Las respuestas que ha dado la nueva administración del Archivo General de la Nación (AGN) en relación con solicitudes de información —desconocimiento, falta de catálogos, de personal y de presupuesto— son las mismas que daba durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que hay una continuidad de las políticas restrictivas, denunció Magdalena Pérez Alfaro, historiadora del Museo Casa de la Memoria Indómita (MCMI).
A pesar de que el nuevo gobierno ha dado a conocer una supuesta “apertura” de los archivos de los extintos Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Dirección Federal de Seguridad (DFS), Pérez Alfaro señaló que mientras sólo se entreguen “versiones públicas”, la información no será totalmente abierta.
Durante el foro “Los archivos censurados de la Guerra Sucia”, explicó que las contradicciones persisten y que la Ley General de Archivos, que entró en vigor el 15 de junio de 2019, es ambigua al momento de determinar qué información puede ser abierta al público.
El artículo 36 de dicha Ley indica que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”. Pero en el segundo párrafo se señala que “los documentos que contengan datos personales sensibles (…) conservarán tal carácter, en el archivo de concentración, por un plazo de 70 años”.
“¿Quién va a interpretar estos dos párrafos de la ley? ¿Quién va a decir cuando son datos sensibles y cuando de interés público? No solamente se trata de personal y presupuesto sino de de voluntad política”, opinó la historiadora, quien defiende que todas las restricciones deben eliminarse para conocer la lógica de la represión a través de la investigación histórica.
Saturación y falta de personal
Anuar Ortega Galindo, otro historiador del MCMI, comentó que hasta 2021 recibirá los documentos que solicitó y que están relacionados con casos de narcotráfico que investigaba la DFS. De acuerdo con una calendarización de entregas que le proporcionaron, empezará a recibir la información en agosto de 2019 pero la entrega total tardará 2 años.
“El hecho de que se dijera que ya estaban abiertos los archivos del espionaje en México generó una saturación en las solicitudes de información. Y (el AGN) tiene una poca capacidad de responder”, señaló Ortega Galindo. Explicó que en 2018 se realizaron unas 400 solicitudes y en lo que va de 2019 ya son más de 700.
“Las intenciones de que haya apertura de los acervos históricos del espionaje tendría que verse reflejado en un aumento al presupuesto para el AGN. No basta con se hagan expresiones políticas”, opinó.
Ortega Galindo aseguró que el actual director general del AGN, Carlos Enrique Ruiz Abreu, le externó sus carencias de personal. “En su momento me comentó que con 30 plazas podría sacar adelante el trabajo que tienen retrasado”.
el historiador considera que también son necesarias “manos especializadas”.
Al respecto, Jessica Alcázar, coordinadora de los Archivos de la Represión de Artículo 19, comentó que “quien haga las transferencias deben de ser peritos especializados en historia y derechos humanos”. Señaló que en este momento no queda claro quién está realizando las valoraciones de qué sí se puede entregar y qué no.
Otro aspecto que argumenta el AGN para tardar en la entrega de información, o no proporcionarla completa, es que no cuentan con instrumentos de consulta. “Su plan es crear uno y dicen que en 1 año lo tendrían. ¿Se imaginan catalogar a por lo menos 5 millones de sujetos investigados? El sexenio no alcanzaría para hacer ese famoso instrumento de consulta”, comentó el historiador Rubén Ortíz Rosas, también del MCMI.
Para Ortega Galindo es mentira que no tengan tales instrumentos y es “muy grave” que el director actual sostenga ello. “Por las relaciones laborales que tengo, conseguí el catálogo que Aurora Gómez (exdirectora del AGN) realizó del acervo de la DFS”, comentó el historiador para dar a entender de que sí existen registros ordenados de la información.
Magdalena Pérez Alfaro se manifestó preocupada porque persista la impunidad y las dificultades que han generado los gobiernos en materia de acceso a la información. En su opinión, la situación actual genera precedentes para obstruir próximas solicitudes de lo que se está documentando en la actualidad. “Nos preocupa que el tratamiento que se le va a dar a esta información sea parecido al que se le está dando ahora”.
Marcial Yangali
