Un grupo de empresarios se han apoderado de un tramo de la Carretera Transpeninsular Benito Juárez. Ya desarrollan un lujoso proyecto turístico exclusivo, denominado Zona Dorada
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Los empresarios Eduardo Sánchez-Navarro, dueño del grupo Questro y del Grupo Aeroportuario del Pacífico, de Promotora Cabo Real y de Constructora Bajacaliforniana, SA de CV; Rubén Coppel, propietario del desarrollo turístico Solaz y de las tiendas y almacenes que llevan su apellido; Gustavo Lomelí, del hotel Le Blanc, así como José María Pablos González, de Quinta Tres, SA de CV, habrían promovido la privatización de al menos 8 kilómetros de la Carretera Transpeninsular Benito Juárez, que comunica a Cabo San Lucas con San José del Cabo, denuncia un grupo de asociaciones de profesionistas, prestadores de servicios, ecologistas y habitantes del lugar.
En complicidad con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el cabildo municipal de San José del Cabo –que primero aprobó por mayoría el cambio de uso de suelo de la zona carretera el pasado 10 de diciembre, y luego dio el visto bueno al proyecto de “modernización” del tramo actual, así como del nuevo trazo carretero–, el interés de los magnates se concretó en hacerse de un preciado e histórico destino turístico al privatizar el tramo carretero que comprende al menos seis playas del Océano Pacífico: Buenos Aires, Costa Brava, San Carlos, Cabo Real, El Bledito, El Marquís y El Dorado, para remodelar la zona y convertirla en un exclusivo destino turístico con lujosos hoteles con 8 mil cuartos, tiendas, áreas de esparcimiento, a los que ya no tendrían acceso los turistas nacionales ni los pobladores de la región.
[bctt tweet=”Privatizan carretera transpeninsular en BCS. Decenas de pescadores, expulsados”]
“Ni venta, ni permuta ni privatización del actual tramo carretero; no nos oponemos a la inversión para impulsar el turismo en Baja California Sur, sino que se haga bajo un nuevo concepto de desarrollo turístico que respete el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, los intereses de la comunidad y la ecología de la zona”, advierte Blanca Pedrín, presidenta de la Asociación del Centro Histórico de Los Cabos.
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El representante del grupo ecologista Los Cabos Coastkeeper, AC, Mateo Parr Bennett, explica que se plantearon dos esquemas de vialidad diametralmente opuestos. El que establece el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos de tres vialidades lineales y paralelas a la costa del Océano Pacífico: el libramiento carretero, el Eje Interurbano y la Carretera Transpeninsular. “La propuesta de los promoventes interrumpe este esquema lineal, cambia la naturaleza unificada del destino turístico y crea una zona excluyente y exclusiva del gran turismo”, advierte.
Y es que desde su página en internet el Grupo Questro, de Sánchez-Navarro, desde hace tiempo promueve el proyecto El Dorado como “una íntima experiencia, exquisita comunidad privada de playa, golf y desierto, con más de 1 milla de costa espectacular, diseñada para clientes que buscan la privacidad absoluta y lo mejor en atención al cliente”.
Es decir, señala Parr Bennett, con la aprobación del cabildo del cambio de trazo carretero y luego de modificar el uso del suelo se pretende crear un esquema de subdestinos turísticos con el cambio del trazo carretero, con lo cual se fracciona el bien común económico más importante de Los Cabos que es el turismo, para dar paso a una zona exclusiva excluyente de lugareños y turistas de bajo perfil económico.
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El tramo carretero en disputa comprende al menos seis playas del Océano Pacífico: Buenos Aires, Costa Brava, San Carlos, Cabo Real, El Bledito, El Marquís y El Dorado”
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Esta especie de zona aislada en beneficio de los empresarios promoventes del proyecto pretende controlar los accesos a las playas que por ley son propiedad de la nación y de uso de todos los mexicanos; limitar también a quienes ellos consideren como foráneos, en una zona que cuenta con una mayor extensión de áreas de playa, lo que ocasiona además competencia desleal con los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos de otras zonas en el destino que por décadas han desarrollado un turismo tradicional e incluyente.
Advierte que el proyecto de Sánchez Navarro, Coppel, Lomelí y otros empresarios no procede porque desplazaría a la población, además de que tiene el agravante de que se viola la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur, que en su artículo 17 establece el proceso que se debe realizar para modificar el Plan de Desarrollo Municipal, y es una consulta pública, la cual no se hizo.
En medio de protestas, gritos y connatos de violencia en los que tuvo que intervenir la Policía Municipal para aplacar los ánimos incluso de los regidores que se oponen al cambio de uso del suelo de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y el Movimiento Regeneración Nacional, denunciaron que el acuerdo viola la Constitución y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal.
Luego de la aprobación, los funcionarios públicos que se encontraban en la Sala de Cabildo, y a quienes les gritaban “¡vendidos!”, salieron resguardados por policías municipales, quienes impidieron se pudieran registrar agresiones, según el reporte del sitio en internet del Colectivo Pericú.
Casi al final de la sesión, la empresaria hotelera Blanca Pedrín salió a anunciarles que la propuesta de nuevo trazo había sido aprobada. Al concluir la sesión, los regidores salieron uno a uno, a los que lanzaron toda clase de insultos, improperios, mentadas de madre y algunos fueron escupidos en el rostro “por traidores y vendidos”. La situación no pasó a mayores, agregó el reporte del colectivo en su edición del 10 de diciembre.
Antecedentes
Moreno Paz señala que dese 2008 se sabía de la existencia de dos convenios firmados entre el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Raúl Murrieta Cummings, y los empresarios a espaldas de la población, “sin respetar el esfuerzo extraordinario de la comunidad que aportó el 1.3 por ciento de sus ingresos durante 10 años (1994-2004) para ampliar la entonces peligrosa vía de dos carriles, que había en 1994, a la de cuatro carriles que tenemos hoy y que se puede ampliar a seis u ocho carriles como establece el Plan de Desarrollo Urbano. La SCT en Baja California Sur no ha recibido a las asociaciones que no estamos de acuerdo”, advierte.
El arquitecto da cuenta de los antecedentes para modificar el tramo carretero, en los que la SCT firmó sendos Convenios de Concertación con empresarios hoteleros de la región, para “realizar acciones conjuntas para modificar el trazo carretero de la Carretera Transpeninsular Benito Juárez, en el subtramo Cabo San Lucas-San José del Cabo, entre los kilómetros 12+100 al 24+100, con una longitud de 12 kilómetros”.
El primer Convenio de Concertación, fechado el 10 de marzo de 2008, fue firmado por el entonces y actual subsecretario de Infraestructura de la SCT, el mexiquense Raúl Murrieta Cummings, y por John Anthony Vaughan Offer, de Promotora Cabo Real, SA de CV (propiedad de Sánchez-Navarro), a efecto de “establecer ciertas adecuaciones para reducir la distancia del tramo carretero originalmente autorizado; ello, con el propósito de ajustarlo a su nueva longitud y su nuevo entronque”.
El segundo convenio, signado el 2 de octubre de 2012 por Carlos Alberto Lascuraín Ochoa, director del centro SCT en Baja California Sur, y por John Anthony Vaughan, como representante de la empresa Golfo de California Hoteles y Fraccionamientos, SA de CV, se refiere a la modificación de la actual Carretera Transpeninsular Benito Juárez, específicamente del kilómetro 16+130 al 17+610.
Entre las organizaciones que se oponen a que se modifique la carretera Transpeninsular figuran: el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Ammje) Los Cabos, la Asociación de Centro Histórico de San José del Cabo, Los Cabos Coast Keepers, la Asociación de Amigos del Centro de Cabo San Lucas, Comerciantes del Medano, la Asociación de Hoteles Boutique de San José del Cabo, Raíces Cabeñas, la Maroma, Equide, la Unión de Transportadores de Los Cabos, la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Condóminos de Residencial el Tule, y la Unión de Abarroteros.
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Carlos Moreno señala que los empresarios solicitan el cambio de uso de suelo de 550 hectáreas que se ubicarían entre el nuevo trazo y el mar, así como la actualización de varios planes maestros y proponen “construir con recursos propios una nueva carretera de 8.5 kilómetros para desviar el actual trazo a casi 2 kilómetros más lejos del mar para el grueso de la población, a cambio de la actual vía de 7 kilómetros que modifican a su conveniencia reduciéndola de cuatro a dos carriles con el argumento de que es la única forma de eliminar cuatro peligrosos cruces a nivel entre el Hotel Westin y el puente del Tule (lo cual es falso) y así lograr mejorar la seguridad en una zona dorada que, dicen, atraería más inversión y 10 mil empleos”.
Los promoventes aseguran que invertirían 500 millones de pesos, pero de acuerdo con el director del Centro SCT de Baja California Sur, Eleazar Gutiérrez Magaña, la inversión ascendería a 100 millones de pesos para la realización de las obras.
Destaca que al modificarse el tramo carretero se afectará al menos a 18 mil habitantes que transitan a diario por esa vía y a millones de turistas, si se considera que el número de visitantes aumentará cada año debido a los nuevos hoteles que se construyen.
El presidente del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, Sección Los Cabos, advierte que el nuevo trazo propuesto por los empresarios viola el objetivo esencial del apartado de movilidad del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040 que establece: “Disminuir los tiempos y costos de traslado de la población, y hacer accesibles los bienes y servicios” ya que aumenta 1.5 minutos el tiempo y 1.5 kilómetros la distancia del trazo actual.
De tal manera que, agrega, la propuesta no cumple pues modifica el PDU, y esto no se puede manejar como un simple cambio de uso de suelo sin considerar el impacto en cuanto a demanda de servicios que esta autorización implicaría. “Como ejemplo mostramos la demanda que generarían 3 mil 400 cuartos de hotel más en los tres polígonos menores que suman un área de 34 hectáreas. Es por ello que para valorar la autorización de un proyecto de 34 hectáreas o más aun de 550 hectáreas, dada la magnitud, se requiere presenten un Plan parcial, estudios e información adicional que no se entregó”.
Otros inconvenientes consisten en que tampoco garantiza mejores vistas al mar, como prometen los empresarios a través de fotografías manipuladas que han exhibido en distintos medios, y respecto de la vialidad, tanto el nuevo trazo como el nuevo bulevar turístico contemplan más curvas y pendientes mayores y más peligrosas que las que existen en la carretera actual, además de que se necesitarían dos rutas de transporte y no sólo una para atender la misma zona.
Respecto al acceso a las playas comprendidas en el tramo carretero, Carlos Moreno dice que al igual que en 2006 y 2014 la propuesta empresarial antepone la autorización de su proyecto al equipamiento y al respeto del acceso libre a las playas de la zona que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Plan de Desarrollo Urbano. “Si revisamos el antecedente de Puerto Los Cabos nos demuestra que este tipo de proyectos es segregacionista, beneficia a unos pocos y a la larga limitan y complican el libre tránsito a pesar de la promesas”.
Además, dice, hay 16 hoteles que ya están autorizados y en proceso de obra con los cuales a finales de 2017 tendremos 10 mil empleos adicionales sin que la generación de los mismos dependa de autorizar el nuevo trazo carretero como lo argumentan los desarrolladores.
El ayuntamiento está obligado a respetar la ley, y el Plan de Desarrollo Urbano es ley, pero tanto el presidente municipal, Arturo de la Rosa, como la mayoría de los regidores, dijeron desconocer dicho proyecto a pesar del movimiento social generado en contra de modificar el actual trazo y el uso del suelo.
Los inconformes argumentan que tienen un proyecto conceptual alterno al de los empresarios, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de las 20 acciones para el corredor turístico que resuelve los problemas de seguridad y fluidez del tráfico de la zona, basado en la construcción de dos pasos a desnivel en puntos estratégicos de la actual carretera, apoyados por cruces inferiores bajo el trazo carretero, con lo cual se podrían cerrar los ocho peligrosos cruces a nivel entre Palmilla y el Puente del Tule, que se complementa con la construcción de las calles laterales desde Palmilla al Tule y una conexión al libramiento para impulsar la construcción del eje intermedio que separe los diferentes tipos de tráfico y aminore el tránsito vehicular al trazo actual. Lo anterior permitiría entonces pacificar la mitad del corredor actual dándole un carácter a bulevar turístico como lo establece el PDU, lo cual constituye una solución integral.
El primer intento del cabildo de autorizar dicho proyecto, sin seguir el proceso que marca el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur, fue truncado por una filtración a la prensa, lo cual genero una reacción de la sociedad que culminó con la colecta de 8 mil firmas para instruir un mandato ciudadano que ordenó y detuvo la autorización por parte del Ayuntamiento. “Así que lo haremos de nuevo si es necesario, ya que este gobierno, en su toma de protesta, juró respetar la ley y defender los intereses de la comunidad”, advirtió el arquitecto.
“De la SCT sólo conocemos quién firma los convenios. No sabemos si el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, apoye esta propuesta, pero al igual que lo hizo después del paso del huracán Odile, esperamos su solidaridad hacia la comunidad de Los Cabos en la búsqueda de una propuesta integral que sí cumpla con la ley [PDU] y privilegie el beneficio colectivo sobre el privado”, concluye.
Para realizar este trabajo se solicitó entrevista con Eduardo Sánchez-Navarro. A través de sus asistentes Ángel González e Isabel Sánchez, se le hizo llegar, hace 1 mes, un cuestionario de ocho preguntas. Al cierre de esta edición no hubo respuesta. Asimismo, Rubén Coppel declinó opinar al respecto.
Cabe destacar que Eduardo Sánchez-Navarro Redo, uno de los cinco hijos de Juan Sánchez-Navarro, el extinto fundador del Partido Acción Nacional junto con Gómez Morín e ideólogo y líder de los empresarios de México durante varias décadas, es presidente del Grupo Questro, presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), fundador del Baja International Film Festival y ha sido pionero y uno de los mayores desarrolladores del destino turístico Los Cabos.
Rubén Coppel es uno de los cinco hermanos que juntos poseen una fortuna de 15 mil 900 millones de dólares, cuentan con una red nacional de 1 mil tiendas en el país que llevan su apellido, en las que los clientes suelen pagar intereses de hasta 60 por ciento, más de 13 veces la tasa de referencia del banco central, en sus compras. El grupo Coppel genera ventas anuales por 4 mil 600 millones de dólares y tiene el margen de ganancia más amplio entre los minoristas latinoamericanos, de acuerdo con datos compilados por Bloomberg News. A través de su holding Grupo Coppel, los hermanos Agustín, Enrique, Rubén, Alberto y José Coppel Luken tienen también intereses en BanCoppel, en Afore Coppel, y en bienes inmuebles.
José Réyez, @reyez_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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Contralínea 471 / del 18 al 24 de Enero de 2016
