Luego de 24 horas de discusión, la mayoría de las y los diputados aprobaron esta tarde el dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas —que modifica la Ley de Aguas Nacionales—, con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones.

Enviada por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, la iniciativa discutida contenía 50 modificaciones al proyecto original, más 18 reservas que se presentaron de igual manera en el Pleno de la Cámara de Diputados, resaltó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la cámara baja.

Durante su participación, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena refutó las narrativas que personajes políticos opositores han difundido sobre las iniciativas, principalmente aquellas que sugieren que con la nueva ley se quitará el agua a las y los poseedores de tierras. En este sentido, recordó que “personalmente recibí a 22 grupos de 22 estados del país”.

A esto, el priista Rubén Moreira Valdez acusó que no se consultó a las personas integrantes de pueblos originarios, como exige la Constitución mexicana y el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. “El gobierno no hizo consulta. No consultó esa iniciativa que llegó. El gobierno les falló a los pueblos originarios”, dijo.

Al mismo tiempo que se discutía el dictamen en el pleno, que terminó por aprobarse en lo general y lo particular, personas agricultoras mantenían un plantón afuera del recinto legislativo, adonde llegaron montados en tractores para protestar en contra de la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum, pues —en sus palabras—, iba a afectar el derecho de concesión al agua que tienen para regar sus parcelas.

Esta ley busca garantizar el derecho humano al agua, así como poner fin “al mercado negro” del vital líquido y ordenar el sistema de concesiones, indicó a su vez Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, en diferentes conferencias presidenciales.

En la conferencia presidencial del pasado 24 de septiembre, el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, explicó: hay casos de acaparamiento por particulares, quienes a veces “ostentan uno, dos, tres, cuatro, cinco títulos de concesión, y lo que están haciendo con esos títulos es esperar a que se quiera instalar alguna industria, algún comercio, algún desarrollo habitacional, y que cuando esto ocurra”, vender estos títulos.

Dictamen se envía al Senado

Luego de aprobarse en la Cámara de Diputados, la iniciativa se turnó al Senado de la República, donde se prevé que se le dé celeridad a su aprobación, según declaró a la prensa el senador morenista Adán Augusto López Hernández, a fin de que se hagan los trámites necesarios para que no pase por las comisiones y llegue directamente al pleno, agregó.

Ello, porque —en su opinión—, ya ha sido discutida en la cámara baja, lo cual se muestra en las modificaciones que se le hicieron. Respecto de los bloqueos y protestas de sectores agropecuarios, dijo que “detrás de las inconformidades hay muchos intereses políticos; los acaparadores de agua están detrás de esto”, sostuvo.

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