adjunto de ACNUR en México, se dijo consternado por este asesinato, al tratarse de una mujer refugiada que, como muchas otras mujeres centroamericanas, se ven forzadas a salir de sus países por situaciones de violencia y persecución: “ante los riesgos en su país de origen, la señora Salazar había sido reconocida como refugiada en México. Resulta preocupante su asesinato, la muerte de la señora Salazar es más grave aún al haber sido cometida por elementos de la policía local. Hacemos un llamado a las autoridades a llevar a cabo una investigación imparcial sobre estos lamentables hechos”.
