El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI), denunció que los únicos detenidos por un caso de delito de tortura en Oaxaca podrían ser liberados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a pesar de que se cuenta con un dictamen del Comité Contra la Tortura de la ONU y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En un comunicado, el Centro relató que la víctima de tortura, de nombre Ángel Daniel Bautista Vásquez, padeció los tratos crueles, inhumanos y degradantes el 21 de marzo de 2020, a manos de elementos de la policía municipal de Tlaxiaco.

Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó las medidas cautelares MC-636-2020 para protegerlo. Adicionalmente, en 2025, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación 03/2025; y el 11 de abril del año pasado, el Comité Contra la Tortura de la ONU emitió el dictamen CAT/C/82/D/1102/2021. Todos esos documentos prueban que Bautista Vásquez fue sometido a actos de tortura.

No obstante, el CEDHAPI denunció que el viernes 27 de marzo de 2026, de manera urgente la jueza de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Tlaxiaco, señaló una audiencia para que se pueda revisar la medida cautelar de prisión preventiva de los procesados: Melquiades Avendaño Sarabia y Jorge Hilario Santiago o Jorge Santiago Hilario, expolicías municipales acusados del delito de tortura cometido contra Ángel Daniel Bautista Vásquez, en la causa penal número 121/2025.

Dichos policías fueron vinculados a proceso desde el 24 de julio de 2025, y se encuentran privados de su libertad en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. La audiencia se difirió para el próximo 6 de abril de 2026, por lo que el CEDHAPI alertó que podrían ser puestos en libertad en la audiencia de revisión de medidas cautelares.

El comunicado del CEDHAPI detalló que éste es el primer caso de tortura que se judicializa en Oaxaca. Agregó que de 2011 a 2025 se tienen registradas 921 carpetas de investigación con 1 mil 237 víctimas por ese mismo delito, pero sólo existe una sola causa pena judicializada: la 121/2025 donde es víctima Ángel Daniel Bautista Vásquez.

El Centro de Derechos Humanos añadió que, entre otras irregularidades, se ha documentado que Carlos Fernando Santiago Cruz –quien actualmente se desempeña como director jurídico y de asistencia legal del ayuntamiento de Tlaxiaco– es el abogado defensor de los inculpados Melquiades Avendaño Sarabia y Jorge Hilario Santiago o Jorge Santiago Hilario. “Este abogado fue recomendado para trabajar como director jurídico por el actual consejero jurídico de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, ya que trabajó en el despacho jurídico de dicho consejero”.

El CEDHAPI manifestó su temor de que los policías municipales sean liberados por el “tráfico de influencias de parte del licenciado Carlos Fernando Santiago Cruz, [… pues] cuenta con el apoyo del consejero jurídico de Oaxaca, licenciado Geovani Vásquez Sagrero”. Asimismo, advirtió que “de ser puestos en libertad por el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, se pone en riesgo la integridad física de la víctima de tortura –Ángel Daniel Bautista Vásquez– y de su familia, quien ya ha sido amenazado y hostigado por la policía municipal de Tlaxiaco, y personas desconocidas”.

Tanto el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas como la propia víctima de tortura se pronuncian por el “no al cambio de medida cautelar de prisión preventiva a los expolicías municipales de Tlaxiaco Melquiades Avendaño Sarabia y Jorge Hilario Santiago o Jorge Santiago Hilario, en la causa penal 121/2025, porque su libertad pondría en riesgo la vida y la integridad física de Ángel Daniel Bautista Vásquez y su familia”.

También exigieron al Estado mexicano cumplir con la medida cautelar MC-636-20 emitida por la CIDH, para prevenir un daño irreparable a Ángel Daniel Bautista Vásquez víctima de tortura y su familia. Así como “el cumplimiento por parte del Estado mexicano del dictamen CAT/C/82/D/1102/2021 emitido por el Comité Contra la Tortura para los efectos de garantizar la vida y la integridad física de Ángel Daniel Bautista Vásquez y la reparación integral del daño, así como la disculpa pública, otorgar garantías de no repetición y garantizar el derecho a la verdad”.

Otra de las exigencias que manifestaron es que el gobierno federal garantice la no intromisión de los gobiernos de Oaxaca y Tlaxiaco, “en el tráfico de influencias para poner en libertad a los procesados Melquiades Avendaño Sarabia y Jorge Hilario Santiago o Jorge Santiago Hilario en la causa penal 121/2025”.

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