Hoy, se cumplen ya siete años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares, normalistas e integrantes de la sociedad civil, marcharon por una de las principales avenidas de la Ciudad de México, en exigencia de “verdad y justicia” para los estudiantes, y por las más de 90 mil personas desaparecidas en México.

Los hechos ocurrieron la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, cuando los jóvenes de entre 17 y 25 años, viajaban a bordo de autobuses “tomados”, con la intención de llegar a la capital del país para conmemorar el 2 de octubre, fecha en la que recuerda la represión estudiantil de 1968.

“Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.

“El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados”, documenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones acompañantes en el caso.

El pasado 24 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. En el encuentro, participaron el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

Gómez Trejo informó que desde julio de 2019, cuando se inició con la nueva etapa de indagatorias del caso, se han girado 89 órdenes de aprehensión, correspondientes a los hechos de 2014, así  como por la manipulación de la investigación, “conocida como la verdad histórica, de las cuales se han ejecutado 49 y nos quedan pendientes 40”.

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