Por la liberación de las mujeres procesadas o sentenciadas por abortar, así como por las personas que asistieron la práctica de la interrupción del embarazo, trabajan en conjunto la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

Además cooperan los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas para identificar algunos casos de reclusión. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizara dicha práctica en todo el país y declarara la inconstitucionalidad de criminalizar a quienes deciden no terminar con el proceso de gestación.

A un día de anunciada esta decisión histórica, la SCJN indicó que el Instituto Federal de la Defensoría Pública asistirá judicialmente a las más de 700 mujeres que perdieron su libertad por abortar.

En 11 años de legalización del aborto en la Ciudad de México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) documentó un total de 4 mil 246 denuncias por el delito de aborto, según datos de las fiscalías; de acuerdo con lo reportado por los poderes judiciales fueron 531 juicios penales.

Cabe destacar que sólo en dos entidades del país abortar es legal: en la Ciudad de México –desde 2007- y Oaxaca –anunciado el 22 de septiembre pasado-. En los estados restantes no hay infraestructura para garantizar el aborto libre, seguro y gratuito por las instituciones de salud.

Como lo documentó Contralínea, el que los cuerpos gestantes no sean encarcelados por decidir sobre su cuerpo es insuficiente, de acuerdo con  expertas en derechos de las mujeres. El siguiente paso es legalizar la práctica en todo el país así como crear un Código Penal único para para unificar que interrumpir el embarazo no es un delito.

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