Académicos de la UACM que impulsan la destitución del actual rector afirman que su demanda es legítima. Aseguran que detrás de esta acción no está la intervención de gobierno alguno; que se trata sólo de un asunto de justicia
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se fundó en 2001 como respuesta a la demanda educativa de nivel superior en la capital del país. Recordemos que la última institución pública de este nivel creada en el Valle de México se remontaba a 1974 (la Universidad Autónoma Metropolitana), así que era imperativo incrementar la oferta. Desde su fundación la UACM ha tenido un intenso proceso de desenvolvimiento, con aciertos y dificultades. Un momento particularmente relevante es el conflicto universitario acontecido en 2012, el cual tuvo por razón de ser la inconformidad desatada por la pretensión de la entonces rectora Esther Orozco por cometer un fraude electoral en la integración del Consejo Universitario (Tercera Legislatura), instancia que la legislación de la UACM define como el máximo órgano de gobierno. Esto derivó en una huelga que mantuvo cerrados los planteles por cerca de 4 meses. Un proceso sin duda desgastante, pero que, dada la premisa de justicia y legalidad que le motivaba –y que resultó vencedora– dio lugar en principio a un nuevo impulso creativo y a un extendido ánimo positivo. En esos términos transcurrió una primera etapa posterior a la huelga, correspondiente al rectorado de Enrique Dussel, quien fue designado en forma interina para ocupar el cargo. Fue un periodo breve, de penas poco más de 1 año, en el que principalmente hubo de normalizarse la operación de la Universidad. Lo cual se consiguió.
A continuación, en 2014, fue designado por el Consejo Universitario como nuevo rector Hugo Aboites, para desempeñarse por un periodo de 4 años. Fue una elección legal y legítima que contó con el reconocimiento de todos los sectores de la comunidad. Hubo confianza de que muchas cosas positivas podrían concretarse en el periodo que estaba por comenzar. Sin embargo, contrario a lo esperado, el desempeño no transcurrió bajo esas premisas. La UACM fue transitando gradualmente hacia una dinámica interna de apatía, deterioro y abusos que derivó en el escenario en el que hoy nos encontramos.
¿Qué pasó en los últimos 5 años en la UACM?
Podemos decir que los últimos 5 años han sido una etapa de decaimiento progresivo. La gestión del rector Hugo Aboites propició este retroceso pues se pervirtieron las formas de gobierno, los procesos administrativos y los términos de la convivencia comunitaria hasta niveles que resultan ya imposibles de tolerar. La UACM vivió una degradación profunda en este tiempo, a la vista de todos, aunque no todo mundo lo ha querido ver.
Por ejemplo, el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, conoció su mayor descomposición en la Quinta Legislatura (2017-2019) al grado de quedar bajo control de una estructura muy contraria al proyecto educativo que debiera regir a la UACM; es decir, al servicio de la corrupción y dominado por prácticas porriles. Corrupción no solamente en términos de provocar una afectación patrimonial a la institución, sino en el corazón mismo de la conducción gubernativa: su esplendor fue defraudar el proceso electivo del nuevo rector(a) en mayo de 2018. Esto fue posible por la instauración de prácticas de naturaleza porril para hacerse con el control de la representación estudiantil en el Consejo Universitario. Cabe decir, sin embargo, que, aunque esta descomposición en la representación política tuvo como actores visibles a un grupo de consejeros estudiantes, no debe perderse de vista que los impulsores y beneficiarios principales de estos actos no son solamente estudiantes, para nada. Quienes mayor beneficio han recibido por esos mecanismos corruptos de control político son un grupo de profesores y trabajadores administrativos. Es decir, no debe pensarse esta problemática como un conflicto entre estudiantes contra profesores. No, más bien se trata de una forma amplia de crisis política y deterioro institucional, propiciada por quienes tomaron como botín a la Universidad –y sus posiciones administrativas– en las gestiones de Hugo Aboites y ahora de Galdino Morán.
Para comprender esta historia es crucial poner atención en el contubernio surgido entre estos dos personajes, así como entre los integrantes de sus respectivos equipos. De entrada, su alianza es llamativa (por decirlo suavemente) considerando que supuestamente pertenecían a dos “tradiciones” contrapuestas desde el movimiento de huelga de la UACM en 2012. Supuestamente unos eran de la vertiente que apoyaron a la rectora destituida Esther Orozco (Morán y parte de su equipo) y los otros eran de la vertiente opositora a ella (Aboites y su equipo). Lo que ocurrió es que esas fronteras se desdibujaron en estos años y decidieron, ambos equipos, fundirse en una nueva formación de poder que por lo visto se vincula solamente por eso: por la ambición de poder y la defensa de los privilegios ilegítimos que se autoasignaron en estos 5 años; haciendo a un lado los valores o principios éticos del proyecto académico de la Universidad y olvidándose del sistema de ideas innovadoras que impulsaron la creación de la UACM. Se convirtieron en una coalición perversa e impresentable, aglutinada en la necesidad de impunidad recíproca frente a las evidentes conductas ilícitas o indebidas que les son imputables y que han dado lugar al proceso iniciado en semanas pasadas ante el Sexto Consejo Universitario.
¿Implica esto que toda la UACM está descompuesta?
Por supuesto que no. La UACM es un estructura grande y diversa, compuesta por 18 mil estudiantes, 900 profesores-investigadores de tiempo completo, cerca de 300 profesores de asignatura, 900 trabajadores administrativos y manuales, cinco planteles distribuidos en la Ciudad; donde se imparten licenciaturas y posgrados, se realiza actividad docente e investigadora, de difusión cultural, y sobre todo, se contribuye a la cohesión del tejido social, dando oportunidades formativas a los sectores que más lo necesitan en nuestra desigual sociedad mexicana. Todo esto ha subsistido a pesar de la degradación gubernativa y administrativa a la que nos hemos referido con anterioridad. La UACM cuenta con una comunidad académica rica en capacidades y aptitudes, comprometida con su trabajo, y también con una comunidad estudiantil viva e inquieta, que en su mayor parte está genuinamente comprometida con sus estudios y sus deseos de superación. Esto es la razón de ser de la Universidad y es el aliciente para no permitir que perdure el decaimiento y pueda restaurarse la legalidad de la vida interna y la aspiración de una vida comunitaria sana. De esta manera se podrá impulsar el gran potencial que ahora está encontrando trabas por parte de aquella minoría que lleva a cabo prácticas antiuniversitarias.
¿Es reversible la crisis de la UACM?
En los meses recientes han ocurrido hechos importantes para lograr esa restauración. No es un proceso sencillo, al contrario, está siendo duro y estresante, con no pocas agresiones en contra de quienes participamos en este esfuerzo, pero está en marcha. Un paso importante fue la renovación del Consejo Universitario en marzo pasado. La sexta legislatura (2019-2021) es la más pulcramente electa de todas las que han existido. Se cuidó con todo detalle la elaboración de la convocatoria respectiva y el cumplimiento estricto de todas sus fases procesales. El Sexto CU es un órgano plenamente legal y legítimo que cuenta con toda la atribución jurídica y ética para cumplir las funciones que la normatividad interna de la Universidad le faculta. Si bien la participación (dependiendo de cada plantel) no siempre es la ideal, es la legislatura con mayor participación para su elección y, por tanto, con una amplia legitimidad. Además, la composición de la Sexta Legislatura es un triunfo abrumador de la comunidad democrática, comprometida con la restauración de la legalidad. Como tantas veces, la solución a las crisis está en convocar a la participación colectiva virtuosa, y ese el caso en este momento.
¿Qué es el proceso de Responsabilidades Universitarias actualmente en curso?
En este contexto, tres profesores-investigadores (quienes también suscribimos este texto) presentamos el 11 de junio pasado una solicitud para comenzar un Proceso de Responsabilidades Universitarias en contra de Galdino Morán. Lo presentamos ante el Consejo Universitario, con apego a la normatividad específica para tal efecto (Reglamento de Responsabilidades Universitarias). Somos tres profesores quienes la signamos, pero expresamos la voz de un sector muy amplio, mayoritario, de profesores, estudiantes y trabajadores que comparten esta visión. No somos protagonistas, sólo hemos puesto nuestro nombre al servicio de la causa colectiva.
La denuncia en contra de Galdino Morán tiene dos vertientes principales. Por un lado, se refiere al proceso electivo en sí, ocurrido en los meses de abril y mayo de 2018, el cual fue ilegal e ilegítimo, pues fueron violados a la vista de todo mundo principios básicos de certeza e imparcialidad indispensables. La mecánica de elección de rector en la UACM puede considerarse algo complicada, con distintas fases y mecanismos, pero el principio básico del proceso –considerando la naturaleza participativa y democrática que mandata la legislación que nos hemos dado hasta ahora en la Universidad– es que la designación sea congruente con la voluntad expresada por la comunidad, pues el fondo de todo consiste en dotar de legitimidad y solidez a quien sea designado. Es la razón de ser del mecanismo. Entenderlo de otra manera entraña querer justificar la trampa y la voluntad de fraude.
Este proceso de elección se articula en dos mecanismos básicos: una directriz de consultas directas a la comunidad y una validación de última instancia del Consejo Universitario (que le correspondió a la Quinta legislatura). Pues aquí se dieron las cosas justo al revés de cómo debían: ni fueron respetadas las modalidades de consulta a la comunidad (Morán quedó en un lejano segundo lugar con un 23 por ciento de las preferencias en la consulta abierta); ni la mayoría corrupta que controlaba el CU en ese momento actúo legalmente, en su obligación de ley de auscultar a los sectores específicos que correspondían a cada consejera y consejero. Entendieron esos consejeros que la elección del rector era un patrimonio exclusivo y particular de ellas y ellos, carente de rendición de cuentas y sujeta solamente a sus intereses personales. Además, no se completaron las fases procesales marcadas por la convocatoria de elección, al grado que Morán no cuenta con constancia de mayoría: no hubo calificación de la elección por los órganos electorales. Simplemente en una sesión convocada de manera ilegal, un día esa mayoría corrupta de la Quinta Legislatura, eligió rector a Morán y días después, en lo oscurito, le dio “posesión” y de ahí en adelante procedió a nombrar en cargos a sus aliados, a hacer contrataciones irregulares y a ejercer el presupuesto fuera de toda norma legal y ética. En resumen, la elección ilegal e ilegítima de Morán es resultado e inicio de toda una serie de conductas antiuniversitarias inadmisibles en una institución pública de educación superior.
Concretamente, esta vertiente de la denuncia apunta al hecho de que: si no se cumplieron los requisitos de elegibilidad para la rectoría, el individuo que se ostenta desde mayo de 2018 espuriamente como rector ha incurrido en usurpación de funciones. Y eso es una infracción a la ley y un fraude a la vida universitaria.
La otra vertiente de la denuncia se refiere a diversas modalidades de daño patrimonial y perversión de los procesos de mando administrativo de la Universidad. Sobresalen en este sentido, las responsabilidades derivadas del ejercicio indebido y fracasado de alrededor de 300 millones de pesos del presupuesto universitario en materia de Obras. Pues si bien esas responsabilidades corresponden a los ejercicios 2015-2018, por lo que recaen principalmente en la gestión previa de Hugo Aboites, la actual gestión de Morán no ha realizado durante su año de gestión ninguna acción efectiva tendiente a fiscalizar, recuperar, solventar y regularizar nada concerniente a esos fondos. Cabe señalar que las irregularidades vinculadas a estos fondos han sido observadas legal y oficialmente tanto por la Auditoría Superior de la Ciudad, como por el Órgano Interno de Control, en varios conceptos a petición expresa de diversos integrantes de la comunidad universitaria. De manera que lo que está en juego es que estas auditorías sean acatadas, y que no continúe el actual bloqueo a su ejecución. Esa es la responsabilidad imputable a Morán (sin que eso excluya ni cancele las responsabilidades que corresponden a Aboites y los integrantes de su equipo).
También están comprobadas otras faltas, esas sí totalmente imputables a Morán, como son contrataciones ilegales para el pago de favores políticos, liquidaciones fuera de la norma concedidas a integrantes de la gestión previa de Hugo Aboites, pago de servicios (cursos) nunca realizados y en general el fomento a un clima de violación a los derechos humanos en la Universidad. Todo eso está contenido y sustentado con pruebas (casi 500 fojas integran el expediente) en la denuncia de Responsabilidades Universitarias que presentamos ante el Consejo Universitario el pasado 11 de junio.
El proceso ha sido conducido desde entonces por el Sexto Consejo Universitario con estricto apego a lo establecido en la norma. Se integraron las comisiones de Sustanciación del Expediente y Resolutiva en el Consejo Universitario, se desahogaron los documentales, se realizaron audiencias (Morán presentó sus alegatos por escrito, aunque se rehusó a comparecer en su turno), y se realizaron los dictámenes respectivos correspondientes a cada una de las comisiones mencionadas, todo ello con apego al debido proceso. Finalmente, el 28 de junio la Comisión Resolutiva determinó que era procedente la solicitud presentada e inició el cauce jurídico para la destitución del cargo de Galdino Morán. Él presentó un recurso de inconformidad ante el CU este 5 de agosto y corresponde ahora al pleno del CU desahogar dicha inconformidad para la terminación de todo el proceso, para ello dispone de hasta 10 días. Cabe señalar, que durante el desarrollo de estos trabajos que enunciamos, el mismo Morán solicitó también dos amparos ante la justicia federal en materia administrativa, los cuales le fueron negados en forma definitiva.
Epílogo: Defender la autonomía universitaria
Esta es la verdad, sin manipulaciones ni tergiversaciones, de lo que ocurre en la UACM. No otra. Se han dicho cantidad de mentiras distractoras a lo largo de este tiempo por los aliados y defensores de Morán (y por él mismo). Una de ellas, por ejemplo, sostiene que todo este proceso es producto de un ánimo intervencionista por parte de las autoridades de la Ciudad de México, concretamente de la jefa de Gobierno. Incluso se llega al delirio de sostener que la intención subyacente es desaparecer la UACM, violando su autonomía, e incorporarla a los nuevos sistemas de universidades públicas que están promoviendo los gobiernos federal y local. Una absoluta fantasía fuera de toda realidad. Quizás propagan esas versiones con la intención de promover el miedo y la confusión en la comunidad universitaria; quizás son simplemente producto de una pésima y ridícula capacidad de análisis y argumentación. Obviamente nada de eso está de por medio.
Por el contrario, lo que debe quedar claro a todo el mundo es que si algo pone en riesgo a la universidad y su autonomía es la continuidad de este clima inaceptable de atrofia y corrupción institucional. En cambio, lo que protege realmente la continuidad de la Universidad es la recuperación de la legalidad y de una sana vida interna. Esa es la única garantía de la subsistencia de la UACM en los términos que establece su Ley de autonomía y la Constitución de la Ciudad de México: ejercer realmente, virtuosamente, honorablemente la facultad de autogobierno que la sociedad mexicana le ha concedido.
La UACM es un espacio rico, diverso, plural y creativo. Ha cumplido su tarea a lo largo de estos años. Su riqueza mayor está en las personas que integran su comunidad. Ciertamente, no carece de otros problemas importantes que deben atenderse con urgencia. Hay muchos retos en adelante para lograr una vida interior más productiva y satisfactoria. La sexta legislatura está en condiciones de aprobar el Estatuto de Personal Académico, las Normas de Convivencia, y poner en marcha la Defensoría de los Derechos Universitarios, entre otras normas. Todo eso debe atenderse, pero para ello se requiere partir de que los procesos de mando y de autoridad estén debidamente resueltos, puesto que, como en cualquier comunidad, de ello deriva todo el proceso decisorio. No puede haber trastornos en la conducción universitaria. Se requiere una autoridad legal y legítima a plenitud para poder afrontar todos los demás retos que corresponde a una comunidad académica. Estamos en ese camino y somos optimistas.
Pilar Padierna*, Homero Galán* y Samuel Cielo*
*Doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; profesora-investigadora de la UACM.
**Maestro en economía política por la University of Sheffield (Reino Unido); profesor-investigador de la UACM.
***Maestro en ciencias pedagógicas por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de La Habana (Cuba); profesor-investigador de la UACM.
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