A sólo 24 horas de que María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad solicitara la protección del Poder Judicial para seguir cobrando la millonaria pensión con cargo al erario nacional y que obtuvo presuntamente de forma indebida, criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Resulta que –me informa el director de Pemex– [la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo] presenta una solicitud de amparo y en 24 horas el juez le otorga el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo. Y creo que, hasta con la amenaza de que si no [se le reintegra], se procede penalmente”, señaló en su conferencia matutina.

El primer mandatario expuso que los argumentos que presentó María Amparo Casar –a través de su abogado– para que se le siga pagando 1.5 millones de pesos anuales de Pemex “es que, si le quitan la pensión, los 125 mil pesos [al mes], se queda sin recursos, se afecta su subsistencia”.

López Obrador dejó al descubierto que eso es falso, al subrayar que es de dominio público que la asociación civil, “en ese instituto para ‘combatir la corrupción’, entre comillas, le pagan creo que 250 mil pesos mensuales. Entonces, ¿cómo se va a quedar?”

Algunos presentes en la conferencia recordaron que, además, María Amparo Casar también percibe recursos públicos de Canal 11, por su participación en un programa de opinión que transmite esa televisora pública. A lo que el titular del Ejecutivo federal dijo que no se mete en eso, pero reiteró que uno de los elementos que utilizó el juez para restituir la pensión.

Y a la pregunta de si se va a impugnar esta resolución, López Obrador respondió: “sí, claro. No, no, no. ¡Cómo creen que nos vamos a quedar así! Y no es nada personal, es que, además, resulta que esta fundación de Claudio X González, que fue la fundación que estuvo en contra de los maestros cuando la llamada o mal llamada reforma educativa, que hubo represión, que hubo asesinatos, este señor Claudio X González fue el que creó esta organización, y con todos o la mayoría de los abajofirmantes tienen que también demostrar sus ingresos”.

Formalmente no va a solicitar, dijo, al gobierno de Estados Unidos que informe cuánto dinero le ha dado a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, pues sería de mal gusto que venga la asesora del presidente Joe Biden –Elizabeth Sherwood-Randall– “y que le dé yo una tarjeta: ‘oiga, ustedes están financiando a esta asociación que está atacando de manera abierta a un gobierno legal, democráticamente constituido. ¿Qué pasa con ustedes?’”

López Obrador indicó que su gobierno no incumplirá la orden judicial, “pero lo vamos a litigar y aquí vamos a estar informando de cómo van las cosas. De repente, a lo mejor va a venir el director de Pemex a informar más, porque hay mucha desinformación, mucha manipulación. Entonces, aquí aprovechamos para hacer uso de nuestro derecho de réplica para que la gente tenga toda la información”.

Como se sabe, Pemex denunció penalmente lo que podría configurar un presunto fraude a la Hacienda Pública por más de 31 millones de pesos, y que –de acuerdo con el director general de la petrolera, Octavio Romero Oropeza–, con el que se busca que María Amparo Casar restituya ese dinero a la nación.

El expediente de Petróleos Mexicanos no sólo documenta los 1.8 millones de pesos del erario que la petrolera destinó al pago de las colegiaturas de los dos hijos de Casar Pérez, sino también otras transferencias de recursos públicos a sus cuentas bancarias, como pagos de pensiones vitalicias que la presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cobró hasta febrero pasado, fecha en que Pemex suspendió el pago y denunció el presunto fraude.

En la conferencia presidencial del 3 de mayo pasado, el ingeniero Octavio Romero Oropeza expuso que las acciones legales en trámite buscan “recuperar los montos indebidamente pagados, que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”.

De lo anterior se desprende que las denuncias presentadas por el área jurídica de Pemex estarían reclamando directamente a Casar Pérez restituir a la Hacienda Pública ese monto millonario, tras considerar que se estaría configurando un presunto fraude continuado contra el erario de la petrolera, pues cada mes se le estaba pagando de forma supuestamente indebida más de 130 mil pesos del dinero del pueblo.

El pasado 3 de mayor, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, explicó que el 7 de octubre de 2004, Carlos Fernando Márquez –entonces coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex y esposo de María Amparo Casar– se suicidó en las instalaciones de la empresa (se arrojó desde una ventana del piso 12 del edificio A de la Torre de Pemex en la Ciudad de México). En aquel año, la petrolera estaba encabezada por Raúl Muñoz Leos.

Derivado del fallecimiento de Márquez, “su cónyuge María Amparo Casar –que es la jefa, directora, la cabeza de la institución o no sé cómo se llamaría, Mexicanos a Favor de la Corrupción– solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post mortem, la pensión para sus hijos y para ella […] antes de que hubiera un dictamen pericial”, explicó Romero Oropeza en la conferencia presidencial. En aquel momento, Casar Pérez era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Tras la muerte del funcionario, “los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio. Por cierto, esta señora junto con un intelectual mexicano, Héctor Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirle que modificaran el dictamen, que no apareciera ‘suicidio’, sino que apareciera ‘accidente’, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Finalmente, se resolvió que fue suicidio; sin embargo, en Pemex omitieron eso los funcionarios y lo dieron como accidente, y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones”, denunció el director general de la petrolera.

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