La Corte Federal de Apelaciones de Canadá recibirá el caso Mariano Abarca, opositor a la minera canadiense Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre del 2009, después de enfrentar a la empresa que había divido el municipio donde se instaló, contaminado el medio ambiente y había sido hostigado durante meses. Las últimas palabras que escuchó el hombre fueron: “Ya conozco dónde vives, ¡bájale!”

Los representantes legales en Canadá de la familia de Mariano Abarca, Otros Mundos Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), aliados mexicanos y canadienses, anunciaron que el encuentro será el próximo 8 de noviembre de este año.

“Buscamos una investigación a la Embajada Canadiense por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano en las semanas y meses antes de su asesinato, el 27 de noviembre del 2009, como resultado de su lobby político a favor de la minera canadiense Blackfire, aun cuando tuvo conocimiento que la empresa y sus trabajadores amenazaban su vida por estar denunciando los daños sociales y ambientales de una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas”, informaron a través de un comunicado.

La Corte canadiense escuchará argumentos jurídicos a favor de la investigación que ha llevado Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales (CLAIHR, por sus siglas en inglés), la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson, en Toronto.

“Si la Corte Federal de Apelaciones falla a favor de la familia, nuestra petición para una investigación regresará al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá”, informaron mediante un comunicado.

El hostigamiento contra el defensor del medio ambiente se debió a la oposición que manifestaba por los trabajos de explotación de barita a cielo abierto, realizados en el municipio por Blackfire Exploration.

Albañil de oficio, Mariano Abarca fue asesinado a las afueras de su negocio, “un restaurancito” atendido por su hijo mayor, su esposa y él. Así terminó la vida del padre de dos varones y dos mujeres, sustento económico de su familia, cabeza y proveedor de un albergue para personas con problemas de alcoholismo.

“Este caso es el primer de su tipo en Canadá que busca la rendición de cuentas del estado canadiense por su apoyo incondicional a sus empresas mineras que generan despojo, destrucción ambiental, daños a la salud, violencia y asesinatos a defensores ambientales”, señala la REMA.

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