Mascarenhas, testigo principal en el caso de corrupción de Odebrecht contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, “está mal de sus facultades y eso lo haré valer”, señala en entrevista el abogado Coello Trejo. La defensa cuenta con otras dos pruebas plenas: las declaraciones del dueño de Zecapan y del abogado español de Mascarenhas, quien aseguró a un agente del MP no conocer al exfuncionario.
Son tres las pruebas fundamentales que presentará el abogado Javier Coello Trejo en el caso de los supuestos sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin: la demencia de uno de los testigos clave en las acusaciones y las declaraciones del dueño de la empresa Zecapan y del abogado que supuestamente estuvo presente durante el cohecho.
En entrevista con Contralínea, el licenciado en derecho afirma que Hilberto Mascarenhas está mal de sus facultades y eso, advierte, “lo haré valer [en el juicio]”. El personaje no es menor: era el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y el 13 de abril de 2017 declaró –en las investigaciones que se siguen en Estados Unidos y Brasil– haberle pagado a Lozoya Austin 5 millones de dólares para que le asignara contratos a la petrolera brasileña.
La segunda prueba plena que presentará la defensa es la declaración ante un agente del Ministerio Público Federal del abogado de Mascarenhas, quien supuestamente habría presenciado esa entrega de sobornos. Él declaró que no conoce a Lozoya, asegura Coello Trejo, conocido a fines de la década de 1970 como el fiscal de hierro, por encabezar la campaña anticorrupción del gobierno de José López Portillo.
Y la tercera es la declaración de un empresario alemán, quien afirmó ser el dueño de Zecapan y que el dinero de Odebrecht que se transfirió a las cuentas bancarias de esa empresa correspondió al pago de un contrato de tecnología.
El caso, en voz de Coello Trejo
El abogado viste un fino traje color negro, una camisa blanca en cuyos puños se asoman un par de mancuernillas y de su cuello se sostiene una corbata color vino rojo, muy similar al atuendo que portaba cuando un pintor argentino –no recuerda el nombre– le hizo el retrato al óleo colgado detrás de la silla que utiliza cuando da entrevistas periodísticas.
Siempre con un cigarrillo que danza entre sus dedos y su boca, Coello Trejo asegura que su convicción es que se aclare el papel de cada uno de los exfuncionarios que participaron en las tramas que ahora mantienen a su cliente en la zozobra.
En la entrevista, concedida un par de días antes de que a Lozoya Austin se le imputaran delitos relacionados con el caso Odebrecht, el abogado daba por cerrado ese asunto. “Esto nace en 2016, principios de 2017: Odebrecht es investigada por el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué? porque allá manejaban cuentas, etcétera. Y firman un convenio Odebrecht con los americanos, en donde los americanos les imponen una sanción de 4 mil millones de dólares. La condición es que digan a qué empresas o qué funcionarios les dieron dinero”.
—¿En todo el mundo?
—En todo el mundo. Lo raro es que si usted lee el convenio, que yo lo tengo, hay unos países que no aparecen; o sea, que están en el convenio pero no son investigados. Solamente es Latinoamérica.
—¿Países como cuáles?
—Venezuela, Colombia, Perú, México, Brasil.
—¿Y qué países no aparecen?
—Por ejemplo Senegal, y otro país africano. Ahí es donde Emilio me busca, revisamos las cosas y le digo: “bueno, pues es que no hay una sola cuenta que Odebrecht haya depositado que esté a tu nombre. Ellos pueden decir lo que ellos quieran’. Y entonces es cuando empezamos la investigación, y se abren las averiguaciones, primero se abre la carpeta de Seidef [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales], de la Procuraduría, con puras notas periodísticas; después Pemex presenta una denuncia de hechos que no le constan sino de lo que dicen los americanos y lo que dice la prensa.
—¿Estamos hablando de 2018?
—De 2017. Inmediatamente cuando me entero de lo de Seidef presentamos un escrito al procurador de la República diciéndole: “tengo conocimiento que me estás investigando por esto y esto, vengo a ponerme a tu disposición”. Pasa 1 mes, pasan 2. No nos citan. Obviamente si no nos citaban no podíamos nosotros intervenir en la carpeta. Entonces yo, a base de escritos y de amparos, fuerzo a que nos citen y nos citan, y ahí es cuando realmente nos enteramos de cómo estaba. Por eso le digo que son notas periodísticas. Ya después viene que si cuentas bancarias. Todo, con base en las declaraciones de Luis Weyll [Luis Alberto Meneses Weyll], que era el representante de Odebrecht en México, y luego surgen otros dos testigos de oídas. Entonces, ¿qué pasa? A Latinoamérica se le depositaron de tal fecha a tal fecha de 2012, 3 millones y fracción de dólares. Y 6 millones de dólares a [la empresa] Zecapan. La Procuraduría ha manejado que son 10 millones y medio, no es cierto: lo que hay en documentos son 9 millones y medio [de dólares]. Entonces comparecemos, empezamos a revisar la carpeta, se desahogan algunas pruebas, y en eso, en agosto o septiembre de 2017, el PRD presenta una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales y se abre una carpeta de investigación. Nosotros comparecemos, ‘cítanos, cítanos’, hasta que nos citan, y comparece Emilio. Nos enteramos de la acusación y desde un principio yo le dije al Ministerio Público que llevaba el caso: “oiga, mi amiga, independientemente de si hay delito o no, esto está prescrito, ¿por qué? Porque no había entrado la reforma a la Ley Electoral, es con la ley antigua, y el término medio de la pena está prescrito. Ahí es donde viene el problema con Santiago Nieto: sale a declararle a Reforma que la investigación, y empieza a dar datos que se supone son confidenciales. Lo único que yo hago es mandarle una carta a Reforma diciéndole: “oye, lo que el señor dice no es cierto y además está violando la ley”. ¿Quién cesa a Santiago Nieto? El presidente de la República a través de [Alberto] Elías. Y ahí es donde Santiago Nieto le agarra un odio a Lozoya porque lo culpa, al grado de que escribe un libro que se llama Filias y fobias y, si usted lo lee, hace pomada a Lozoya. Ahí confiesa él, en su libro, que desde que se presentó la denuncia estaba prescrita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?, pues obviamente metemos nuestros escritos, le pedimos al Ministerio Público Federal que como la institución de la prescripción es preferente es algo que el Ministerio Público, que el juez deben estudiar antes de entrar al fondo del asunto. El Ministerio Público lo niega, entonces me voy al amparo. Gano el amparo por el juez de Distrito y ellos se van a la revisión. Se va al Colegiado y les dice: “está prescrito”. Es cuando determina la prescripción. Pero eso ya lo hace el doctor [Alejandro] Gertz, no el fiscal que había puesto Peña. Entonces ese tema está prescrito. En lo de Seidef, uno de mis abogados, el que tengo encargado de revisar las carpetas, me dice: “Fíjese que hay en las carpetas una declaración firmada, o sea un escrito, en alemán y en español de un señor, un alemán, que con los abogados compareció y dice que el dinero de los 6 millones se lo entregaron, [porque] es el dueño de Zecapan”. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? –le inquirió Coello a su ayudante. Entonces ya voy personalmente a ver la carpeta. No me la quieren mostrar al principio, pero fuerzo y me la muestran, y ahí me doy cuenta que el señor compareció ante la carpeta y dice: “a ver, señores, me enteré por la prensa, yo soy el dueño de la empresa Zecapan, fundada en tal año, así y así. Y ese dinero yo lo obtuve porque firmé un contrato de tecnología, ésta es mi empresa”. Lo detalla todo: “me depositaron así. Yo no sé, yo no checo de dónde llegó el dinero, a mí me informa con la [persona] que firmo el contrato que va a llegar el dinero y me va mandando el dinero a mi cuenta. De este dinero yo pagué impuestos en Suiza, aquí está [la documentación]”. Entonces yo pido que citen al señor para que ratifique su documento. La Fiscalía se opone y se opone y se opone. Una bronca terrible. Finalmente todo era con el licenciado Felipe Muñoz, que era subprocurador. A mí el Código Nacional de Procedimiento me da la oportunidad legal de que, como es una carpeta de investigación aun cuando no esté judicializada, yo puedo pedir una prueba anticipada. Comparezco ante un juez de control, pido mi prueba anticipada, el juez me la acepta y citan al señor alemán. Va con sus abogados, con sus peritos y declara ante un juez de control lo que le estoy diciendo: ratifica los escritos que hay en la carpeta. La procuraduría se opone y el juez los manda por un tubo, y es una prueba plena. No es un indicio, es una prueba plena ante un juez de control. Eso es lo que hace el caso de Seidef. Por eso creo yo que no lo han podido judicializar, evitando el ridículo.
Cuatro días después de esta entrevista, el abogado Coello Trejo declaraba ante la prensa su sorpresa por la nueva orden de aprehensión girada contra su cliente precisamente por el caso Odebrecht. Para este 16 de julio, ya se había filtrado que los cargos imputados son tres: cohecho, organización delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
—¿Ustedes presentaron alguna denuncia contra Santiago Nieto por haber revelado información que debía haber estado en la secrecía?
—Sí, la presenté en la Fiscalía [aún en el gobierno de Peña Nieto] y ¿sabe qué pasó? Nada. Me notificaron el no ejercicio de la acción penal.
—¿No ha vuelto a presentarla ahora?
—No. A ver, yo podría presentar mil denuncias contra Santiago Nieto porque se ha burlado de la Fiscalía. ¿Cómo cree usted que yo me di cuenta de que iba a salir una orden de aprensión contra Emilio Lozoya? Porque él lo salió a decir, o sea, no dijo orden de aprensión pero sí dijo ‘congelé las cuentas’. ¿Pues de qué se trata? Por eso me voy al amparo.
—Y les congelan las cuentas.
—Congelan las cuentas. Pero ya me las descongelaron, ya gané los amparos. Me faltan dos, tres amparos. Porque también yo lo podría denunciar por el hecho de que no tiene facultades: él como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de conformidad con el [artículo] 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, no tiene facultades a no ser que de acuerdo al convenio de asistencia jurídica que yo firmé, siendo subprocurador de la República en 1991, sea petición de un gobierno extranjero y cumpliendo con una serie de protocolos. Ahí es cuando sí puede la Unidad de Inteligencia Financiera –que se creó después, mucho después [de que Coello Trejo salió de la Procuraduría], solamente a petición de un gobierno extranjero. ¿Cómo congelas las cuentas? Cuando viene el primer tema de congelamiento de cuentas, con el huachicol de Hidrosina, metemos el amparo y obviamente pues no se justificaba porque existe jurisprudencia de la [Suprema] Corte.
—¿Usted también defendía Hidrosina?
—Al principio. Después me di cuenta que era cosa de Pemex y que podía yo dañar a Emilio Lozoya. Hablé con los señores Karam, les dije: “saben qué, puede haber un conflicto de intereses y mejor me retiro”. Pero sí estoy enterado, ya les levantaron las cuentas, ¿por qué? porque eso me lo platicó el abogado, me dijo: “no lo vas a creer, Javier, la querella de Santiago Nieto no habla de huachicol, son cosas contables”. Le dije, “no me digas”. O sea, ahí es cuando él [Santiago Nieto] inventa, creo yo, que pidió la cooperación de la DEA y del FBI en México para que le den oficios en donde diga que se está investigando: la DEA está investigando porque fulanito y fulanito pertenecen a una organización criminal. Eso lo hace con Alejandro Quintero, lo hacen con [Grupo] TVPromo, lo hacen con el congelamiento de cuentas de [Federico y Ariel] Berrueto. Entonces, yo lo que digo es que todos los mexicanos somos miembros de una organización criminal, pero independientemente de eso, la DEA y el FBI no tienen facultades para solicitar eso. Ellos pueden mandar un oficio a la Fiscalía diciendo: “estamos haciendo una investigación, compártenos información”. El único que puede pedir, y eso se lo tiene que pedir a la Fiscalía General de la nación, así lo dice el acuerdo de asistencia recíproca mutua jurídica, es el Departamento del Tesoro. Y la Fiscalía General de la nación tiene la obligación de solicitárselo a un juez de control, y éste es el que puede ordenar el congelamiento de una cuenta. Todo tiene que ser a través del Ministerio Público de la Federación y a través de un juez de control.
—¿Están ustedes teniendo alguna acción legal en Estados Unidos con la investigación que llevan allá por Odebrecht?
—No.
—¿Ustedes no aparecen?, ¿no están en las carpetas ni nada?
—No. De Estados Unidos, no. Lo único que nosotros conocemos es lo que dijo Luis Weyll, lo que dijo [Hilberto] Mascarenhas. Que, por cierto, fíjese que me enteré que el señor Mascarenhas está mal de sus facultades. Eso, si se judicializa la carpeta, pues ya lo haré valer. Pero ahí le voy, otra cosa rarísima: yo veo los videos que Quinto Elemento publicitó y me doy cuenta, y también la Procuraduría se da cuenta de que Mascarenhas dice que llamó a su abogado español y que vinieron y estuvieron en la casa de Emilio y que ahí hicieron todo el cochupo, y resulta que la Procuraduría –de esto me entero por la carpeta– manda a un [agente del] Ministerio Público Federal a España y le toma la declaración al abogado, y ¡ah, sorpresa! el abogado dice: “yo no conozco a Emilio Lozoya, nunca he ido a México para eso; sí asesoré a Odebrecht en varias cosas, pero no conozco a Emilio Lozoya ni sé dónde vive”. Ahí lo tengo. Eso no lo hice yo, lo hizo la Procuraduría. Por eso le digo que son testigos de oídas. Ése es el caso Odebrecht.
Nancy Flores, tercera parte y última
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