Al frente del gobierno de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles dejó pendiente de comprobar el destino de 13 mil 679 millones de pesos del erario nacional en 2021. Informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación revelan que otro gobierno que omitió presentar comprobantes del gasto federalizado fue el Durango: en 2021, la gestión del panista José Rosas Aispuro dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos

Con 1 mil 668 auditorías, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta de los resultados de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2021 sobre gasto federalizado y su impacto económico sobre las finanzas públicas del país. Esto arrojó una cifra multimillonaria de 52 mil 211 millones 900 mil pesos que debe ser aclarada por gobiernos estatales, municipales, organismos públicos descentralizados locales, universidad públicas estatales, poderes judiciales de las entidades federativas, dependencias de la Administración Pública Federal, congresos de los estados y órganos administrativos desconcentrados.

De ese gasto sin aclarar que rebasa los 52 mil millones de pesos, el 80 por ciento corresponde a gobiernos estatales, los cuales son responsables de despilfarrar recursos públicos sin comprobar, por lo que el amplio informe de la ASF, órgano dependiente del Congreso de la Unión, les demanda explicar el gasto y destino de 40 mil 968 millones de pesos.

De las entidades más opacas y corruptas destaca Michoacán: durante el último año de gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo (2021) –quien además tiene investigaciones federales y locales por corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictiva y hasta lavado de dinero– se dejó de comprobar 13 mil 679 millones de pesos sólo en un año, que corresponde al 31.5 por ciento del total de aclaraciones que tienen que hacer las 32 entidades federativas de la República.

El segundo con mayores problemas de comprobación del gasto federalizado fue Durango, durante la gestión del panista José Rosas Aispuro, quien en 2021 dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos, que representa el 18.5 por ciento del total de aclaraciones que demanda la ASF a los estados. Es decir, sólo esos dos gobiernos estatales, el del michoacano Silvano Aureoles y el duranguense Rosas Aispuro no pudieron comprobar 21 mil 699 millones de pesos en 2021, pero si se suman los otros cinco años de gobierno de cada uno de los dos exmandatarios estatales, las cifras sin aclarar rebasarían los 100 mil millones de pesos.

Michoacán y Durango concentran entonces el 50 por ciento del gasto federalizado no aclarado de todos los estados del país, por lo que se abre la inquietud para conocer el monto total que pudo ser desviado en los gobiernos de Silvano Aureoles y Rosas Aispuro, además de la exigencia de que se les abran las investigaciones penales respetivas.

El tercer estado con problemas de comprobación del gasto público federal es Puebla, cuando en 2021 era gobernado por Miguel Barbosa Huerta, experredista y hasta antes de su muerte (13 de diciembre de 2022) militante de Morena. Éste tampoco comprobó gastos en ese único año por 3 mil 204 millones 900 mil pesos, correspondientes al 7.3 por ciento del total no aclarado por las administraciones de los estados del país.

El cuarto estado con problemas de aclaraciones a la fiscalización de la Auditoría Superior es Coahuila, gobernada por el priísta Miguel Riquelme Solís, quien del gasto del presupuesto federal correspondiente a 2021 debe aclarar el destino de 2 mil 510 millones 900 mil pesos, equivalentes al 7.8 por ciento de todo el gasto que falta por comprobar en las entidades publicas.

Otros estados con aclaraciones pendientes del gasto federalizado correspondiente al ejercicio de 2021 son, en orden progresivo, Nayarit con un monto de 2 mil 119 millones 900 mil pesos en el último año de gobierno correspondiente al panista Antonio Echevarría García; Nuevo León, gobernado en ese año por el priísta Jaime Rodríguez Calderón, alías el Bronco, quien además de que estuvo preso por supuestos desvíos de recursos públicos, le faltó aclarar 1 mil 881 millones 400 mil pesos.

En la lista de los 32 estados, Baja California Sur ocupa el séptimo lugar: debe aclarar el gasto de 1 mil 791 millones 700 mil pesos correspondientes al último año de ejercicio del panista Carlos Mendoza Davis; la octava posición fue para Colima, gobernado hasta 2021 por el priista José Ignacio Peralta, quien dejó la administración del estado sin aclarar el destino de 1 mil 618 millones 100 mil pesos.

Otros dos estados que se encuentran entre las 10 entidades con mayor monto por aclarar del presupuesto federal ante la ASF son Veracruz, gobernada por el morenista Cuitláhuac García Jiménez, quien debe comprobar el gasto de 1 mil 438 millones 800 mil pesos correspondientes a 2021. El lugar 10 lo ocupa Sonora, cuya exgobernadora priísta Claudia Pavlovich dejó sin aclarar 1 mil 407 millones 400 pesos.

Municipios deben aclarar gasto de 5 mil 771.5 millones

Si gobiernos estatales dejaron de aclarar casi 41 mil millones de pesos del gasto que realizaron sólo en 2021, varios municipios del país también deben comprobar ante la ASF el gasto de 5 mil 771.5 millones de pesos, que representó el 10.1 por ciento del total de las participaciones federales que les correspondió del presupuesto público.

El municipio con mayores problemas es el de Solidaridad, Quintana Roo, el cual dejó sin comprobar 326 millones 700 mil pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2001, cuando la morenista Laura Beristain Navarrete estuvo al frente de la alcaldía hasta septiembre de 2021 y fue sustituida a partir del 1 de octubre por la panista Lili Campos.

El segundo municipio con mayor monto por explicar es San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde faltó comprobar 274 millones 900 pesos; Minatitlán, Veracruz, con 257.1 millones; Aguascalientes, Aguascalientes, 222.5 millones; Ixtaczoquitlán, Veracruz, 164 millones; Salina Cruz, Oaxaca, 144 millones 700 mil pesos; El Fuerte, Sinaloa, 118 millones 400 mil pesos; Tulum, Quintana Roo, 115 millones 600 mil pesos; Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, 111 millones 600 mil pesos; Agua Dulce, Veracruz, 111 millones 300 mil pesos.

En Universidades, sin comprobar 1.5 mil millones

Otro sector que debe aclarar el gasto de 1 mil 550 millones 700 mil pesos es el de las universidades públicas estatales, de las cuales la ASF aplicó 22 auditorías a 21 casas de estudios.

Es la Universidad Autónoma de Nayarit, cuyo rector en 2021 era Jorge Ignacio Peña González, la que debe comprobar el gasto a la ASF por 326 millones 800 mil pesos.

En segundo lugar está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual debe aclarar el destino de 183 millones 400 mil pesos correspondientes a 2021, cuando el titular de la rectoría era Adolfo Pontigo Loyola.

La tercera posición es para la Universidad Juárez del Estado de Durango, que dejó pendientes de comprobar por 119 millones 800 mil pesos, cuyo rector es Rubén Solís Ríos.

Le sigue la Universidad Autónoma de Nuevo León con 81 millones de pesos por aclarar para el ejercicio de 2021 ante la ASF, cuando el rector hasta el 27 de octubre de ese año fue Rogelio Garza Rivera y lo sustituyó Santos Guzmán López como rector interino.

Otras universidades públicas que falta que aclaren gastos son la Autónoma de Chiapas, con 67.3 millones de pesos; la Autónoma de Tlaxcala, con 41.9 millones; la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con 7.6 millones.

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