Mientras la economía creció en su conjunto a una tasa media real de 2.3 por ciento entre 1994 y 2013, el sector de las telecomunicaciones alcanzó el 8.7 por ciento. El mercado supera ya los 404 mil millones de pesos anuales. Ésa es la disputa real que Slim, Azcárraga y Salinas Pliego libran en el Poder Legislativo y en los medios. Una vez que lleguen a un acuerdo o alguno se imponga, los usuarios seguirán contando con el mismo servicio ineficiente, de altos precios y escasa penetración. Cuando son paraestatales las que “monopolizan” un sector, se les aplica un proceso de desestructuración y fragmentación, como ocurrirá con Pemex y CFE en el sector energético. Cuando son privados –como en las telecomunicaciones, donde son los consorcios que encabezan América Móvil, Televisa y Tv Azteca los dominantes–, desde el poder público se litiga y legisla para hacer prevalecer sus intereses

La supuesta mayor competencia esperada en las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como sus consecuentes efectos esperados en beneficio de los usuarios, como son la reducción de los altos precios cobrados hasta el momento, la mejoría en la calidad de los productos y servicios proporcionados, la oferta de otros nuevos, o mayores opciones a su acceso, en condiciones diferentes bajo las actuales condiciones monopólicas, no son más que una piadosa ficción.

Por sus limitados y deliberadamente ambiguos contenidos y las contradicciones existentes entre las reformas constitucionales y las leyes secundarias, éstas en nada contribuirán a modificar radicalmente el perfil que actualmente caracteriza a los sectores señalados, considerado como uno de los más funestos en el funcionamiento de la economía, y en donde se sintetizan las relaciones más turbias entre los llamados poderes fácticos de la oligarquía más recalcitrante y las elites políticas de la derecha, que conspiran y comparten las tentaciones autoritarias:

1) El control monopólico de la producción y el mercado, con sus prácticas perniciosas, las cuales, según reconoce el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) en su trabajo Retos de las telecomunicaciones y radiodifusión en México, de diciembre de 2013, han redundado en “una alta concentración en los mercados” de la telefonía móvil y fija, de banda ancha, de la televisión restringida y abierta, en la audiencia, la publicidad y la infraestructura; en la “baja penetración” y en los “altos precios”, comparados con los países latinoamericanos y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluyendo entre ellos a Estados Unidos; en la exclusión de los hogares de bajos ingresos, hecho que refleja y profundiza las desigualdades del modelo económico neoliberal.

El último aspecto no es novedoso, toda vez que esos servicios han sido despojados de su sentido social, de su carácter de “interés público” constitucional y de uso exclusivo de la nación, con el objeto de que, como rezan los cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la iniciativa de leyes secundarias, las concesiones únicas comerciales en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión operen [y sean] explotados con fines de lucro. Es decir, seguirán al servicio de la acumulación del capital monopolista y la maximización de la tasa de ganancia en el corto plazo, que han contribuido a desposeer al individuo de sus derechos como ciudadanos y lo ha convertido en un simple consumidor que sólo vale y existe por su capacidad de pago.

Como escribiera Tony Judt: “la competencia no es más que el mercado y el libre juego de los intereses privados que no redundan en el beneficio colectivo” (Algo va mal, editorial Taurus, México, 2010).

2) El estado permisivo ante los operadores de las concesiones y sus abusos cometidos en contra de los usuarios, ya que al Ifetel se le emascularán sus atribuciones reguladoras, se le traslaparán sus tareas con las de otras instituciones públicas y se le mantendrá sometido a los caprichos del Poder Ejecutivo. Salvo en casos extremos que implique hasta el retiro de las concesiones, las sanciones pecuniarias con que se castigarán a los telecomunicadores y radiodifusores por sus tropelías serán risibles.

El documento Comentarios del Secretariado de la OCDE a la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, de abril de 2014, ha percibido correctamente lo anterior, así como la desprotección en que quedará el consumidor final, la incoherencia de las leyes o la falta de obligaciones precisas para el Ifetel y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Según los Comentarios, en la iniciativa gubernamental de ley secundaria se apunta que las penalidades son “relativamente bajas” y asimétricas, equivalente a sólo el 5 por ciento de los ingresos anuales en el caso de los telecomunicadores, y de 2.5 por ciento para los radiodifusores. Por ello el Secretariado recomienda “aumentar la multa al 10 o 15 por ciento [en cada caso], armonizadas para [todas] las empresas, en concordancia con el espíritu convergente de la ley”. Las bajas multas estimulan el instinto pavloviano empresarial: el irresistible discreto encanto de la ponderación, o el restarle la cuantía de la infracción prevista a la ganancia esperada con la operación fraudulenta; si ésta es mayor, la estafa será un buen negocio. Recuérdese que por dolo, negligencia, deficiencia y otras razones en los servicios de la telefonía fija y móvil, internet, televisión de paga y otros, el Ifetel registró poco más de 75 mil denuncias acumuladas entre mayo de 2011 y abril de 2013 (alrededor de 108 diarias). La cantidad de quejas, empero, es enormemente subestimada debido a la desprotección institucional de los usuarios ante los abusos de las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión.

En el documento se lee: “el prescribir detalladamente una regulación en ley, lo que tardaría décadas en reformarse, introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado y, al mismo tiempo, genera riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente, [por lo que] recomendamos al Senado corregir tales limitaciones”. También se critica la pormenorizada reglamentación en la interconexión que minaría el trabajo del Ifetel, y que sus tarifas no sean fijadas exante (antes de que se concrete la interconexión), basadas en la eficiencia de costos. A los operadores “no debería dárseles la libertad de negociar dichas tarifas, porque ello crea un ambiente propicio para coludirse a fin de aumentar los precios” de manera predatoria, para evitar el estrangulamiento de márgenes (margin squeezing), el empaquetamiento abusivo y diversas prácticas de “negar, demorar y degradar”: tal y como sugirió dicho organismo en 2012 (OCDE, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México).

La defensa de algunos derechos de los usuarios de la radiodifusión –libertad de expresión y derecho de réplica, calidad de contenidos, por ejemplo–, quizá por irrelevantes, no serán protegidos por la ley, sino por los códigos de ética que se les ocurran a los concesionarios y a los defensores que ellos mismos nombren (ley secundaria, formalmente llamada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículos 257, 258 y 259). Es decir, por los empresarios Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego y la Secretaría de Gobernación, que tradicionalmente los han atropellado impunemente en su beneficio económico y político.

Los intereses contractuales de los usuarios serán tutelados por el Ifetel y la Profeco. Pero en el artículo 198 no se especifica cuál será la responsabilidad de cada institución en la aplicación de las sanciones. Y lo que no es de uno no es de ninguno. Contra lo que pudiera pensarse, no será el Ifetel quien emita las normas que regulen las “obligaciones específicas que deberán observar los concesionarios”: será la Secretaría de Economía. ¿Por qué razón? Acaso ni los legisladores lo saben. Pero se puede sospechar el porqué se le quita esa atribución al Ifetel (artículo 201).

Un “gran triunfo” para los usuarios es que los concesionarios estarán obligados a informales por anticipado y a respetarles los precios, garantías, penalidades, compensaciones y demás cobros que les aplicarán, en caso de que utilicen sus servicios (artículo 202), los cuales, además, deberán registrarse ante el Ifetel (artículo 207). Después tendrá la “libertad de elegir” a la empresa que deseen contratar, sin olvidar que, al grito de “¡viva el mercado!”, la iniciativa de ley secundaria peñista dice que serán los concesionarios quienes “fijarán libremente las tarifas a quienes utilicen sus servicios” (artículo 207). En condiciones monopólicas, serán las cotizaciones monopólicas las que privarán, ya sean las lideradas fijadas por una corporación (América Móvil-Telmex-Telcel), o por la posible colusión de algunas (Televisa-Cablemás-Cablevisión-Sky, y Televisa-Tv Azteca-Iusacell).

Ésa es la manera en que se busca “propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre [los usuarios] y los concesionarios o autorizados”, según la ley secundaria en telecomunicaciones.

En ese mundo de ambigüedades y contrasentidos jurídicos planeados, una cosa es clara, incluso para intelectuales conservadores como Michael Oakeshott, quien afirma que una competencia ineficiente o distorsionada es el peor de todos los males posibles, por lo que propuso que “las empresas en las que la competencia no pueda funcionar como instancia de control deben de ser gestionadas por el Estado” (El racionalismo en la política y otros ensayos, Fondo de Cultura Económica, España, 2000).

Para los doctrinarios neoliberales la ineficiencia y falta de competencia son conocidas como “fallos del mercado”. Esa situación es explicada por la existencia de monopolios con “gran poder de mercado” que le permite controlar la oferta, los precios de un bien, una industria o un sector, de acuerdo con sus intereses. En esa lógica, Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló en mayo: “Una industria donde tenemos un problema de falta de competencia es la de telecomunicaciones”, por lo que “se han tomado algunas medidas muy radicales para abrir a la competencia el sector”, y agregó que “no se trata de castigar a una compañía por ser grande o exitosa, sino de inhibir prácticas anticompetitivas”. Obviamente se refería al conglomerado América Móvil-Telmex-Telcel –calificado como “agente económico preponderante” por controlar más del 50 por ciento del mercado de las telecomunicaciones–, al igual que a Televisa, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, sobre los cuales el gobierno ha enfilado la artillería del mítico “mercado libre”.

Económicamente, el problema de los agentes económicos “preponderantes” y con “poder sustancial” (que controla un mercado, limita el abasto o fija los precios unilateralmente, sin que otras empresas puedan contrarrestar su dominio), como sería el de Tv Azteca, se resuelve fácilmente: desapareciéndolos o descuartizándolos.

Sólo es cuestión de decisión política para que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray ejerzan el oficio de lanius economicus para eliminar el exceso de grasa monopólica a América Móvil, Televisa y Tv Azteca, que daña al cuerpo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Como lo harán con las paraestatales citadas.

Por ejemplo, tendría que eliminarse la participación de las empresas de las telecomunicaciones en la radiodifusión, en especial de la televisión abierta y de paga. Esto implicaría impedir el ingreso de Slim-Telmex a este sector y terminar con su relación con Dish México, de Joaquín Vargas, proveedora de televisión de paga propiedad de MVS y EchoStar. Esa asociación que tanto ha enfurecido a Azcárraga y Salinas Pliego por su rápida expansión en dicho mercado (Dish inició sus operaciones en 2010 y actualmente participa con al menos 20 por ciento), gracias a su agresiva política de bajos precios, que obligó a esos oligarcas a reducir sus voraces tarifas monopólicas, con la reducción de sus ganancias, para tratar de mantener parte de su mercado.

También debería desmantelarse el imperio de América Móvil-Telmex-Telcel, con el objeto de acabar con su control del 80 por ciento del mercado en telefonía fija, del 70 por ciento en la móvil y del 74 por ciento de internet fijo, ya sea con la separación administrativa y técnica, su venta o su división en entidades menores.

O podría crearse una empresa pública telefónica que ocupe una parte del mercado para administrar los precios y servicios de la telefonía e internet móvil, además de la política de tarifas. En Argentina, desde diciembre de 2013, la empresa estatal Ar-Sat opera como una mayorista de telefonía celular. Participará con el 25 por ciento del espectro destinado a ese servicio y dará conectividad 3G (tercera generación de transmisión de voz y datos –una llamada telefónica o una videollamada– y datos no-voz –descarga de programas, intercambio de correos electrónicos, mensajería instantánea) a las cooperativas –alrededor de 300– y pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones, las cuales luego comercializarán el servicio a escala minorista.

En simetría, tendría que impedirse la presencia de las radiodifusoras en las telecomunicaciones y aplicarse la misma terapia a Televisa y Tv Azteca. Esos monopolios, según el Ifetel, “concentran, directa o indirectamente, 95 por ciento de las concesiones, 96 por ciento de la audiencia y 99 por ciento de los ingresos por publicidad, asociados con la televisión abierta comercial”. De las 461 estaciones de televisión abierta comercial concesionadas en 2011, Televisa usufructúa 224 (poco más de 48 por ciento del total) y transmite su programación en otras 34 estaciones afiliadas (poco más del 7 por ciento del total), es decir, controla el 56 por ciento. Su cobertura a escala nacional es del 92 por ciento con un canal (el 2), del 85 por ciento con otro (el 5) y del 70 con uno más (el 9). Tv Azteca dispone de 180 concesiones y junto con otra local y otra afiliada controla el 39 por ciento del total. Sus canales 7 y 13 alcanzan una cobertura nacional cercana al 90 por ciento. Lo que queda del mercado, el 6 por ciento, se lo reparten 17 estaciones locales (Centro de Investigación y Docencia Económicas, Condiciones del mercado de televisión abierta en México, 2011).

Televisa, a través de Bestel, Cablemás, Cablevisión y Sky, controlaba el 48.9 por ciento de la televisión de paga (cable, microondas y satelital). De los 14.7 millones de suscriptores, 11 millones contratan sus servicios con esas empresas. Con la compra del 51 por ciento de las acciones de Cablecom, ahora concentra poco más del 60 por ciento del mercado.

La asociación Televisa-Tv Azteca ubica a Iusacell como la tercera empresa más importante en la telefonía celular, después de América Móvil y la española Telefónica, con cerca del 10 por ciento del mercado.

Para acabar con sus efectos perniciosos sobre la competencia, el gobierno, la sociedad y las aspiraciones democratizadoras tendrían que aplicarse medidas de fondo: separar la telefonía y la radiodifusión; impedir los acuerdos de empresas; imponer la venta de Iusacell a terceros; disociar la televisión comercial y de paga; reducir las concesiones a Televisa y a Tv Azteca a un canal de cobertura nacional, de televisión abierta o de paga; subastar los otros canales de cobertura nacional y local; acotar su presencia en el mercado de cada empresa; estimular la radiodifusión pública y social.

Sin embargo, en la agenda de la elite dominante priísta-panista no está “democratizar” la competencia sectorial ni anular a los enemigos de la democracia del sistema. El manejo de los neoliberales se mueve en otra tesitura:

3) Replantear, al menos en el mundo de las apariencias, las relaciones de poder entre los grupos oligárquicos citados y las elites gobernantes, por razones de venganzas políticas más que por la racionalidad económica.

Los imperios de Azcárraga, Slim y Salinas Pliego –al igual el resto de la neooligarquía– guardan un rasgo en común: nacieron, crecieron y se consolidaron al amparo de los nexos más turbios con los gobiernos priístas-panistas: las oscuras privatizaciones de las empresas paraestatales (las sospechas de corrupción en los procesos, precios de venta subestimados, asignaciones deliberadas, participación anónima de servidores públicos en las compras); la evasión, la elusión, los beneficios y los subsidios fiscales; la protección económica y la política; la tolerancia de sus operaciones abusivas e inescrupulosas; los apoyos ilegales a las campañas electorales y a los gobiernos priístas-panistas; su trabajo conjunto en contra de la oposición y por preservar el estatu quo neoliberal.

Asunto de negocios

Desde el punto de vista económico y político, el trío debería recibir el mismo trato: como los nuevos “hijos predilectos del régimen”, o como enemigos jurados del doctrinario “libre mercado” y de la ficción de un régimen “autocalificado” democrático. Máscaras que ocultan el cleptocapitalismo mexicano, donde la oligarquía y la elite política ganan a costa de las mayorías.

Cada uno en su estilo. Unos más insolentes, pendencieros, dignos del barroquismo oriental más que de la flema aristocrática. Verdaderos palurdos. A su manera, la santa trinidad oligárquica y sus demiurgos han jugado la misma relación costo-beneficio. Por ello, hasta el momento no quedan claras las causas de la animadversión de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña en contra de Slim y su imperio global.

Unos dicen que sólo es un asunto de negocios. Un simple reacomodo tribal entre la nueva generación mexiquense ambiciosa y los salinistas, entre ellos Slim. Que el asunto se resuelve con un nuevo reparto de los espacios políticos, y de los sectores públicos estratégicos que quieren ser sometidos a la depredación por los noveles aspirantes a oligarcas que buscan cobrar sus trofeos de guerra, arrebatándoselos a golpes de hacha a quienes se niegan a cederles pacíficamente parte del botín nacional que fue prorrateado en el pasado, y aspiran en un futuro cercano a figurar en las listas de los 1 mil millonarios de la revista Forbes. Sin tragedias shakesperianas.

Las opciones slimianas: los Agustín Legorreta, Roberto Hernández y Alfredo Harp que asumieron su ascenso a la cumbre y su descenso al infierno, sin dramas. Los llantos amargos de los Manuel Espinosa Yglesias, hasta la tumba. Capotear el vendaval, en espera de mejores tiempos. Plegar velas, ceder, renegociar en desventaja su puesto dentro del bloque hegemónico del cleptocapitalismo pare evitar el naufragio. Viejo lobo, sabe que la fortuna puede ser fugaz, casquivana, en un mundo donde la competencia es carnívora y políticamente sesgada.

Otros dicen que sufre un ajuste mafioso de cuentas. Padece los viscerales odios principescos de Fox, Calderón y Peña, quienes lo acusan por su versátil ambidextro juego de manos en el casino político-electoral, donde apuesta a ganar perdiendo y a perder ganando. Es bien visto que apoye a priístas y panistas como lo hacen Azcárraga y Salinas Pliego, guerreros leales cuyos servicios son generosamente recompensados, aun cuando violen la ley. Pero que haga lo mismo con individuos como Andrés Manuel López Obrador lo califican como una grave traición que merece un gran castigo.

¿Es real o no el conflicto? Quizás las dudas se despejen si Slim puede o no entrar a la televisión de paga. Si puede o no participar en el banquete de la definitiva reprivatización energética neoliberal, pues ya tiene sus empresas para participar en perforación y explotación de pozos, comercialización de hidrocarburos, construcción de plataformas marinas, petroquímica, refinación de crudo, generación de electricidad.

La búsqueda del control del mercado

Lo que es innegable es la despiadada guerra fratricida interoligárquica, a muerte, por el control monopólico de las telecomunicaciones y la radiodifusión, sobre todo la televisión de paga, entre Slim y el binomio Azcárraga-Salinas Pliego, respaldado por peñistas, priístas y panistas. Aquél suspira por su concesión única en la televisión restringida para ingresar a ese gallinero que Azcárraga y Salinas Pliego consideran como su propiedad privada, generadora de jugosas ganancias. Los otros anhelan disputarle las telecomunicaciones con precios de interconexión bajos, aunque esto no beneficie sensiblemente a los usuarios.

El trío oligarca ambiciona el llamado “cuádruple play” (telefonía móvil y fija, internet y televisión de paga), ya ofrecido por Televisa.

El resto de los empresarios que participan en el ramo son irrelevantes. Sólo aspiran a recoger los restos que aquellos dejan. Entre ellos se incluirán a los que sueñan por apoderarse de las dos televisoras abiertas que se subastarán (10 grupos, entre ellos Imagen, Fórmula, diario El Universal, Radio Centro, MVS).

La disputa por las telecomunicaciones, por su potencial, bien vale una conflagración.

Mientras la economía creció a una tasa media real anual de 2.3 por ciento entre 1994 y 2013, las telecomunicaciones lo hicieron en 8.7 por ciento, destacándose entre ellas la telefonía móvil y la televisión de paga. Las inversiones en este sector se aceleraron desde 2010; entre 1998 y 2013 se expandieron a un ritmo anual de 4 por ciento; el 98 por ciento, en promedio, fueron realizadas por el sector privado (ver gráfica 1 y cuadro 1).

Las telecomunicaciones representan un mercado que en 2102 generó un ingreso por 404 mil millones de pesos, equivalente a 31 mil millones de dólares. El 52 por ciento (208 mil millones de pesos, o 16 mil millones de dólares) correspondieron a la telefonía móvil, y 12 por ciento (46 mil millones de pesos, o 3.6 mil millones de dólares) a la televisión restringida. Aunque los ingresos de la telefonía fija equivalieron a 17 por ciento, su declinación es ostensible, pues en 1998 aportaba el 51 por ciento del total.

El cuadro 2 muestra cuáles son los sectores más dinámicos en la generación de ingresos. Como sector, éstos crecieron 5.9 por ciento, en términos reales anuales, entre 1998 y 2012. Los ingresos de la telefonía fija y de larga distancia cayeron. En cambio, los de la telefonía móvil y de la televisión de paga se expandieron a un ritmo anual real de 21 por ciento y 15 por ciento.

Los dos últimos renglones son los campos de batalla de Slim, Azcárraga y Salinas Pliego.

En 1990 apenas se registraba 1 millón de suscripciones de televisión restringida por cable, microondas y satélite. En 2013 sumaron 14.7 millones. De éstos, apenas el 1 por ciento tenía contratado el llamado “cuádruple play” con un sólo operador de telecomunicaciones. Es decir, la lucha será brutal. Por esa razón, Azcárraga y Salinas Pliego se afanan por destruir a Slim, cuyo ingreso a dicho servicio desfondaría sus ganancias.

Los usuarios de internet pasaron de 39 mil a 51 millones entre 1994 y 2013, y las suscripciones en la telefonía móvil de 576 mil a casi 106 millones. El ritmo de éste último podría atenuarse (de cada 100 habitantes, 89 disponen de un teléfono móvil). Pero la multiplicidad de servicios y la portabilidad implicarán cambios en la participación monopólica.

Que la concentración de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México sea una de las problemáticas graves de América Latina y de los miembros de la OCDE, según dicen la misma OCDE y el Ifetel, que los costos de estos servicios sean los más onerosos y que la calidad sea de las peores poco importa, pues ha servido para que Slim, Azcárraga y Salinas Pliego amasaran las fortunas más insultantes.

Acumuladas, entre 2005 y 2013, las utilidades netas reales de América Móvil sumaron 639 mil millones de pesos. Las de Televisa, 72 mil millones de pesos. Las de Tv Azteca, 16 mil millones de pesos (gráfica 2).

Las reformas peñistas difícilmente modificarán ese panorama.

*Economista

 

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 Contralínea 389  / 08 de Junio al 14 de Junio