El gobierno de Estados Unidos no presentó pruebas suficientes para que en México se abriera una carpeta de investigación contra la diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, como señaló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior se dio luego de que la institución estadunidense emitiera un comunicado en el que sancionó al líder de Los Mayos, junto con cinco individuos y 15 empresas vinculadas a esta misma facción del Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo conocimiento del tema con algunas semanas de anticipación. Sin embargo, precisó: “de nuestro lado, no hay pruebas suficientes para establecer el lavado de dinero que ellos plantean, fue una decisión de las instituciones del gobierno de Estados Unidos”.

Sheinbaum Pardo detalló que, para que el señalamiento contra la legisladora procediera jurídicamente, el gobierno estadunidense tendría que presentar pruebas sólidas. “Si Estados Unidos presenta todas las pruebas, aquí, en todo caso, se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía”.

No obstante, al no presentarse elementos contundentes, la UIF no pudo proceder al congelamiento de cuentas en México, por lo que quedó únicamente sujeta a las sanciones impuestas desde Estados Unidos.

La presidenta insistió: “si hubiera más información, nosotros no vamos a proteger a nadie, pero hasta ahora la UIF consideró que no había suficiente información para proceder desde México”, reiterando que cualquier investigación requiere de pruebas claras y verificables.

El comunicado del Departamento del Tesoro señala que durante la administración de la exalcaldesa de Rosarito, Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo, integrantes del Cártel de Sinaloa ejercieron influencia en el gobierno municipal mediante operadores políticos y empresariales. Entre ellos, el empresario Jesús González Lomelí, propietario de bares y restaurantes señalados como negocios para el lavado de dinero; y Candelario Arcega Aguirre, operador político cercano a Brown.

De acuerdo con los reportes, ambos fungieron como intermediarios entre la exalcaldesa y los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como Los Arzate, líderes vinculados a la facción de Los Mayos.

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