Encargado de la investigación marítima y los recursos pesqueros en la Zona Económica Especial de México, el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO) Doctor Jorge Carranza Fraser, sigue operando con irregularidades, como lo hiciera desde su adquisición, en 2013, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El reporte 2018-1-08RJL-19-0335-2019, hecho a la gestión financiera del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), indica que con la inspección que se hizo al navío, uno de los tres con tecnología de punta más importantes en el mundo, se identificó “falta de orden en las existencias de refacciones, partes y artículos de pesca, como boyas, reflectores, lámparas, redes, entre otros”.
El máximo órgano de fiscalización del país constató que el administrador del contrato “no contó con mecanismos de control para el seguimiento, supervisión y vigilancia de los servicios de mantenimiento recibidos por el proveedor, de lo cual, señaló que únicamente verifica la recepción de los ‘entregables’, en incumplimiento de la normativa”.
El informe indica que el Inapesca firmó un contrato por 338 millones 567 mil 500 pesos para los trabajos de traslados, administración, operación y mantenimiento del buque de investigación. En este, la ASF detectó inconsistencias en las pólizas de fianzas, por 13 millones 908 mil 600 pesos, debido a que no hace especificaciones con respecto a “su cancelación, vigencia y a la aceptación de los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas”.
La ASF también identificó que para 2018, el pago de los servicios se realizó en exhibiciones mensuales, por 129 millones 71 mil 700 pesos, dentro de los 20 días siguientes a la presentación de las facturas correspondientes. Por lo anterior, precisa el ente fiscalizador, “se observó que se carece de controles que permitan determinar si los servicios fueron proporcionados en los términos de la normativa, condiciones y especificaciones requeridas en el anexo técnico del contrato, lo que limitó la verificación de la entrega oportuna de servicios y la determinación de aplicación de penas convencionales o deducciones”.
En febrero de 2015, Contralínea documentó que el buque estaba en operación sin estar asegurado, con patrón sustituto y en un proceso sub júdice, “lo que podría poner en riesgo las investigaciones realizadas en las aguas profundas de la Zona Económico Exclusiva del Pacífico” (edición 422).
El BIPO fue adquirido por el Inapesca con recursos del préstamo 2547-OC-ME, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a México, para el Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales, mismo al que se le asignaron 26 millones de dólares por el componente IV: Fortalecimiento de la Investigación Biológico-Pesquera. La adquisición fue ordenada desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y concluida en la de Enrique Peña Nieto.
Ante las irregularidades detectadas, el entonces secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, promovió la renuncia del entonces director general del Inapesca, Raúl Adán Romo Trujillo. La crisis provocada por las inconsistencias en la licitación de los servicios del BIPO, también generó el despido de quien ocupara el cargo como titular del Órgano Interno de Control de la Sagarpa, Juan Salvador Esquer.
Érika Ramírez
