Adriana Martínez Ruiz, de 14 años, perdió la vida al interior de la escuela Secundaria Técnica 148 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con liga en mano, uno de sus compañeros de clases le lanzó el clip que la golpeó directamente en la sien.
Todavía con vida, caminó acompañada por una amiga hasta la dirección del plantel donde, luego de convulsionarse, se desvaneció. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 y media de la tarde del 26 de febrero de 2009.
Tras casi 7 años, la madre de Adriana continúa enfrentada en tribunales con la Secretaría y la aseguradora Interacciones. Guadalupe Ruiz Lozada inició un juicio en la vía civil por daño moral; perdió en primera instancia, pero ganó la apelación. “La SEP y la aseguradora se ampararon argumentando que no era la vía, que tenía que hacerlo con otro procedimiento y ya que pierda la señora su derecho a la indemnización”, explican los abogados.
Y agregan que en contra de la resolución presentaron un recurso de revisión.
En el juicio, la Secretaría de Educación Pública informó que existía una póliza de seguro contratada. Interacciones ofreció 163 mil pesos por el fallecimiento de la menor, cantidad que la madre no aceptó. Después de recursos legales interpuestos en la vía civil, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, por unanimidad de votos y a propuesta del ministro Arturo Zaldivar, la Primera Sala de la Corte decidió que la madre podía acudir a la vía administrativa para demandar la indemnización.
El 4 de noviembre de 2014 se presentó ante la Secretaría de Educación Pública la reclamación patrimonial del Estado en la cual se demandó por concepto de indemnización la cantidad de 18 millones 500 mil pesos.
Además se intentó un acercamiento con el director jurídico de la Secretaría, Luis Vega, a fin de que hicieran el pronto pago a las víctimas y evitar todo el juicio, pero dichas gestiones fueron infructuosas. “Dijo que lo iba atender y es la hora que no nos ha llamado”.
El caso se lleva ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Sala Regional Metropolitana, bajo el número de expediente 12827/15-17-06-7.
De acuerdo con los abogados Marco Antonio Rizo y Enrique Priego, la cantidad que se solicitó por concepto de indemnización es conservadora. En entrevista con Contralínea, refieren que según lo mandatado por la Ley General del Trabajo, la muerte amerita una indemnización igual a 3 millones y medio de pesos; a ello se suma el daño moral. “El daño moral se califica por la gravedad y la extensión. Se violó el derecho humano a la vida”, explican.
Agregan que con los años de litigio, se incurre en la revictimización de la madre y de Diana Martínez Ruiz, de 19 años, hermana de Adriana. “Para ellas ha sido un procedimiento tortuoso”, refieren.
Expertos en responsabilidad patrimonial del Estado y bullying apuntan que tanto la Ley General de Víctimas como los tratados internacionales en la materia establecen que las reparaciones deben ser de manera rápida y eficaz para evitar un mayor daño.
—¿Por qué se niega la SEP a pagar?
—Porque utilizan como política chicanas legales.
—¿Cómo calificarían el papel de la SEP?
—Inhumano. Son omisos.
—¿Hay algún tipo de negligencia de la SEP?
—De acuerdo con el Código Civil, un menor es responsabilidad de sus padres, pero cuando son depositados en un colegio, la responsabilidad de la guarda y custodia es del director de la escuela. En eso estriba la responsabilidad de la Secretaría. Además, porque cuando sucedió el evento no estaba la maestra en el salón de clases, que era su responsabilidad.
La demanda que se encuentra vigente se finca sobre el derecho humano a la vida y a la integridad física por lo que, indican los abogados, deben ejecutarse inmediatamente las medidas de reparación y satisfacción.
Entre ellas, dos de suma importancia para la familia: una disculpa pública y una placa recordando los hechos de 2009 afuera de la escuela que se ubica sobre Río Churubusco y Tezontle, en la delegación Iztacalco.
Según relata Guadalupe Ruiz, el menor que lanzó el clip no fue expulsado de la escuela: “Dejó de ir por miedo y creo que después lo cambiaron de colegio. Ahorita debe tener 20 años”.
—¿Usted tenía conocimiento de que Adriana sufría violencia dentro de la escuela?
—No. Nosotros antes vivíamos en el Estado de México. Me traje a mis hijas aquí al Distrito [Federal, ahora Ciudad de México] porque yo venía a trabajar y se quedaban solas. Teníamos poquito de haber llegado. Tenía poquito de haber entrado a clases. Era su primer año ahí.
Guadalupe Ruiz es madre soltera y promotora de Lala. Antes trabajaba en un salón de fiestas. “De haber sabido me quedo allá”, dice, entre lágrimas e impotencia.
La madre de Adriana dice estar dispuesta a iniciar una huelga de hambre para que le den pronta respuesta y “para que las escuelas no permitan tanto bullying. ¿Dónde están los maestros?, ¿qué hacen?”, se pregunta.
Relata que Adriana cursaba el turno vespertino en la escuela Lao Tse, de clave CCT09DES4148A. Una vecina le avisó que su hija tuvo un accidente: “Mi teléfono no estaba funcionando”. Cuando llegó a la escuela, Adriana ya no reaccionaba. “Estaban ahí, entre comillas; los paramédicos me esperaban para llevarla al hospital. En lugar de llamar inmediatamente a los médicos, fueron primero a buscarme a mí.
“Me avisan a las 4 y media [de la tarde], casi cuando empezaba el receso. Los paramédicos y yo casi llegamos juntos. Ellos han de haber llegado 5 o 10 minutos antes que yo. Fue un jueves y ese día no estaba la doctora de la escuela: los jueves no trabajaba. Creo que estaban haciendo examen. Adriana se levantó a entregarlo y le dieron el golpe en la sien. Una compañerita la acompañó a buscar a la doctora y no la encontró. Se fueron a la dirección y ahí es donde sufrió el desmayo.”
Los abogados llevan un caso similar. Se trata del de Adriana Berenice Hernández García, de 6 años de edad. Un compañero de la primaria la golpeó con unas tijeras en el ojo. Le ocasionó una herida corneal con salida de tejido uveal y hemorragia de la cámara anterior del ojo derecho.
Se inició una demanda contra la SEP por los daños físicos y los daños morales ocasionados a la menor y a su familia. Aunque la Secretaría reconoció su responsabilidad, fijó la indemnización en 120 mil pesos, sin reparar el daño a los padres y hermanos, que son víctimas indirectas.
“No le quisieron pagar los tratamientos médicos: alrededor de 60 mil pesos que consiguieron como pudieron, porque son personas de muy escasos recursos. [La niña] Perdió el 92 por ciento de la vista en el ojo”, afirman.
Aclaran los abogados que para estimar las indemnizaciones se recurre a la Ley Federal del Trabajo, debido a que las lesiones “les producen una incapacidad total y permanente”.
En 2015 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) atendió 15 casos de acoso escolar. En entrevista con Contralínea, Jacqueline L’Hoist Tapia, presidenta de la instancia capitalina, reconoce que la cifra no es útil para medir la ocurrencia del fenómeno porque la gente no denuncia.
Entre los casos que ha acompañado el Copred se encuentra el de Angelina, la joven mixteca que era constantemente agredida en la escuela Secundaria Técnica 42 Ingeniero Alejo Peralta. Originaria de Platanar, Guerrero, su caso fue atendido en 2013 por las autoridades luego de que sus agresores subieron un video a las redes sociales donde la golpeaban mientras ella, encapuchada, intentaba detener los golpes. La escuela de la SEP, ubicada en Tepito, es también conocida como La Cárcel por el ambiente violento que se vive dentro.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con la Secretaría de Educación Pública a través de Ruth Salgado, de la Dirección de Comunicación Social de la dependencia. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Elva Mendoza, @elva_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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