Como en 1968, los movimientos sociales siguen siendo considerados “amenazas” al Estado. La brutalidad del Ejército contra estudiantes en Tlatelolco no fue una excepción, sino la sistemática “solución” que se aplica hasta hoy con el beneplácito del gran empresariado

Sociólogos, defensores de derechos humanos, abogados y activistas coinciden en que, a 5 décadas de la matanza de Tlatelolco, la represión del Estado es peor que la de 1968.

Hoy se cuentan, como sólo un ejemplo, 37 mil desaparecidos y se pueden enumerar recientes ataques indiscriminados contra una población  organizada: la irrupción de los cuerpos policiacos en poblaciones, como Atenco (Estados de México, 2006) y Nochixtlán (Oaxaca, 2016), la ocupación de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro (2009), la represión a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (2006), el involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Brugos, de Ayotzinapa, Guerrero (2014), entre muchos otros.

Advierten que hoy permanece esa violencia estatal sistemática, que se mezcla con las acciones del crimen organizado. Consideran que una muestra de la preocupación de los gobiernos ante cualquier la protesta social es el nivel de riesgo que se le asigna en la Agenda Nacional de Riesgos, documento de carácter confidencial elaborado por el centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En el documento se coloca a la los grupos sociales como un riesgo para la seguridad nacional en su capítulo “Ingobernabilidad por movilizaciones”.

Esta política de Estado se ha afianzado, coinciden los entrevistados, con la nueva Ley de Seguridad Interior, que permite a las Fuerzas Armadas realizar “investigaciones” y realizar cateos y detenciones sin la orden de un juez.

Gilberto López y Rivas, uno de los sobrevivientes a la masacre de 1968 y profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dice que siempre va a ser posible, e incluso predecible, que cualquier movimiento sea reprimido por el Estado, porque éste representa los intereses de una clase social cuya esencia es la explotación y la dominación.

De hecho, agrega el miembro del Sistema Nacional de Investigadores, “estamos asistiendo a una represión verdaderamente impresionante. Ejemplo de ello son las ejecuciones sumarias llevadas a cabo bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (que van por más de 200 mil durante estos sexenios); entonces, el sistema aplica la represión en cualquier lugar de la República y a cualquier hora, trabajan 24 horas por 7 días a la semana; ellos no descansan”.

El ejercicio de la fuerza se lleva a cabo de muy diversas maneras, expone. Se trata de una violencia sistémica, estructural, de género. Señala que, a 50 años de la matanza de Tlatelolco, México “se ha convertido en el país de las fosas, de las ejecuciones sumarias, de la tortura, de las cárceles clandestinas, de los grupos paramilitares. La clase y los grupos dominantes han aplicado la violencia en México, superando a Colombia, Guatemala, Argentina y Chile. ¡Es un escándalo, una catástrofe humanitaria!”, dice el doctor en Antropología por la Universidad de Utah.

“Esa lógica de los gobiernos, de resolver por la fuerza los conflictos sociales, no se ha modificado significativamente y es un riego actual para los movimientos sociales”, dice, por su parte, Simón Hernández León, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.

El también abogado y defensor de los derechos humanos comenta: “Vemos cómo los actores políticos no privilegian los mecanismos de carácter político, de negociación o de resolución de conflictos, sino muchas veces la primera respuesta del Estado frente a una problemática social es el uso de la fuerza”.

Endurecimiento del Estado

Bertín Reyes Ramos, integrante del Frente Popular Revolucionario y vocero del Partido Comunista Marxista Leninista, no descarta otro escenario similar al de 1968 en contra del movimiento social, porque no ha desaparecido lo que originó la represión del 2 de octubre: “Los intereses de grandes empresas y corporaciones ni la dominación a la que está sometido nuestro país por parte del vecino del norte, Estados Unidos”.

Para el dirigente social, la ola de violencia que se ha vivido en los últimos años, con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y los demás jóvenes asesinados, “ha superado por mucho los muertos y desaparecidos de 1968. Esto nos demuestra que estamos en una situación de fascistización, de endurecimiento del Estado mexicano, sometido a grandes intereses de empresas y corporaciones, y lo mismo representa negocios legales que ilegales”.

Ejemplo de los “supuestos negocios legales”, comenta Reyes Ramos, y que han violentado comunidades en todo el país, es la minería, negocio que ha entregado grandes extensiones de territorio y recursos naturales a empresas privadas, muchas de ellas extranjeras.

Se trata, dice el luchador social, de una “guerra de baja intensidad”, en contra de los defensores del territorio. “Hay una represión abierta y brutal a otros niveles; por eso también entendemos que no han querido regresar al Ejército a los cuarteles y siguen en esta lógica de tenernos vigilados a través de sus órganos de inteligencia, como el Cisen y de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas”.

Maurilio Santiago Reyes, abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CDHAPI), tampoco descarta otro escenario equiparable al acontecido en la Plaza de las Tres Culturas, “pues en este momento la situación en el país es muy complicada; hay un alto índice de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada, de desplazamiento interno y de detenciones arbitrarias y tortura”.

El abogado que acompaña a las víctimas de los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde policías federales y estatales reprimieron a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sociedad civil, el 19 de junio de 2016, enfatiza que la represión puede darse más sobre los pueblos indígenas que reivindican derechos humanos como el acceso a la tierra y a los recursos naturales.

En entrevista con Contralínea, Santiago Reyes comenta que la acción represora puede ejecutarse por otros grupos supuestamente no estatales, como paramilitares, sicarios del crimen organizado o porros, pero avalados desde el poder.

Francisco Retama, Integrante del partido Movimiento al Socialismo, comenta hay que identificar que en 1968 también hubo la participación de infiltrados, que después conforman un modelo repetido a lo largo de estos últimos años: “agentes encubiertos, provocadores en las movilizaciones que actúan directamente para confundir y amedrentar o que, por medio de su acción, justifican el uso de la fuerza represiva”.

Ejemplo de ello es lo ocurrido el 20 de noviembre de 2014, cuando a pocos meses de la acción brutal contra los normalistas de Ayotzinapa, se llevó a cabo una movilización en la Ciudad de México como muestra de repudio y condena a los hechos en Iguala, “y donde el uso de infiltrados justificó la acción conjunta de la policía de la Ciudad de México y de la Policía Federal para desalojar a los manifestantes en el Zócalo capitalino”.

Espionaje desde el poder

Los especialistas enfatizan que uno de los factores que ha facilitado el ejercicio de la fuerza sobre los movimientos sociales y sus líderes son los apararos de espionaje que opera el Estado, mediante el Cisen, la Sección Segunda de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina.

“El Cisen es un aparato que sirve a un grupo dominante, pero los grupos realmente efectivos están en la Armada y el Ejército, con una gran penetración de los estadunidenses; y ahí van a seguir porque ellos tienen como principal enemigo a todas las organizaciones populares”, comenta el antropólogo Gilberto López y Rivas.

Fernando Ríos Martínez secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todas (conocida como Red TDT y que está conformada por 85 organizaciones de 23 estados de la República), dice que un ejemplo claro del espionaje ilegal e ilegítimo del Estado fue el realizado por el malware Pegasus contra defensores de derechos humanos y comunicadores. El sistema era operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Cisen.

El Cisen, comenta el secretario ejecutivo de la Red TDT, “utiliza una serie de sistemas digitales de espionaje que permiten una mayor cobertura en su trabajo y que, desgraciadamente, están al servicio de intereses obscuros y de los grandes capitales. Lo que hemos visto es que esta información se utiliza para saber cuáles son los planes de los movimientos en las organizaciones de derechos humanos y poder intervenir”.

Agenda Nacional de Riesgos

La Agenda Nacional de Riesgos (ANR), uno de los documentos clasificados como confidenciales por el aparato de inteligencia del país, focaliza a los movimientos sociales como opositores a los cambios hechos a la Constitución, a través de las llamadas “reformas estructurales”, llevadas a cabo en los últimos años.

En el documento, elaborado por el Cisen, son considerados por el Estado mexicano como un riesgo para la seguridad nacional movimientos como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Amplio Social, el Frente Popular Revolucionario, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

“Esta característica dibuja con mucha nitidez a un Estado autoritario, que no tiene capacidad de respuesta política a los reclamos sociales y que ve en ellos siempre un riesgo de desestabilidad, de ahuyentar de las inversiones, de sacudir a la estabilidad macroeconómica. Se trata de un Estado preparado, porque si los movimientos sociales representan focos rojos, esos focos rojos hay que apagarlos”, dice Francisco Retama, del partido Movimiento al Socialismo.

Con un nivel de riesgo “medio en 2013 y luego “alto” en 2015, el capítulo “Ingobernabilidad por movilizaciones” de la ANR diagnostica de manera general que “existen organizaciones que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas (Contralínea, 503).

“El comportamiento de algunas de ellas busca generar crisis recurrentes de gobernabilidad”, consigna el documento.

La Agenda hace una división en el tipo de “organizaciones sociales que alteran deliberadamente el orden social”. Las primeras, aquellas –según el expediente– que tienen “oposición a políticas públicas que eliminan privilegios a grupos de interés, obtenidos mediante la presión política y social (reforma Laboral y Educativa)” (sic).

También hace un análisis de lo que llama “conflictividad regional”, y explica que hay una obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos, aeropuerto y refinería), bajo el argumento de “supuesto daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las comunidades”.

“Para todos los órganos de inteligencia, los movimientos sociales son las preocupaciones centrales”, dice el antropólogo Gilberto López y Rivas.

Manifiesta que en el país hay un rechazo a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y saqueo de los recursos naturales, lo que implica la focalización de estos grupos opositores a los procesos extractivos como de interés para la seguridad nacional.

El documento del Cisen hace énfasis en la utilización de la “figura denominada como policía comunitaria para conformar grupos con intereses que alteran la armonía comunitaria. Aun cuando los medios de comunicación reflejan la proliferación de estas organizaciones en diversos estados del país, en los hechos de su operación se concentra en Guerrero y Michoacán”.

Al respecto Bertín Reyes Ramos, señala que: “Ellos, la clase en el poder, no quisieran tener ningún tipo de oposición, y la principal oposición no está ni en las cámaras ni en ninguna instancia institucional: está desde la propia organización de nuestros pueblos, de nuestras organizaciones obreras, estudiantiles, sociales, populares”.

En ese sentido, agrega el luchador social, “nos ven como el principal riesgo porque no tienen ningún control institucional sobre nosotros. Para el gobierno, en el plan que tiene de saqueo y entrega completa de los recursos, están previendo una respuesta importante de la población. Lo que no quieren es que sea una respuesta organizada, consciente, con un programa, con un planteamiento claro, de transformación, en materia económica, política y social porque eso implicaría poner en riesgo todos sus intereses. Nos tienen ubicados para poder desactivar cualquier respuesta efectiva. Para ellos es más fácil frenar al movimiento social con una violencia brutal, como la del 68”.

Érika Ramírez

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