Fuentes de la Policía Federal aseguran que en 2011 y 2012 la entonces dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública recibió la encomienda de detener a Carlos Romero Deschamps, quien desde 1996 es secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
El líder petrolero, hoy en la polémica por el combate al robo de combustibles iniciado por la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha sido denunciado en múltiples ocasiones, principalmente por propios trabajadores disidentes del sindicato petrolero. Las denuncias nunca han prosperado gracias a la protección oficial de la que ha gozado el político priísta. Las veces que estuvo a punto de ser aprehendido se desarrollaron durante el sexenio del panista Felipe Calderón; pero las acciones se detuvieron abruptamente.
De acuerdo con fuentes de la Policía Federal –quienes presentan oficios de la Procuraduría General de la República (PGR); la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); del Juzgado Trigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, e internos de la corporación–, los delitos que se le imputaban eran los de “fraude”, en un caso, y “peculado electoral y fraude”, en otro.
Uno de los documentos está fechado el 13 de marzo de 2011. Fue enviado por el juez trigésimo sexto de lo penal al entonces titular de la PGJDF. En el oficio 1065, derivado del expediente 46/2011 abierto por el delito de fraude, el juez solicita al procurador “se sirva ordenar elementos de la policía judicial a su digno cargo […] y se aboquen a la localización y aprehensión del inculpado […]”. Incluso, el juez solicita que Carlos Romero Deschamps sea internado “[…] en el reclusorio preventivo varonil norte de esta ciudad, quedando a disposición de ese órgano jurisdiccional de mi cargo para estar en posibilidad de resolverle su situación jurídica […]” (sic).
Una nueva evidencia de las órdenes de aprehensión contra Romero Deschamps, giradas durante las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, es un documento interno de la Policía Federal. Fue dirigido por la Coordinación de Inteligencia al entonces inspector jefe, José Luis Albistegi Canales, el 9 de septiembre de ese año.
En el oficio PF/CFF/DGAO/18902/011 se señala: “Se le comunica a usted que deberá llevar a cabo en conjunto con sus elementos la localización del SR. CARLOS ROMERO DESCHAMPS con el fin de presentarlo ante las autoridades COMPETENTES […]” (sic).
El documento concluye: “Por lo que deberá informar verbalmente a base cúspide vía telefónica y/o radial a la salida y el retorno de su personal, así como las novedades y los resultados obtenidos durante su investigación, en la que deberá apegarse en todo momento a los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez, así como el orden jurídico y el respeto a los derechos humanos.”
Otros dos documentos internos de la Policía Federal dan cuenta de la participación que tendrían los elementos de la corporación en la ejecución de dos órdenes de aprehensión contra el líder petrolero.
Ambos oficios están fechados el 3 de marzo de 2012 y están firmados por el entonces inspector general Carlos Amaya Sarate. El primero está identificado como ORDEN DE APREHENSION/PF/FEPADE/02 y se deriva del proceso por los delitos de peculado electoral y fraude, abierto desde mayo de 2003.
Se le ordena al inspector Carlos Chávez García, “adscrito al área de investigaciones”: “Ejecútese la orden de aprehensión […] en contra del SR. CARLOS ROMERO DESCHAMPS derivada de la averiguación previa 55/FEPADE/02 por los delitos de PECULADO ELECTORAL Y FRAUDE” (sic).
El otro oficio está identificado como ORDEN DE APREHENSION/PF/DFF/FDA1/04103011. Está dirigido al sargento primero Jesús Vallejo. Se deriva del expediente iniciado en marzo de 2008 en contra del líder del sindicato petrolero por el delito de fraude.
Se le instruye al policía federal: “[…] darle cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del SR. CARLOS ROMERO DESCHAMPS por el delito de fraude […]. Comuníquele a sus subordinados que se den a la tarea de la aprehensión del antes mencionado”. (sic).
Las fuentes señalan que finalmente, y sin explicación alguna, nunca se concretaron las órdenes de aprehensión. Concluyeron 12 años del Partido Acción Nacional (PAN) en el poder y ni Vicente Fox ni Felipe Calderón decidieron tocar al líder petrolero. Todo a pesar de que el secretario general del Sindicato ventiló en redes sociales la vida de lujo y derroche en la que viven él y toda su familia, además de sus colaboradores incondicionales más cercanos.
Si durante el panismo Romero Deschamps fue intocable, nada podría esperarse con el regreso de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), al poder en diciembre de 2012. Enrique Peña Nieto nada hizo siquiera por investigar lo que ocurría al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa productiva del Estado mexicano.
Hoy el presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador. La principal bandera con la que convenció a 30 millones de votantes fue la del combate a la corrupción. Además, ha iniciado una campaña para recuperar Pemex de la delincuencia. ¿Seguirán detenidas las órdenes de aprehensión ya giradas? ¿Se ordenarán nuevas investigaciones?
En sus contradicciones, el titular del Poder Ejecutivo prometió no llamar a cuentas a quienes hubieren cometido actos de corrupción antes del 1 de diciembre pasado. Mantener el borrón y cuenta nueva será, en los hechos, sumar el nombre de Andrés Manuel López Obrador al de anteriores presidentes de la República que, por cuestiones políticas, decidieron no actuar contra Carlos Romero Deschamps.
Zósimo Camacho
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