FOTO: ISABEL MATEOS HINOJOSA/CUARTOSCURO.COM
Este 1 de enero se cumplen 32 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), movimiento político-militar de origen indígena que –en el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari– se declaró en resistencia armada frente a la marginación, el despojo de tierras y la pobreza extrema de los pueblos originarios. Actualmente, los zapatistas reivindican el anti capitalismo y su resistencia se enmarca en la lucha global por el medio ambiente y contra el extractivismo y los megaproyectos.
Como se recordará, el levantamiento armado se dio a la par de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): aquel 1 de enero de 1994, el EZLN tomó varias cabeceras municipales en Chiapas, incluida San Cristóbal de las Casas. Tras 12 días de combate con el Ejército Mexicano –lo que dejó decenas de indígenas muertos–, se declaró un cese al fuego que, sin embargo, no trajo la paz a la región.
A lo largo de estos 32 años, el EZLN ha construido sus propias formas de autogobierno y ha sorteado múltiples actos de hostigamiento, incluida la militarización y criminalización de su lucha, que sobre todo se dio en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.
En años recientes, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN propuso una reorganización de la autonomía zapatista. Para ello, a fines de 2023 y principios de 2024 formalizó la desaparición de los “Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas” –conocidos como MAREZ– y las “Juntas de Buen Gobierno”, y dio paso a los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), estructura menos jerárquica para enfrentar el “colapso del sistema capitalista”.
Respecto de la llamada cuarta transformación, el EZLN ha sostenido una postura crítica, sobre todo frente a los megaproyectos del gobierno federal. Por ejemplo, al Tren Maya lo ha calificado como herramienta de despojo y destrucción ecológica; mientras que al corredor interoceánico lo ha señalado de servir a intereses geopolíticos ajenos a las comunidades locales.
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