Existen 823 “expedientes de queja relacionadas con desaparición forzadas” en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 1990; de los cuales, el 94.5 por ciento, se registraron antes de 2019. Al contrario, después de ese año, y hasta 2024, hubo 46 casos, o el 5.5 por ciento, señaló el propio organismo autónomo. De éstos, solo nueve se acreditaron como tales y 28 no.

Además, de noviembre de 2019 a la fecha “se han emitido, en total, 20 recomendaciones relacionadas con casos de desaparición forzada, 17 de ellas por violaciones grave, y de ellas cinco (es decir, el 29.4 por ciento) por hechos cometidos en el gobierno anterior [de Andrés Manuel López Obrador], y el resto por hechos de años anteriores”, continuó el documento.

Esto, dentro del universo contabilizado de 9 mil 458 personas desaparecidas desde 1956, de las cuales 1 mil 773 “corresponden a posibles desapariciones forzadas, es decir el 21 por ciento”. Ello con base en 8 mil 86 expedientes del Sistema Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), en su Programa Especial de Personas Desaparecidas –“actualizado en la presente gestión”–. Muchas de ellas, sin embargo, desechadas a lo largo de las investigaciones, al no acreditarse de tal forma, informó la Comisión Ejecutiva de la CNDH.

Lo anterior, en atención a la controversia que provocó el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, al afirmar que en México ocurren desapariciones forzadas de forma sistemática, así como a las solicitudes de grupos conservadores, como el PAN, de que la presidenta Rosario Piedra renuncie.

Acerca del pronunciamiento del CED-ONU, la CNDH dijo que son “basados en premisas falsas y en ausencia de análisis de contexto, [que] no contribuyen a la búsqueda ni al esclarecimiento de los casos”. No es la primera vez “que se presta a las narrativas de organizaciones con agenda propia”.

Fuente: CNDH

Desapariciones forzadas, principalmente en Guerra Sucia

En cuanto a las instituciones señaladas en las recomendaciones, el documento precisó que seis fueron hacia la Fiscalía General de la República, siete a la Secretaría de Defensa, nueve a Marina, tres a Seguridad y Protección Ciudadana, dos a Guardia Nacional, una para la Comisión Nacional de Búsqueda, una al Centro Nacional de Inteligencia y una para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Aunque, si bien la CNDH no negó la existencia de desapariciones en México, o la colusión de autoridades en algunos de estos, enfatizó que actualmente “no son producto de agentes gubernamentales”.

Incluso recalcó que, en caso en los que han participado personas como gobernadores, funcionarios locales o ha habido omisiones de autoridades, “reflejan acciones individuales o grupales, no una dinámica institucional generalizada”, y “no pueden equipararse a una política de Estado, pues carecen de la escala, la estructura jerárquica y el respaldo institucional que caracterizaron” la Guerra Sucia, por ejemplo.

Respecto a esta época, de 1951 hasta al menos 1990, en México “se perpetraron sistemáticamente desapariciones forzadas”, es decir, la “grave violación a derechos humano -no solo un delito- que se comete por servidores públicos, de manera directa o con su aquiescencia o complicidad”, conceptualizó el instituto.

Por tanto, evidenció que en aquel momento “la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos desde luego, negó las denuncias de las familias” que exigían “el reconocimiento internacional de que el Estado mexicano violaba sistemáticamente los derechos humanos, mediante desapariciones, torturas y ejecuciones”; debido a que en México había relación entre “presidentes de la época y agencias extranjeras de inteligencia, como la CIA”, agregó.

Flagelo de la sociedad

En su informe, la CNDH reconoció que “la desaparición de personas sigue siendo uno de los principales flagelos de la sociedad mexicana”, pero, acusó, la forma en que ocurren actualmente estos hechos son diferentes debido a la mal llamada “Guerra contra el Narco” de Felipe Calderón.

Actualmente, señaló, la desaparición “es un delito perpetrado por particulares, principalmente por la delincuencia organizada, dentro de la lógica de economía criminal y de la violencia en dinámicas regionales, locales y municipales”.

Y detalló que las quejas recibidas por la institución han girado en torno a “la garantía del derecho a la búsqueda, al derecho a la justicia, a ser buscado y encontrado, pero no a la participación de servidores públicos, en particular federales, en la desaparición”.

Puntualizó que “en la enorme mayoría de los casos de desaparición no hay servidores públicos involucrados de manera directa”; los delitos son cometidos por “personas relacionadas con el crimen organizado”; y aunque no descartan la posible colusión en algunos caos, señaló que a la fecha “no se ha demostrado y menos que sea una práctica generalizada”.

Además, exhibió que los casos donde ha habido responsabilidad de servidores públicos, “se trata de autoridades estatales o municipales”; las dinámicas delincuenciales son causa de las desapariciones sistemáticas en ciertas zonas del país; y que gran parte de los casos “son atendidos de inmediato por las autoridades responsables de la búsqueda”, por lo que “en un importante porcentaje se logra dar con el paradero de las personas desaparecidas”.

Respecto a esos dichos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en su base de datos, identifica que en México, desde el último día de 1952 al 14 de abril de 2025, en México han desaparecido 357 mil 242 personas, de las cuales el 64.42 por ciento han sido localizadas y 35.58 por ciento se mantienen desaparecidas y sin localizar (más de 127 mil).

Reforzar mecanismos

Por otra parte, la CNDH también identificó problemas para avanzar en esta problemática, como que en casos “de larga data” no existe una debida integración de la carpeta de investigación, judicialización o hay complejidad de recabar datos.

Asimismo, la ausencia de instituciones como fiscalías especializadas o comisiones de búsqueda en años anteriores “complejiza ahora el éxito de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos”; y existe impunidad en los hechos, por lo tanto repetición de ellos, entre los que señalaron malas prácticas de jueces y magistrados que han dejado en libertad a personas acusadas de delitos.

De tal manera, el organismo planteó seis líneas de trabajo “para la atención de los desaparecidos”, como: certeza y agilidad en el RNPDNO, fortalecer coordinación interinstitucional, ordenar búsqueda y protocolos de búsqueda, “garantizar el derecho a la participación en las búsquedas” sin ser un ejercicio desordenado, “garantizar el derecho a la reparación” de daños, así como fortalecer las respuestas a las familias.

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