El pasado 21 de octubre, habitantes de la comunidad de Ndoyonuyuji, San Esteban Atatlahuca, en Tlaxiaco, Oaxaca, fueron atacados violentamente. El saldo, al menos dos personas muertas, viviendas quemadas y una veintena de personas desaparecidas —entre ellas niños—, denunciaron ante Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Ante estos hechos, la DDHPO demandó a las autoridades estatales y federales intervenir en la localidad “para detener las agresiones que están generando desplazamientos de personas al interior de la comunidad”.

El organismo autónomo envió un equipo de defensores al lugar, además de emitir medidas cautelares para solicitar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, lleve a cabo las investigaciones correspondientes por los homicidios, e implemente el protocolo de búsqueda de personas, informó a través de un comunicado.

La Defensoría también solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública, y en vías de colaboración a la Guardia Nacional, “efectuar recorridos en inmediaciones de la población para garantizar el bienestar de las y los habitantes.

“Para la institución resulta preocupante el clima de violencia que se ha vivido en las agencias de Guerrero Grande y ahora en Ndoyonoyuxi”, por lo que pidió a la Secretaría General de Gobierno iniciar procesos para recuperar la gobernabilidad en dicha población.

Asimismo, el organismo a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla “se pronunció porque los tres niveles de gobierno diseñen e implementen políticas públicas coordinadas de prevención y atención integral del desplazamiento forzado interno, que permita atender los estándares y compromisos internacionales”.

Resaltó “la necesidad de crear un padrón de personas en situación de desplazamiento forzado interno que permita dimensionar el problema, pues en la entidad este fenómeno ha tenido lugar desde hacer varios años, sin embargo, Oaxaca carece de estadística y cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas lo que hace complejo atenderlas”.

El desplazamiento forzado interno “pone en riesgo el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad personal, así como el derecho a la dignidad, a la verdad, a la justicia, a la libre circulación, a la convivencia y a la paz de las víctimas, quienes necesitan una atención que responda a las características específicas de su situación”, expresó.

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