Decenas de personas –entre ellos jóvenes estudiantes– marcharon esta tarde la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, al Zócalo de la Ciudad de México para condenar la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 y exigir justicia y que cese la impunidad en torno a ese genocidio.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la plaza de las Tres Culturas fueron ejecutadas más de 350 personas, lo que implicó delitos contra la humanidad “perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes”. Crímenes que ocurrieron a lo largo de ese año, “caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este período, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos”.
En un informe sobre la matanza estudiantil del 2 de octubre, la CNDH apunta que fueron elementos del Ejército Mexicano y del grupo paramilitar Batallón Olimpia los que atentaron contra la vida de los jóvenes que se manifestaban pacíficamente. Ello, por órdenes del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. De acuerdo con el testimonio de Luis González de Alba, “aquel día el Ejército y el Batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la ‘Operación Galeana’ con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga (CNH), órgano de dirección colegiado, creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM, el IPN, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México), Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y otras universidades del interior de la república; los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia”.
La CNDH también apunta que el movimiento estudiantil fue también de carácter social, y que a las protestas de los estudiantes se sumaron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales de toda la República.
El 2 de octubre de 1968, “miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el Ejército con el pretexto de vigilar la seguridad, ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas”.
En el mitin se expusieron seis demandas: “libertad de todos los presos políticos; derogación del artículo 145 del Código Penal Federal; desaparición del cuerpo de granaderos; destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías; indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto; y deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos”.
Aquel día, “minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo ésta la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida; estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército; sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos [https://www.fundacionunam.org.mx/auriazul/dos-de-octubre-nn-nii-perdo-olvido/ ]”.
Por ello, la CNDH acusa que “con la consumación de esa terrible matanza el Estado mexicano realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, como los siguientes: derecho a la vida; derecho de libre expresión; derecho a la seguridad jurídica; derecho a la libertad; derecho a la legalidad; derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias; derecho a la integridad personal; derecho a la protección contra la detención arbitraria”.
