Al discutir por primera vez un caso relacionado con desapariciones forzadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría definir los criterios a seguir en juicios de amparo asociados a ese crimen considerado por el derecho internacional como de lesa humanidad.
El asunto que trató este miércoles la Primera Sala del máximo tribunal es el relacionado con la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) interpusieran un recurso de revisión a la sentencia de una jueza Cuarta de Distrito en Materia Penal, que los obligaba a crear una comisión especial de búsqueda, solicitar la comparecencia de mandos militares, abrir instalaciones del Ejército Mexicano para la investigación y publicar los nombres de los funcionarios involucrados.
“La sentencia definitiva que emita la SCJN tiene la oportunidad de fijar criterios obligatorios para todos los casos presentes y futuros en cuanto a la definición de las facultades de los jueces de distrito en los casos que se reclame y sospeche que una persona ha sufrido de desaparición forzada”, señaló en conferencia de prensa Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes.
El 25 de mayo de 2007, los activistas fueron detenidos en Oaxaca por elementos del Ejército y de la policía ministerial de esa entidad. Sin embargo, fue hasta mayo de 2019 cuando una jueza emitió la mencionada sentencia; mientras que la Corte ejerció su facultad de atracción hasta junio de 2020.
“Está en juego que la SCJN confirme si se creará una comisión especial de búsqueda para el caso; si se deberá comparecer a los mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007; que se abra cualquier instalación militar para buscar a ambos desaparecidos, así como otras medidas de reparación integral”, indicó Reyes Maldonado.
El asunto fue asignado a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, no obstante, su proyecto no fue publicado a pesar de ser un tema de mayor relevancia que requiere el principio de máxima publicidad, por involucrar violaciones graves a los derechos humanos.
Nadín Reyes exigió una resolución de la Corte en favor de los desaparecidos, para que se investigue y enjuicie a los exfuncionarios vinculados al caso: Evencio Nicolás Martínez, exprocurador de justicia de Oaxaca; y Pedro Hernández Hernández, excomandante de la policía ministerial de ese estado. (Nota elaborada con asistencia de Lenin Patiño)
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