El gobierno federal anunció una nueva etapa de expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que combina inversión pública y privada por más de 170 mil millones de pesos, cuyo objetivo es garantizar el suministro eléctrico, fortalecer la soberanía energética y avanzar en la transición hacia energías limpias, bajo un modelo de planeación vinculante que mantiene al Estado como actor principal, con el 54 por ciento de la generación.

Durante el anuncio en la conferencia presidencial matutina, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, informó que ya están en marcha los proyectos prioritarios de generación firme, los cuales permitirán anticipar el crecimiento de la demanda y reducir riesgos en el suministro. Se trata de cinco centrales que en conjunto añadirán cerca de 3 mil megawatts, con una inversión de 4 mil 328 millones de dólares (alrededor de 80 mil 939 millones de pesos).

Entre estos proyectos destaca la Central de Ciclo Combinado “Francisco Pérez Ríos” Tula II, en Hidalgo, cuya construcción ya inició y que representa la primera central de generación de la actual administración. Además, las centrales de Salamanca, Altamira y Mazatlán están en fase de ingeniería básica para iniciar obras en el corto plazo, mientras que el proyecto de Los Cabos entrará en proceso de desarrollo a partir de enero.

De forma paralela, la CFE avanza en una transición energética con la ampliación de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora. Las fases 3 y 4 del proyecto aportarán mil megawatts de energía limpia, alcanzando una capacidad total de mil megawatts y consolidando el complejo fotovoltaico más grande de América Latina. Estas etapas evitarán la emisión de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año y cuentan con sistemas de almacenamiento para estabilizar la intermitencia de la generación solar.

A estos esfuerzos, se estableció durante el anuncio, se suman nuevos proyectos fotovoltaicos en Coahuila y otros tres de energía limpia –dos solares y uno eólico– en Durango, Quintana Roo y Guanajuato, desarrollados en coordinación con el Fondo Nacional de Infraestructura y la Secretaría de Energía, a fin de ampliar la capacidad renovable sin comprometer la confiabilidad del sistema.

En materia de infraestructura, la CFE anunció la ejecución prioritaria de 66 proyectos de transmisión entre 2025 y 2026, para reforzar la red eléctrica, eliminar cuellos de botella y acompañar la expansión industrial y urbana del país. Asimismo, buscan garantizar la estabilidad del sistema ante el aumento de la demanda eléctrica en diversas regiones.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, dio a conocer los resultados de la convocatoria dirigida al sector privado, emitida el pasado 17 de octubre, la cual, dijo, tuvo una amplia respuesta y permitió acelerar la autorización de proyectos de generación bajo el nuevo esquema de planeación integral. De un total de 98 propuestas, se seleccionarán 20 proyectos listos para iniciar su construcción de manera inmediata.

Estos proyectos privados incluyen 15 centrales fotovoltaicas con una capacidad de 2 mil 471 megawatts y cinco proyectos eólicos, que aportarán 849 megawatts, sumando 3 mil 320 megawatts de nueva generación, además de mil 488 megawatts de almacenamiento de energía. La inversión asociada asciende a 4 mil 752 millones de dólares, equivalentes a cerca de 90 mil millones de pesos, y se distribuirá en 11 estados del país.

De acuerdo con la planeación oficial, 19 por ciento de estos proyectos entrará en operación en 2027, 78 por ciento en 2028 y el resto en 2029. La secretaria de Energía destacó que este nuevo modelo redujo los tiempos de aprobación de permisos desde hasta año y medio a un promedio de dos meses, sin sacrificar el rigor técnico ni los criterios ambientales, sociales o de justicia energética.

El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a las inversiones y anunció que se lanzará una segunda convocatoria para proyectos privados a finales de enero. Con ello, se busca consolidar un sistema eléctrico más robusto, confiable y limpio, alineado con las necesidades reales del país y con una mayor rectoría del Estado en la planeación del sector.

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