La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, propuso reformar la Ley de Cultura Cívica para que determinados robos sin violencia y daños materiales cuyo valor no supere las 50 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a 5 mil 865.50 pesos en 2026, puedan resolverse mediante mecanismos de justicia cívica, sin necesidad de recurrir inicialmente a un procedimiento penal.

La iniciativa, presentada ante el Congreso capitalino el 14 de octubre de 2026, plantea priorizar la reparación del daño, la restitución de los bienes y la aplicación de sanciones proporcionales, como el arresto administrativo o el trabajo a favor de la comunidad, según las características de cada caso.

La mandataria aclaró que la propuesta no modifica el Código Penal ni elimina la posibilidad de acudir al Ministerio Público. Las personas afectadas podrán optar por la vía penal o por los mecanismos cívicos cuando se cumplan las condiciones previstas en la reforma.

En el caso de la sustracción de bienes, la atención mediante justicia cívica estaría condicionada a que no exista violencia física o moral, que se trate de una primera conducta, que la persona afectada otorgue su consentimiento y que el Ministerio Público no haya tomado conocimiento previo de los hechos.

La propuesta también contempla determinados conflictos familiares y vecinales de baja gravedad, siempre que no constituyan delitos que deban investigarse por la vía penal.

Resultado de más de un año de trabajo del Gabinete de Construcción de Paz, la iniciativa establece 10 ejes estratégicos para transformar el modelo de justicia cívica, entre ellos la prevención de conflictos, la reparación del daño, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los juicios orales con audiencias públicas y la incorporación de agentes psicosociales restaurativos.

“Queremos pasar de una justicia que castiga después a una justicia que previene antes. De una justicia que acumula expedientes, a una justicia que resuelve conflictos. De una justicia que sanciona a una justicia que también repara, que acompaña, que transforma”, expresó Brugada Molina.

La mandataria sostuvo que el nuevo modelo busca ofrecer respuestas más rápidas a las personas afectadas, favorecer la devolución de los bienes sustraídos, garantizar la reparación del daño y establecer medidas para evitar la repetición de las conductas. “No se trata entonces de castigar menos, sino de resolver mejor”, afirmó.

Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, explicó que numerosas carpetas de investigación se originan en conflictos entre vecinos o familiares, particularmente por daños materiales menores, en ocasiones sin personas detenidas.

Indicó que, mientras la vía penal puede exigir a las víctimas el seguimiento de investigaciones durante semanas, los mecanismos cívicos permitirían alcanzar soluciones más rápidas en los casos que cumplan los requisitos establecidos.

Asimismo, informó que los acuerdos reparatorios en la vía penal aumentaron más de 120 por ciento y señaló que la propuesta busca fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Otro componente de la reforma es la incorporación de agentes psicosociales restaurativos, quienes realizarían evaluaciones para identificar factores emocionales, sociales y de riesgo relacionados con las conductas infractoras, como problemas de adicciones o situaciones de vulnerabilidad.

A partir de estas valoraciones, las personas podrían ser canalizadas a servicios de atención psicológica, tratamientos terapéuticos, programas educativos, capacitación laboral u otras medidas orientadas a prevenir la reincidencia.

La propuesta también contempla la creación de los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, denominados Calpullis de Paz, que podrían instalarse en Utopías, Pilares y otros espacios públicos.

Estos centros ofrecerían servicios de mediación, conciliación y justicia restaurativa, tanto de manera presencial como virtual, para atender conflictos vecinales y comunitarios antes de que escalen a hechos de violencia.

A ello se sumarían jornadas itinerantes de justicia cívica en las colonias, con el propósito de acercar los mecanismos de atención y solución de controversias a la población.

El modelo establecería tres vías de acceso: la detección anticipada de riesgos en las comunidades; los reportes ciudadanos realizados mediante el número de emergencias 911, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y las asambleas vecinales; y la intervención policial ante presuntas infracciones cívicas.

La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, detalló que el nuevo esquema se sustenta en seis pilares: promover hábitos y reglas cívicas, resolver conflictos de manera eficiente, anticipar y prevenir riesgos, fomentar la mediación y el diálogo, transformar conductas, y acompañar y dar seguimiento a los casos.

Explicó que los juzgados dejarían de ser los únicos espacios para atender las infracciones cívicas, pues los mecanismos de prevención y solución de conflictos también se extenderían a las comunidades y las escuelas.

Finalmente, Brugada Molina anunció que el presupuesto de 2027 contemplará recursos para mejorar las instalaciones de los juzgados cívicos y fortalecer su personal, incluido el de los servicios médicos legistas.

La iniciativa deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México antes de que sus nuevas disposiciones entren en vigor.