Por unanimidad, con 109 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen con el que se reforma a la Constitución, con el propósito de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea la modificación al Artículo 73 constitucional para establecer un marco normativo homologado en todo el país que permita unificar la tipificación del delito, así como los criterios para su investigación, persecución y sanción en todas las áreas federativas.
De esta manera, la iniciativa de reforma busca sentar las bases para la creación de una ley general que articule las acciones de los distintos órdenes de gobierno e instituciones, con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, además de garantizar el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias. Con ello, se pretende fortalecer la capacidad del Estado para “combatir la impunidad y avanzar en la erradicación de este delito”.
Sin embargo, el documento –presentado por la titular del Ejecutivo Federal y remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y votación– señala que la reforma no implica un impacto presupuestario adicional, ni para el ejercicio fiscal en curso ni para los subsecuentes. En este sentido, legisladores de las bancadas opositoras –Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)– exigieron la asignación de recursos, al advertir que, sin presupuesto, la medida podría “quedar en letra muerta” en detrimento de las víctimas.
Pese a ello, el dictamen pone al centro la urgencia de contar con una legislación que establezca bases para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, debido a que actualmente el delito se encuentra regulado de manera desigual en los códigos penales de las entidades federativas.
De igual manera, durante la discusión, el senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que la reforma tiene una “trascendencia histórica y humanitaria”, al recordar que no se trata solo de modificar leyes, sino de responder a una deuda con las mujeres víctimas de violencia feminicida. Pues, señaló, alrededor del 90 por ciento de estos crímenes son cometidos por personas cercanas a las víctimas, como parejas, exparejas o familiares, lo que evidencia la magnitud del problema.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, afirmó que el cambio constitucional es una decisión necesaria, ya que el actual diseño institucional impide una actuación uniforme frente al feminicidio, lo que ha contribuido a la impunidad. Con ello, recordó que en el país existen 33 códigos penales –uno por cada entidad federativa y el de carácter federal–, lo que genera criterios dispares y agravantes que no coinciden entre estados. Esta fragmentación normativa, advirtió, provoca que en algunas entidades la justicia sea expedita, mientras que en otras resulte dilatada o incierta.
En la misma línea, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario de Morena, advirtió que el feminicidio “no admite demoras”, al tratarse de una grave violación a los derechos humanos, por lo que el Estado debe responder de manera articulada, integral y sin vacíos ante esta forma extrema de violencia.
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