Por todo el país, el gobierno federal llevará a cabo en los próximos 4 años más de 740 proyectos de significativa infraestructura. Autopistas, gasoductos, centrales eólicas, presas hidroeléctricas que, además de significar una inversión pública y privada por más de 7 billones 750 mil millones de pesos, implicarían el desplazamiento y despojo de comunidades enteras, desabasto de agua y pérdida de cosechas y ganado, advierten defensores de derechos humanos y ambientales

Olintla, Sierra Norte de Puebla. Con más de 7 billones 750 mil millones de pesos de procedencia pública y privada que se prevé se inviertan en 4 años, el gobierno federal pretende desarrollar 743 proyectos de infraestructura que ponen en alerta a las organizaciones sociales. A través de los mensajes oficiales difundidos por el presidente Enrique Peña Nieto se ha dado el anuncio de carreteras, obras hidráulicas, mineras, hospitales, proyectos rurales y urbanos bajo el eslogan “Mover a México”. Esto no podría estar equivocado, pues con algunos de los megaproyectos podrían desplazarse comunidades enteras de sus tierras.

Tal es el caso de la construcción de la presa El Zapotillo, de la que se ha ordenado la suspensión definitiva de la obra, dictada por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco. La obra, iniciada desde la administración de Felipe Calderón, aparece en el Programa Nacional de Infraestructura del actual gobierno, con una inversión estimada de 16 mil 161 millones 700 mil pesos. Con esta construcción, los habitantes de las comunidades Temacapulín, Acasico y Palmarejo podrían ser desplazados.

La presa El Zapotillo es uno de los más de 700 proyectos que se encuentran enlistados en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, presentado por el Poder Ejecutivo federal. Este Programa también contempla la construcción de tramos carreteros, túneles, obras para procesos de extracción, además de hospitales y centros recreativos.

Las principales dependencias encargadas de llevar a cabo la misión gubernamental serán las secretarías de Comunicaciones y Transportes; Salud, y Turismo; además de las empresas productivas del Estado Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, así como la Comisión Nacional del Agua.

Los estados en los que se pretenden realizar más obras son: Veracruz, con 50 proyectos; Estado de México, 39; Tamaulipas, 36; Michoacán, 32, y Oaxaca, 32, indica el Programa. Según la propia información oficial, se estima un monto total de inversión de 7 billones 750 mil 549 millones 700 mil pesos.

Alerta por megaproyectos

Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que los megaproyectos –como carreteras, hidroeléctricas y los relacionados con procesos extractivos– tienen un impacto desfavorable en el medio ambiente, por la destrucción que hay a sus alrededores, así como por el uso de materiales dañinos.

Si bien mediante un discurso oficial se dice que “estos proyectos de desarrollo se llevan a cabo para beneficio de la población, los megaproyectos pueden tener consecuencias devastadoras para las comunidades locales más empobrecidas, rurales e indígenas, así como en el medio ambiente.

 “Al llevarse a cabo estos proyectos es común que el gobierno vulnere los derechos de las comunidades locales a participar en el proceso de planificación del proyecto y a obtener información acerca de éste y de su impacto.

 “Debido a la destrucción ambiental y social que pueden causar los megaproyectos, es también común que los residentes de las áreas donde se planea llevarlos a cabo se organicen para resistir ante las iniciativas del gobierno por imponer los proyectos sin contar con su consentimiento ni consultarlos previamente”, indica el informe Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y daños ambientales en México, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Presas y centrales hidroeléctricas

El capítulo hídrico es uno de los que más llaman la atención de las organizaciones sociales, ya que el impacto que ha tenido la construcción de acueductos y presas e hidroeléctricas está dejando a comunidades enteras sin acceso al agua; en consecuencia, la pérdida de sus cosechas y ganado.

En este rubro se ha contemplado la inversión de 417 mil 756 millones pesos mediante 84 proyectos. Su estrategia indica que se pretende construir infraestructura para incrementar la oferta de agua potable y la capacidad de drenaje y saneamiento. Además de “modernizar y construir infraestructura para incrementar la oferta de agua destinada a la agricultura y construir infraestructura para protección contra inundaciones”.

Romina Martínez Velarde, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) e integrante del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) comenta en entrevista con Contralínea que entre las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos hay varias preocupaciones: “Es un panorama a mediano y largo plazo el de los proyectos. Una de las preocupaciones es la cantidad que hay de éstos. Enseguida, está la cantidad de dinero invertido en cada uno de ellos. Eso nos habla de que es una de las prioridades del gobierno de [Enrique] Peña Nieto. Obviamente, este Programa también habla de una injerencia cada vez mayor del capital trasnacional en nuestro país y de todo lo que ya hemos escuchado en cuanto a despojo de territorio: de cómo el Estado es un instrumento para facilitar este paso”.

El apartado especial para el Sureste llama mucho la atención, dice la ambientalista. En el Mapder “estamos preocupados porque ahí están concentrados los bienes naturales. Es un poco perversa la manera en como justifican ahí los proyectos: por ser los estados con menores recursos, con mayor índice de pobreza o de analfabetismo. No hablan de la riqueza de los bienes naturales. Hay estados como en Puebla en donde se junta todo: proyectos mineros asociados con hidroeléctricas y el fracking [extracción de gas natural mediante la técnica de fractura hidráulica] en las ciudades rurales. Entonces es un bombardeo muy fuerte no sólo a Puebla, también a Veracruz, Chiapas, Oaxaca y otros estados del Sureste mexicano”.

Y es que de acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura, la Estrategia Sur Sureste contempla 181 proyectos en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En ellos se llevarán a cabo obras como la construcción de la presa La Laja, en la Zona Conurbada de Ixtapa-Zihuatanejo, la Central Hidroeléctrica Chicoasén II, las Centrales Eólicas Sureste I, II, III y IV.

 “Con ello podemos ver que en estos estados habrá más conflictos sociales, tensiones, resistencia, movilizaciones, también criminalización de la protesta social y de la defensoría de los territorios. Esto nos lleva a que no se vea un panorama positivo para las luchas sociales”, dice Romina Martínez, de Imdec.

Extractivismo, “atractivo de inversión”

Al igual que la minería, la extracción de hidrocarburos se ha convertido en un fuerte atractivo de inversión para las empresas trasnacionales y de capital mexicano. Sin embargo, este proceso de extracción de la riqueza se vuelve amenazante para los pueblos en los que se lleva a cabo este trabajo.

Contralínea ha documentado en varias ocasiones los conflictos sociales por los que han pasado comunidades indígenas con la presencia de la minería en sus territorios. Los resultados de esto han sido desde la confrontación y división social, hasta la muerte. Con la extracción de hidrocarburos el panorama no es nada halagüeño.

Ejemplo de estos proyectos: Ku-Ma-loob-Zaap, en Campeche, con el que se pretende llevar a cabo la operación y mantenimiento de pozos productores, perforación de pozos de desarrollo, construcción de infraestructura complementaria para el manejo de la producción de nuevos campos, con una inversión de 247 mil 945 millones 500 mil pesos, según indica el Programa Nacional de Infraestructura.

Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, dice en entrevista que la ley minera fue el parámetro para meter todos los proyectos extractivos bajo el mismo esquema. “Lo que hace Peña Nieto es trasladar ese nuevo principio al tema del petróleo y el gas y luego a la geotermia, todos los proyectos extractivos por encima de preferencia de uso de suelo para cualquier actividad”.

Redondeo de la reforma energética

Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking comenta que el problema es que en el Programa Nacional de Infraestructura aparecen todos los acueductos, gasoductos, carreteras, tendidos de cable que precisamente van a redondear la reforma energética.

“Nos preocupa que hay dos proyectos ligados directamente a la explotación de hidrocarburos: el primero es un gasoducto que baja desde Tuxpan hacia la Sierra Norte de Puebla, pasa por Hidalgo y se introduce en el Valle de México. Otro de los que ya se están comenzando a construir está en Tlaxcala y baja por la zona Poniente del estado de Puebla, se introduce en la zona de los volcanes en Morelos”, dice el investigador de Fundar.

El Programa indica que la Terminal de Almacenamiento y Distribución Tuxpan “consiste en aumentar 500 megabytes (MB) de capacidad nominal el almacenamiento de gasolinas y aditivos (oxigenantes) en el Puerto de Tuxpan, a fin de satisfacer la demanda de productos en el Centro del país en el corto, mediano y largo plazo”. La inversión se estima en 178 millones 200 mil pesos, en Veracruz.

—¿Cuál será la problemática con el agua en estos proyectos extractivistas?

—El agua es fundamental. A veces se dice que somos una población que aguanta muchísimos agravios: la gente puede vivir con un poder adquisitivo de una fracción de lo que era hace 30 años, paga las rentas más exorbitantes, intereses sobre deudas que antes no manejaba, abuso tras abuso, pero cuando se toca lo fundamental, como es un derecho de acceso al agua, ese ya es el límite; la gente dice: “¡Hasta aquí, no más!”

Hay ciertos proyectos que a la Alianza Mexicana contra el Fracking le preocupan. Uno de ellos es el acueducto denominado Monterrey VI, que trasvasará la cuenca del Pánuco y dirigirá el agua hacia la capital de Nuevo León. Se contempla que con este proyecto se podía dar una explotación masiva de fracking en el estado.

El Compromiso de Gobierno-034 describe que se pretende construir, en coordinación con el gobierno de Nuevo León, el proyecto Monterrey VI, con una inversión estimada de 18 mil 283 millones 200 mil pesos.

Carreteras, degradación del medio ambiente

Mediante 223 proyectos del Programa Nacional de Infraestructura, relacionados con la construcción de tramos carreteros, túneles, ampliaciones, el gobierno federal suministrará poco más de 1 billón 320 mil 109 millones 100 mil pesos, el más alto monto de inversión en la infraestructura que se pretende desarrollar en el país en los siguientes 4 años.

El listado del programa menciona entre sus obras la construcción del segundo piso autopista México-Toluca, tramo La Marquesa-Lerma (Estado de México); de la Autopista Tuxpan-Tampico (Veracruz); Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas (Nayarit); así como llevar a cabo la primera etapa de la carretera que conecte a Jiquilpan y Sahuayo, en Michoacán, con la autopista México-Guadalajara.

 “Los proyectos de autopistas causan degradación al medio ambiente mientras se construyen, pero también cuando se utilizan. Para la construcción se utilizan materiales tóxicos como pinturas, solventes de limpieza, combustibles y compuestos de coloración. Estos compuestos pueden ser trasladados fuera del emplazamiento por aguas pluviales, y así contaminar el suelo y las aguas subterráneas. También incrementa la erosión del suelo, lo cual puede destruir hábitats, afectar la vegetación y degradar cursos de agua corriente abajo”, indica el documento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Hipólito Rodríguez, integrante de la organización La Vida, Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, comenta en entrevista con Contralínea que la programación de estos megaproyectos, de la mano de la reforma energética, plantea un escenario muy preocupante para las organizaciones sociales, “porque lo que acaba de hacer el gobierno con la reforma energética es legalizar un conjunto de procesos que rompen todo un conjunto de acuerdos históricos, construidos en la década de 1930 en el país. Por un lado, están permitiendo que iniciativas muy destructivas como el fracking, presas o hidroeléctricas puedan tener prioridad sobre otros usos de suelo. Ése es el primer escenario preocupante.

 “Acaban de darle carta legal a una serie de procedimientos que son de naturaleza expropiatoria, vienen a despojar a las organizaciones campesinas e indígenas de un suelo que habían conquistado con la reforma agraria. Con esto expulsan los últimos bolsones de suelo en manos de organizaciones campesinas. Expulsar a estas poblaciones y generar una nueva ola de empobrecimiento es echar la moneda al aire, y está por verse que la población se deje.”

Para conocer los detalles de la instrumentación de los proyectos, Contralínea solicitó entrevistas con Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos, y David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

México, un país “en duelo”

 “A  más de 100 años de la Revolución, volvió el porfiriato: las privatizaciones, la apertura del país a las trasnacionales, el petróleo lo vamos a entregar de nuevo a las petroleras trasnacionales…”, el recuento es del filósofo, economista y antropólogo social Armando Bartra. El investigador adscrito a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Xochimilco abunda: “pareciera que volvió el porfiriato, en cierto sentido, porque el grupo político en el poder y los asesores que lo acompañan tienen el espíritu que tenía Porfirio Díaz”.

Señala que la Revolución Mexicana “no fue en balde; en México, la mayor parte de las tierras agrícolas están en manos de ejidatarios y comunidades. Si agregamos a los pequeños productores reales –aún en propiedad privada– la mayor parte del país (un 25 por ciento, aproximadamente) es tierra de campesinos. Ciertamente muchos la han abandonado, rentado o vendido, pero no hay que exagerar con ello. Cuando defendemos algo no defendemos las migajas o las sobras de lo que nos quedó hace 100 años, sino una propiedad social, el núcleo del campo mexicano”.

Explica que en ningún otro país de América Latina, “ni siquiera en aquellos que se hicieron transformaciones políticas muy radicales como Bolivia, Ecuador, Venezuela o Brasil”, ha habido un vuelco agrario tan radical como el que se logró en este país hace 100 años. “En México los campesinos tienen una cultura de que la tierra es de quien la trabaja, de que los pueblos son dueños de la tierra y de que no pueden ser avasallados. Esa herencia no la hemos perdido”.

Reconoce, sin embargo, que ahora la propiedad social de la tierra se encuentra “ante una ofensiva terrible, probablemente de un tamaño que no habíamos tenido antes. En efecto, las trasnacionales y los capitales nacionales muy poderosos están en una ofensiva sobre los recursos, sobre todo del petróleo y del gas. El otro asunto es el de las minas: hoy son cráteres, agujeros en el suelo que pueden tener un diámetro de 1 kilómetro o 1 kilómetro y medio… cráteres lunares en verdad. Ve uno la tierra destruida y sacan de ahí toneladas de oro, que finalmente no sirve para nada, cuesta poder obtenerlo millones de toneladas de tierra, miles de millones de litros de agua y contaminantes. Ésta es una amenaza que antes no existía; estamos enfrentando una amenaza muy severa… del mismo tamaño es la resistencia”.

Considera que la lucha campesina que se avecina también será histórica. “Se trata de conservar las tierras conquistadas por una Revolución y que nos están siendo arrebatadas”.

Contralínea entrevistó al investigador a raíz de su participación en la defensa de los territorios en el municipio de Olintla, Sierra Norte de Puebla. Allí Grupo México intentó iniciar trabajos extractivistas, pero fue expulsado de la zona por la propia comunidad.

Entre las líneas de investigación de Bartra Vergés se encuentran estudios regionales y sociopolíticos del movimiento campesino y contradicciones tecnológicas del capital.

—¿En qué momento fueron aprobadas 11 reformas sin un movimiento social que detuviera esta avalancha de cambios?

—La más emblemática es la reforma a la Ley Federal del Trabajo, es una reforma que se hace en la transición del gobierno de [Felipe] Calderón al gobierno de [Enrique] Peña Nieto.

 “Nos colaron las reformas aprovechando al máximo las dificultades para movilizarse de manera unitaria, y eso es muy preocupante. La reforma energética se veía venir, la privatización del petróleo se veía venir. Hubo manifestaciones masivas oponiéndose a la privatización del petróleo y aun así pasaron.

 “Sí hay movilización, hay opinión pública, lo que ocurre es que son gobiernos a los que ya no les interesa la legitimidad social. Peña Nieto está desmantelando al Estado mexicano, desarticula todas las herramientas con las que el Estado había tratado de cumplir las misiones que le encarga la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]: conducir la economía del país, buscar el bienestar de los mexicanos, trabajar por la salud, educación o vivienda.

 “Estamos en la etapa de un fenómeno estudiado por los sicólogos y padecido por muchos: el duelo. A fines de sexenio pasado y en el periodo de la campaña electoral, muchos mexicanos sentíamos que el país estaba enfermo, grave, buscábamos el remedio o tratamiento para curar esa enfermedad; una enfermedad política, económica, social y hasta moral. Había movimiento, creíamos que se podía cambiar el rumbo. Ahora, estamos en el duelo, este país ya se murió.”

Ataja de manera inmediata: “Sin embargo, esta situación no durará para siempre, no es absoluto. Hay personas buscando una alternativa de salida para el país”.

—¿Las luchas sociales que se llevarán a cabo por los megaproyectos y reformas podrían reencausar el rumbo del país?

—La esperanza la mantienen viva los más conscientes. Las enormes mayorías, descontentas, sin esperanza en el régimen de Peña Nieto. Estas mayorías están en duelo y van a salir del duelo porque así debe ser. Es importante que no bajemos la guardia quienes estamos activos.

 “El movimiento social es por oleadas, estamos en un momento de reflujo, es natural. El PRI [Partido Revolucionario Institucional] ganó, aunque sea comprando los votos, pero ganaron. Esto deprime, desgasta, desmoviliza. Luego, meten una y otra reforma, cuando uno suponía que quizá habría oposiciones en el Congreso de la Unión.

 “Ahora, plan con maña tienen, como representante, el grupo del Pacto por México, que jugó con el PAN (Partido Acción Nacional) y el PRD (Partido de la Revolución Democrática) para lograr lo que quería [la aprobación de las reformas]. Esto, para el ciudadano común y corriente, es deprimente, desgastante.

—¿Qué pasa con la soberanía nacional, queda algo de ella?

—Hemos estado perdiendo soberanía en los últimos 35 años, renunciando a ella. Llegó el momento en que el Estado mexicano tenía un poder enorme sobre la economía, por la capacidad que tenía de operar empresas paraestatales, porque controló la banca, los servicios de comunicaciones y transportes, líneas aéreas. El Estado mexicano era la conducción económica de este país, pero lo desfundaron, desde Carlos Salinas en adelante.

 “Previo a ello, el Estado mexicano asumió por políticas históricas la política energética de este país, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, no sólo porque el petróleo es nuestro, sino por la exclusividad que tenían estas empresas.

 “Hoy, la soberanía nacional, delegada en el gobierno mexicano se ha abandonado. Qué soberanía nos queda: la soberanía popular, es decir, es el pueblo el que quita o pone al gobierno.”

 

Érika Ramírez, @erika_contra/enviada

 

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Contralínea 404 / del 21 al 27 de Septiembre 2014