La audiencia para revisar la prisión preventiva del profesor Macario García Merino, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), fue aplazada luego de que un agente del Ministerio Público abandonara la diligencia, informó el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI).

La revisión de la medida cautelar, solicitada por la defensa debido al estado de salud de García Merino, fue reprogramada para el viernes 16 de octubre a las 13:30 horas. La audiencia estaba prevista inicialmente para el lunes 12 de octubre de 2026, dentro de la causa penal 307/2019.

De acuerdo con CEDHAPI, el representante del Ministerio Público participaba de manera virtual, pero abandonó la diligencia cuando ésta comenzaba, por lo que la audiencia no pudo realizarse.

La organización advirtió que mantener la prisión preventiva podría agravar la condición de salud de García Merino y sostuvo que existen intentos de obstaculizar la revisión de la medida cautelar. Asimismo, acusó una posible intervención política de autoridades estatales en el caso.

García Merino permanece privado de la libertad luego de que en mayo pasado un juez lo vinculara a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, dentro de la causa penal 307/2019, y le impusiera prisión preventiva. Su defensa ha cuestionado la legalidad de su detención y sostiene que fue víctima de violaciones a sus derechos humanos.

El dirigente del MULTI también es uno de los solicitantes de la medida cautelar MC-279-22, otorgada el 27 de octubre de 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de familias triquis de Tierra Blanca Copala desplazadas hacia la comunidad vecina de Yosoyuxi Copala.

La resolución de la CIDH señala que la petición fue presentada por CEDHAPI, Horacio Ariel Santiago Díaz y Macario García Merino. El organismo internacional determinó que las familias desplazadas se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daños irreparables a su vida e integridad.

Como antecedente, CEDHAPI sostiene que el 15 de mayo de 2026 policías estatales ingresaron al domicilio de García Merino sin mostrar una orden judicial y posteriormente lo sometieron, golpearon y trasladaron en una patrulla. La organización denunció además que, durante el traslado, uno de los agentes habría colocado una rodilla sobre su cuello.

Los señalamientos fueron incorporados, según la organización, a la carpeta de investigación 12829/FCTO/2026 de la Unidad Especial de Tortura de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad.

Las autoridades estatales ofrecieron una versión distinta sobre los hechos. En mayo, el gobierno de Oaxaca informó que policías acudieron al lugar después de recibir un reporte por disparos de arma de fuego y que García Merino fue puesto a disposición de la autoridad ministerial. Posteriormente se informó de la ejecución de una orden de aprehensión relacionada con un homicidio ocurrido en 2008.

Ante el aplazamiento de la audiencia, familiares de García Merino y CEDHAPI pidieron que actores políticos se abstengan de intervenir en el proceso y que se garantice al dirigente triqui el derecho a solicitar la revisión de la prisión preventiva.

La organización informó además que presentará el caso ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.