Por la crisis de opioides, aumenta la presión de Estados Unidos a México para que combata al narcotráfico. En entrevista, el doctor Emilio Vizarretea señala que hay una exigencia del vecino país para que el gobierno de López Obrador entregue alguna de las cabezas de los grandes cárteles: Ovidio Guzmán, Nemesio Oseguera, Ismael Zambada o Caro Quintero. Sobre el operativo Código Negro, indica que se logró conocer la manera en que opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, sus rutas, sus líderes y el control que tienen sobre determinadas plazas

En la relación México-Estados Unidos ha aumentado la presión de este último para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador combata frontalmente al narcotráfico, en el contexto de la llamada crisis de los opioides que enfrenta el vecino país del norte. Al gobierno estadunidense le preocupan las muertes de sus connacionales: llevan más de 104 mil personas fallecidas por consumo de opiáceos y drogas sintéticas, en especial por el fentanilo, explica el doctor en teoría crítica Emilio Vizarretea Rosales.

El académico en la maestría en seguridad nacional del Centro de Estudios Superiores Navales, de la Secretaría de Marina Armada de México, agrega que la presión del lado estadunidense se ha incrementado. “Es una posición que no necesariamente camina en paralelo en la ruta de las estrategias de seguridad mexicanas: se vuelve un tema muy delicado que nos ha llevado a replantear una de las solicitudes que se establecieron en el denominado Diálogo de Alto Nivel en distintas áreas –militar, naval, de inteligencia y seguridad–, que es una exigencia que no se dio a conocer ni se ha difundido tanto, del Estado estadunidense: ‘necesitamos que nos entreguen alguna de las cabezas de los grandes cárteles: sea de Ovidio [Guzmán López], sea el Mencho [Nemesio Oseguera Cervantes], sea el Mayo [Ismael Zambada García], o sea [Rafael] Caro Quintero’”.

El también profesor-investigador de las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México explica a Contralínea que son varios los factores por los cuales se está presionando más a México: el crecimiento de homicidios dolosos, el incremento en los tráficos. “Una serie de actividades que forman parte del portafolio de la violencia criminal que ocurre en nuestro país y que está muy cercano a Estados Unidos”.

El doctor Vizarretea Rosales señala que “ése es el ambiente en el que nos encontramos en estos momentos: muy intenso, muy delicado, muy fuerte. Y obviamente más con nuestras tareas y actividades en la política doméstica, donde se involucran las Fuerzas Armadas”.

—Respecto del operativo Código Negro, se han visto resultados en los últimos dos meses: la detención de la esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación [Rosalinda González Valencia], hace unos días golpearon a varias de las instalaciones, varias de las residencias donde estaba este grupo, donde vivían personas involucradas con este grupo, es decir, tratar de detener el cruce del fentanilo, que causa tantas muertes en Estados Unidos, doctor.

—Esta fue una de las acciones y de los operativos más fuertes, recientemente, en la zona que se da entre Tlaquepaque y Zapopan. En los días posteriores a la detención de la esposa del Mencho fueron secuestrados dos marinos; esto obligó a tomar una serie de decisiones de intervención abierta para hacer una revisión. Hubo un operativo amplio, se mencionaron más de 400 efectivos en la zona que tenían que ver con la búsqueda pero no solamente de los marinos que estaban ausentes, sino también para el reconocimiento de los lugares donde ya hay algunos indicios donde participaban elementos del Cártel Jalisco. Algunos han sido ubicados, otros detenidos, suponemos que se darán a conocer pronto por el intercambio que hay de información; pero, sobre todo, por la lucidez que existió, y lo voy a decir en estos términos: el Cártel Jalisco habría soltado unas notas de que habían fallecido estos marinos. Finalmente fueron encontrados [con vida] dos días, tres días después en Puerto Vallarta. Es decir, hay una movilización que lo que hizo fue mostrar la manera en que operan, y obviamente las rutas que tienen trazadas, lo cual contribuye a los trabajos de inteligencia de la Marina, de la Sedena y de la misma Guardia Nacional en su momento, y el resultado fue exitoso.

El experto en seguridad nacional observa que el CJNG mantiene una operación abierta. “Los representantes, los líderes de los cárteles, o los elementos más significativos actúan en la vida cotidiana como personas normales, pero en el camino van tomando decisiones que afectan en gran medida la estabilidad institucional. Nos dejan entrever que el alcance que tienen de colarse, meterse e involucrarse en la sociedad, eso es significativo de la tranquilidad, la fuerza y el control que ellos tienen sobre determinadas plazas. Eso es lo que ocurrió recientemente en Tlaquepaque y Zapopan, que permitió una intervención directa de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional en la zona”.

Cambio en políticas públicas

El doctor Vizarretea Rosales observa que este gobierno sí planteó un cambio en cómo afrontar el problema del narcotráfico. Al respecto indica que hay una intención de atender lo que denominan las causas originales de la pobreza, la corrupción, la miseria, y obviamente la violencia y la delincuencia. “El tema es fuerte, es importante. Creo que nadie podría estar en desacuerdo con que esas causas sean combatidas y atendidas con una intención de evitar que los más jóvenes, personas entre los 10 y 17 años, fueran reclutadas por la delincuencia organizada ante la escasez de oportunidades de desarrollo en sus comunidades. Lamentablemente no ha ido en paralelo este desarrollo, aún y a pesar de la intención de las becas o de los apoyos que se podrían dar a las familias o a las personas que están trabajando en el ambiente de lo que podíamos denominar ‘el proceso del fenómeno abierto’”.

El académico también se refiere a la tesis que se pretendió circunscribir en la idea de “abrazos, no balazos”: “esto fue una gran modificación, pero también generó una desarticulación de algunos esfuerzos en términos del combate a la delincuencia, y pareciera ser que entramos a una especie de neoliberalismo en la seguridad: ‘dejar hacer, dejar pasar’. Sin embargo, las Fuerzas Armadas en particular, y un poco la Guardia Nacional, se dieron cuenta y tuvieron que asumir que no iban detrás de los objetivos, pero sí hacían su trabajo de inteligencia; no los combatían frontalmente, pero sí había un enfrentamiento, porque se cruzaban en los caminos. No había otra posibilidad más que generar estos intercambios [de fuego], que han sido en algunos casos muy delicados por los eventos trágicos de muerte que hemos tenido”.

El estudioso del modo de operación del crimen organizado señala que en el actual gobierno se ha buscado evitar el crecimiento de daños colaterales provocados por la delincuencia en zonas urbanas. “Quizás la experiencia más fuerte a raíz del combate al huachicoleo que emergió fue el caso de este personaje que fue detenido finalmente, conocido como el Marro [José Antonio Yépez Ortiz], líder de la organización Santa Rosa de Lima. Entonces, estos elementos han tenido una movilización extraña, y que coinciden con algunos actos. El presidente ha sido congruente con sus planteamientos, en muchos casos presentan paradojas y a veces hay una desconexión en las fases porque no se explican los operativos militares, normalmente no se explican hasta después de los hechos, cuando ya se han tomado las decisiones y se hace este evento”.

No obstante, el doctor Emilio Vizarretea considera que, a tres años del actual gobierno, “ la estrategia no ha tenido el éxito que se esperaría, es decir, que no hubiese tantas violencias. Si no se le combate [a los cárteles] no habría tanta violencia. Y a pesar de que podamos decir con datos más o menos fehacientes que en realidad los enfrentamientos se están dando entre los mismos cárteles por controlar directamente las plazas, hemos encontrado un elemento extraño de cómo participaban en la convivencia entre las autoridades locales y los representantes de estos cárteles”.

Como ejemplo cita el caso de la Barbie, Édgar Valdez Villarreal: “un doble agente con una doble personalidad o un agente estadunidense infiltrado en las redes de la narco-delincuencia, pero, que eso no soslaya que haya cometido delitos en nuestro territorio con alta violencia. Nos puso en una situación de tensión también frente a Estados Unidos”.

Acerca de la crítica que existe a la militarización de la seguridad pública, el  académico del Centro de Estudios Superiores Navales considera que no se puede hablar de una militarización en el sentido tradicional, porque “los militares no están pidiendo que les otorguen determinadas atribuciones. Ha sido el poder político, el poder civil, el que les ha ido otorgando al poder militar este tipo de atribuciones, de funciones. En un momento determinado nos hacen ruido, pero van en congruencia con lo que planteaba el presidente sobre la idea de [atender] las causas; pero esas causas, a veces, no son explícitas como quisiéramos que fueran”.

—O tan rápidas, doctor.

—Sí. Y los resultados, desde luego, que son una manera de medir las políticas públicas. Sus resultados, sus procesos y sus estructuras. Pero yo creo que no hay esa intencionalidad, cuando menos no de los militares, de intervenir en asuntos propiamente de los civiles. Son relaciones, vamos a denominarle, difíciles, pero creo que este momento no tenemos esa situación”.

—Doctor, ¿podríamos resumir esto diciendo que las autoridades tendrían que utilizar primero la inteligencia y después la fuerza?

—Sin duda. Eso es una cuestión de principio. Hoy día, en términos de los militares, es una cuestión doctrinaria: se le está dando prioridad al manejo de la inteligencia para la realización de operativos militares.

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