El accidente ocurrido el pasado 3 de agosto en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila –que mantiene atrapados a 10 mineros y que ha implicado un operativo permanente de rescate–, confrontó a las secretarias Luisa María Alcalde (del Trabajo y Previsión Social) y Tatiana Clouthier (de Economía). Ello, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara varios informes detallados a las dependencias federales que podrían tener responsabilidad en este caso, entre ellas esas secretarías, Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad.

Las informaciones incluyen datos de la concesión, los dueños, el pago de derechos y las presuntas irregularidades en las que incurrió la empresa y que podrían haber derivado en el accidente.

Con esas informaciones, en la Oficina de la Presidencia de la República se está haciendo un análisis con el objetivo de determinar si los dueños de la mina incurrieron en delitos penales, pero también para descubrir si alguna de las áreas de gobierno fue negligente o si sus funcionarios se corrompieron para favorecer este tipo de negocios criminales que ponen en riesgo permanente la vida de los mineros.

En ese contexto del deslinde de responsabilidades, las secretarias Alcalde y Clouthier se han estado echando la culpa mutuamente, a grado tal que las diferencias no sólo se están ventilando ante el presidente, sino que han trascendido públicamente, con el daño que esto puede causar al trabajo del Gabinete.

Ejemplo de ello es lo ocurrido el viernes 12 de agosto, cuando las dos instituciones emitieron comunicados de prensa en los que dejan ver el encono que existe, y que ha llevado a ambas secretarías a estar prácticamente al margen del operativo de rescate.

El primer comunicado (007/2022) lo emitió la Secretaría del Trabajo. Dos señalamientos son claves: “la STPS no otorga ni retira concesiones, esa facultad corresponde a la Secretaría de Economía”; “a la Secretaría de Economía se le ha comunicado la existencia de 12 explotaciones mineras que presumiblemente pudieran tener irregularidades en el uso de sus concesiones”.

Estas dos frases motivaron la respuesta, minutos después, de la dependencia que encabeza Clouthier (comunicado 051): “La Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía suspendió provisionalmente las obras y trabajos en 10 concesiones mineras, el pasado 11 de agosto, hasta que los patrones o representantes de cada uno de los centros de trabajo acrediten el cumplimiento de las medidas dictadas en cada uno de los respectivos expedientes luego de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Ninguna de las concesiones arriba señaladas corresponde con la de ‘Las Conchitas Fracc. Norte’ número de título 221087, propiedad de CIA MINERA EL PINABETE, SA de CV.

“La Dirección General de Minas fue informada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el pasado 9 de agosto, sobre la existencia de un oficio del 9 de diciembre de 2021, que solicitaba al director general de Minas de ese entonces, proceder con la suspensión provisional de obras y trabajos de los lotes mineros:  219392, 198194, 224555, 216996, 219420, 240825-240826, 219355, 219316, 243787 y 233958. Como se indica en el segundo párrafo, no figuraba la propiedad CIA MINERA EL PINABETE, SA de CV”.

El énfasis se lo pone la propia Secretaría de Economía a su comunicado, mismo que no sólo confirma el conflicto entre ambas dependencias, sino que además admite fallas graves en la vigilancia de las concesiones mineras. Y es que resulta que dos puestos clave que podrían haber evitado la tragedia estaban asignados a personas de las que ahora se sospecha habrían incurrido en actos de presuntamente irregulares. Se trata del exdirector general de Minas –Eduardo Enrique Flores Magón y López– y del exdirector de Revisión de Obligaciones –Eduardo Felipe de Jesús Ordiales Yurrita.

El propio comunicado de Economía señala: “el entonces director general de Minas no procedió con la suspensión provisional de las obras y trabajos, al argumentar que la información de la STPS sobre las 10 concesiones mencionadas previamente (219392, 198194, 224555, 216996, 219420, 240825-240826, 219355, 219316, 243787 y 233958), no coincidía con los datos registrales en poder de la Dirección General de Minas.

“Considerando ésta y otras posibles irregularidades, de las cuales se ha dado vista al Órgano Interno de Control en la Secretaria de Economía, con el propósito de que se investigue y, en su caso, finquen las responsabilidades correspondientes, se dio la salida del director general de Minas y el director de Revisión de Obligaciones en junio pasado.”

En estas aseveraciones no se puede dejar de observar que los números de concesiones observadas como presuntamente irregulares por la Secretaría del Trabajo –12– y las suspendidas por Economía –10– no coincide. Tampoco se puede obviar el hecho de que la SE indique que fue en junio cuando se separaron del cargo los dos exfuncionarios por esta irregularidad y otras, pero fuera hasta el pasado 11 de agosto cuando suspendió las labores en las 10 concesiones; y que ello se debió a una nueva comunicación de la STPS, de fecha 9 de agosto, cuando ya habían transcurrido seis días de la tragedia en la mina El Pinabete.

Aún falta mucho por saber acerca de esta desgracia, pero queda claro que por lo menos en esa mina fallaron los controles tanto de la Secretaría del Trabajo como de Economía. Y en esta última, Tatiana Clouthier tendrá mucho que aclarar sobre el manejo de las concesiones mineras y todas las anomalías detectadas en la Dirección General de Minas y la Dirección de Revisión de Obligaciones.

En los propios comunicados también se deja entrever la ausencia de ambas dependencias en el operativo de rescate de los 10 mineros atrapados, que han encabezado la Secretaría de la Defensa y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Al respecto una argumenta: “si bien la STPS no coordina el rescate de los trabajadores mineros atrapados en la mina Pinabete, se ha tenido presencia escalonada desde el primer momento en el lugar del accidente, en apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Sedena, a través del titular de la Unidad de Trabajo Digno, del director General de Inspección Federal del Trabajo, del coordinador Regional en la Zona Norte del país, de la directora de la Oficina de Representación de la STPS en Sabinas y de una guardia de inspectores federales del Trabajo”. Y la otra dice: “la Secretaría de Economía ha estado presente en las instalaciones del El Pinabete en todo momento a través del Servicio Geológico Mexicano con dos de sus geólogos, así como un doctor de la Universidad Autónoma de Nuevo León con especialidad en hidrogeología”. Queda claro que ambas están marginadas.

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