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AMLO: Banxico deberá decidir si investiga o no irregularidades

AMLO: Banxico deberá decidir si investiga o no irregularidades

Luego de tres años, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó la Tasa de Interés Interbancaria en 11 por ciento

El Banco de México (Banxico) –encabezado por Victoria Rodríguez Ceja– es el que deberá decidir si investiga o no los hechos de presunta corrupción en los que habría incurrido la Dirección General de Emisión, que implicaron un sobrecosto de 595 millones de pesos en la construcción de la nueva planta complementaria de billetes (en Jalisco) y una depreciación del jet CRJ-700 Bombardier que llegó con 1 año y medio de retraso y estuvo en tierra por fallas técnicas. Así lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, a pregunta de Contralínea.

Indicó que se trata de un asunto que tiene que ver el Banco de México porque es un organismo autónomo. “Sin embargo, es importante que se dé a conocer aquí para que, si lo consideran en el Banco de México, se inicie una investigación y se actúe”.

En su conferencia desde Palacio Nacional, agregó “que la autonomía no puede significar impunidad, no es sinónimo de impunidad. Todos tenemos que informar, todos debemos estar sujetos al escrutinio público, todos”.

Al respecto, Contralínea documentó que el director general de Emisión y cajero principal del Banxico ha incurrido en diversas negligencias, entre ellas la de la nueva fábrica de billetes.

El presidente López Obrador consideró que se trata de una red de componendas y de complicidades entre quienes “vienen dominando y haciendo negocios, y viviendo al amparo del poder público y protegiendo la corrupción desde hace tres, cuatro décadas”.

Y es que, esta revista documentó que el abogado Alegre Rabiela se formó en los circuitos del espionaje político y que era el segundo al mando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional cuando los hijos del presidente López Obrador fueron acosados por un helicóptero del Cisen en su propio domicilio, en el contexto de las protestas que encabezaba el primer mandatario por el tema petrolero entre 1995 y 1996.

En 1986 –apenas un año después de que el entonces presidente Miguel de la Madrid fusionara a la temida Dirección Federal de Seguridad con la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, en una nueva institución denominada Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Dgisen, que es el antecedente del Cisen)–, el actual cajero principal del Banxico ingresó a esta última como analista de la Coordinación de Asesores del director general. Ello, tras graduarse como licenciado en derecho por la Universidad Anáhuac (carrera profesional que cursó entre 1981 y 1986).

Rápidamente escaló a jefe de planeación informativa de la Coordinación de Difusión de la Dgisen, cargo que ocupó a lo largo de 1987. A fines de ese mismo año ascendió a subdirector de Investigación Foránea, puesto en el que se desempeñó hasta 1989, cuando la Dgisen se transformó en Cisen. Previo a este cambio, desde los sótanos de Gobernación y con asistencia de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, se operó el fraude electoral conocido como “caída del sistema”, que llevó a la Presidencia de la República al priísta Carlos Salinas de Gortari y generó un gran descontento social en las calles por haberle arrebatado el triunfo al entonces candidato de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas.

En pleno sexenio de Salinas –y con Jorge Carrillo Olea al frente de ese Centro–, Alegre Rabiela se desempeñó como jefe de Desarrollo Tecnológico de 1989 a 1990, función desde la cual controló las plataformas de intervención (ilegal) de comunicaciones telefónicas, desde donde se espiaba a actores políticos y líderes sociales, incluido el actual presidente de la República, López Obrador.

De ahí, en 1990 pasó a la Coordinación General de Atención de los Delitos Contra la Salud (antecedente del Centro Nacional de Planeación para el Control de Drogas, Cendro), como director de Información de la Dirección General de Planeación en Delitos contra la Salud. En junio de 1992, Salinas de Gortari creó el Cendro como órgano administrativo desconcentrado, subordinado a la entonces Procuraduría General de la República. Su objetivo era coordinar, planear, conducir y evaluar las acciones del Poder Ejecutivo Federal, y de gobiernos estatales y municipales, en los ámbitos educacional, de atención médico sanitaria y de atención jurídico penal en el control del abuso de las drogas.

De 1992 a 1993, Alegre Rabiela fue director de Información Táctica del Cendro. Y en 1993 fue nombrado coordinador general del mismo, cargo en el que sólo estuvo un año.

Para 1994 –en el complejo contexto del levantamiento armado en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; del magnicidio del candidato priísta presidencial Luis Donaldo Colosio; y, posteriormente, de la crisis económica de 1994-1995, conocida como “error de diciembre”–, el funcionario del Banxico retornó al Cisen, primero como secretario general, en donde era el segundo mando, y permaneció en esa función hasta 1999. En esos mismos años, Genaro García Luna se desempeñó, primero, como analista y luego como subdirector de Contrainteligencia y Antiterrorismo en el mismo Centro de Investigación y Seguridad Nacional, bajo las órdenes de Alegre Rabiela.

En el escalafón del Cisen –órgano que el presidente López Obrador desapareció desde su primer día de mandato, para cancelar el espionaje político en México–, el secretario general era el segundo cargo en importancia sólo por debajo del director. Por ello, tenía bajo su mando la estructura interna de la institución (14 áreas, incluidas las que ocupó en su momento García Luna). Entre las facultades de Alegre Rabiela también estaban la de nombrar a los delegados estatales del Cisen y la de coordinar la comunicación con la Presidencia de la República y la propia Secretaría de Gobernación.

Ya con Ernesto Zedillo como presidente y con Alegre Rabiela como segundo al mando del Cisen, en ese periodo (1994-1999) el órgano de la “inteligencia civil” se encargó lo mismo de atender crímenes de lesa humanidad como las masacres de Acteal (22 de diciembre de 1997) y El Charco (7 de junio de 1998), que de monitorear el descontento social originado por el rescate de bancos con el Fobaproa, de carreteras con el FARAC, y de las privatizaciones (entre ellas, la de Ferrocarriles Nacionales).

Finalmente, en 1999 el priista Zedillo lo nombró director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El máximo cargo lo ocupó hasta 2000, en la época en la que Diódoro Carrasco Altamirano fungió como secretario de Gobernación. En ese tiempo vio estallar el conflicto estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México, en abril de 1999 -en donde el Cisen se movía a su antojo- que produjo una huelga de más de 9 meses contra el cobro de cuotas. Este terminó con la violación flagrante de la autonomía universitaria, cuando elementos de la entonces Policía Federal Preventiva reprimieron a los estudiantes que mantenían tomadas las escuelas y facultades.

También, desde la dirección del Centro, conoció los planes de fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, sin que actuara para evitar el primer escape de este delincuente del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, que finalmente ocurrió el 19 de enero de 2001.

Según la publicación Reporte Índigo, el Cisen tenía agentes infiltrados en los pisos C y D del penal, que reportaban a sus superiores todo lo que pasaba. Incluso, hay evidencia de que el 11 de octubre de 2000, el agente identificado con el alias de César Andrade (y cuyo nombre real es Carlos Arias) mandó una tarjeta a sus jefes –entre ellos Alegre Rabiela– en la que exponía que el Chapo y Héctor Palma, conocido como el Güero Palma, controlaban la prisión y estaban intentando corromper a los vigilantes para escapar (lo que consta en declaraciones ministeriales de los propios custodios). Aunque ello ocurrió meses antes, el órgano de seguridad nacional no impidió la fuga del líder del Cártel de Sinaloa.

Otro caso que revela quién es este funcionario y cuál ha sido su modo de actuar es el que quedó documentado en agosto de 2000, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la primera recomendación (13/2000) en contra del Cisen y de Alegre Rabiela, por actos de espionaje que atentaron contra la integridad del periodista Miguel Badillo y su familia.

De acuerdo con la Recomendación (disponible en la página https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-132000 ), el 13 y 14 de junio de 2000 un automóvil marca Tsuru, color azul metálico, placas 324KCA, permaneció estacionado frente al domicilio familiar durante toda la mañana y parte de la tarde; asimismo, el miércoles 14 el referido auto, tripulado por dos agentes del Cisen, siguió a la señora Celia Rosas Vargas [esposa del periodista] por la ciudad, por lo que ella se detuvo con unas amistades, quienes se percataron de tal hecho. Tras investigar la queja, la CNDH concluyó que “se acreditan violaciones a los derechos humanos que atentan en contra del derecho a la vida privada, así como actos de molestia carentes de fundamentación y motivación, por parte del personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que llevó a cabo una vigilancia en el domicilio de los agraviados […] sin estar legalmente facultados para ello”.

Pese a ello, ya en el sexenio de Vicente Fox, este funcionario se convirtió en asesor del entonces secretario de Gobernación, el panista Santiago Creel Miranda. Este encargo lo ocupó en 2001 sólo unos meses, pues para finales de ese año ya había saltado al Banco de México. Desde este nuevo encargo presenció la fuga del Chapo Guzmán que no evitó.

Su paso por el Banxico

En el Banxico su primer puesto fue el de asesor de la Junta de Gobierno, que entonces encabezaba Guillermo Ortiz Martínez (enero 1998-diciembre 2009). En 2003 (y hasta 2008) ocupó la Dirección de Seguridad del banco central; en 2008 asumió la titularidad de la Dirección General de Planeación y Presupuesto, cargo que sostuvo tras la llegada de Agustín Carstens (enero 2010-noviembre de 2017). Y para 2011 obtuvo el nombramiento que mantiene hasta la fecha (aún después de la llegada y salida de Alejandro Díaz de León: diciembre 2017-diciembre 2021): director general de Emisión y Cajero Principal de la Fábrica de Billetes.

De él dependen otras 112 áreas estratégicas del Banco de México –direcciones, subdirecciones, gerencias, subgerencias, oficinas, cajeros regionales, centros–, desde las cuales el funcionario habría incurrido en negligencias que habrían dañado el patrimonio del banco central y que se abordarán en las próximas entregas.

Desde su actual encargo, tiene bajo su mando la Dirección de Seguridad, integrada por: Gerencia de Prevención y Planeación de Seguridad, Subgerencia de Prevención y Protección Civil, Oficina de Investigación Operativa de Seguridad, Oficina de Análisis de Seguridad, Oficina de Protección Civil, Subgerencia de Planeación, Formación y Evaluación en Seguridad, Centro de Coordinación y Control, Oficina de Formación y Apoyo en Seguridad, Oficina de Planeación de Seguridad, y Gerencia de Protección y Traslado de Valores.

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