En el Senado de la República, las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que propone establecer salas de lactancia adecuada, equipadas e higiénicas dentro de los centros de trabajo. De esta manera, se obligaría a las instituciones a contar con un área “exclusiva y acondicionada” para que las madres puedan amamantar a sus hijos e hijas.

La iniciativa tiene el propósito de garantizar el derecho de las mujeres a alimentar a sus hijos, y a que no abandonen la lactancia materna ni corran el riesgo de perder su empleo. Para ello, se contempla que las salas de lactancia cuenten con mobiliario adecuado, refrigeración para conservar leche y acceso a servicios sanitarios cercanos.

Con las reformas a los Artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, 94 de la Ley del Seguro Social, y 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el marco constitucional sustituye el término “lugar adecuado e higiénico” por “sala de lactancia, adecuada, equipada e higiénica”, para establecer con claridad que los espacios destinados a esta actividad en los centros de trabajo deben configurarse como “salas debidamente equipadas, con condiciones que garanticen la higiene, privacidad, comodidad y seguridad necesarias”.

En la discusión del dictamen, la senadora Susana Zatarain García destacó la importancia de esta serie de reformas al asegurar que, con este proyecto, se busca fortalecer los derechos de las madres trabajadoras, así como garantizar el interés superior de la niñez mediante la promoción de espacios dignos para la lactancia en los centros laborales, lo que permitirá a muchas darles a sus hijos el alimento adecuado y tiempo de calidad.

La reforma se dio en medio de un contexto nacional en el que aún persisten rezagos importantes en materia de lactancia materna. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2021, solo el 28.6 por ciento de los bebés en México reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, lo que evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres para conciliar la maternidad con sus derechos laborales. Entre las razones, se incluyen jornadas inflexibles, falta de espacios adecuados y empleadores que desconocen u omiten las obligaciones legales.

Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2024 revela que una de cada cuatro mujeres en el país ha sido discriminada laboralmente por estar embarazada o ser madre. Ante este escenario, muchas mujeres son despedidas, degradadas de puesto o sujetas a comentarios denigrantes; mientras que otras se ven obligadas a renunciar a sus centros de trabajo por incompatibilidades en sus horarios laborales. Todo ello genera una forma estructural de exclusión laboral y económica conocida como “penalización por maternidad”, lo que impacta de forma directa en el desarrollo profesional, ingresos salariales, acceso a prestaciones e, incluso, al sistema de pensiones y la economía de las mujeres.

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