La lista de involucrados en el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex) nunca comenzó con los capos de la droga o los pueblos huachicoleros, sino con funcionarios de alto nivel –tanto de la petrolera como del gabinete presidencial–, tal como lo revelara Contralínea hace más de 1 década. Por supuesto, también en ese primer orden de responsabilidades están las empresas que hicieron su agosto con los energéticos hurtados.

Por ello resulta fundamental que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometa con la verdad y la justicia, y lleve a juicio a todos los delincuentes de cuello blanco que han participado de este saqueo a la nación, que tan sólo entre 2017 y 2018 superó los 120 mil millones de pesos.

La pregunta es si el presidente está dispuesto o no a desmantelar esa red en la que, sin duda, participan diversas ramas de la industria, y no sólo las gasolineras y distribuidoras finales de los productos petrolíferos, como hasta ahora se ha querido sugerir.

Y es que a Pemex le roban desde gasolinas hasta diésel, turbosina y gas natural no asociado. En el caso de la turbosina, por ejemplo, el mercado negro es el del acotado sector aeronáutico, pues se trata de un combustible especialmente refinado para aviones, jets y helicópteros: su octanaje es mucho mayor al de las gasolinas.

Otra rama industrial implicada en este delito –de la que el propio gobierno de López Obrador conoce su nivel de vinculación– es la industria de la construcción. Grandes constructoras –algunas de ellas, contratistas del propio gobierno– han sido investigadas por el uso de hidrocarburos robados.

Además, están los empresarios del transporte terrestre (tanto de mercancías como de pasaje) y la propia industria privada del sector energético, quienes se han servido con la cuchara de la corrupción.

Y aquí es muy importante advertir que los delincuentes de cuello blanco no deben quedar impunes, pues una parte sustancial de sus ganancias proviene de este atraco a las arcas públicas.

No hay que olvidar que –a pesar de la reforma energética privatizadora de Enrique Peña Nieto– los hidrocarburos son bienes nacionales, y que durante años el crecimiento económico del país se sostuvo precisamente de la riqueza que éstos generaron. Así que decir que robaban a la nación no es cualquier cosa: todos los mexicanos salimos perdiendo para enriquecer a un puñado de empresarios y funcionarios corruptos.

Por ello está claro que no basta con la detención de tres servidores públicos de Pemex que operaban el sistema de ductos: en este negocio ilegal participaban desde trabajadores (incluidos sindicalizados) hasta directivos de la petrolera y secretarios de Estado, pero también militares de todas jerarquías.

De estas complicidades se supo desde el gobierno de Vicente Fox, cuando funcionarios valientes denunciaron que desde la Gerencia de Servicios de Seguridad Física se cometía el robo de combustibles. Así que  nada de esto es nuevo, lo novedoso es que ahora se está desmantelando una parte de ese engranaje.

El problema es de tal magnitud que las investigaciones ordenadas por López Obrador revelan la existencia de una red paralela de ductos, construida entre el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Y resulta que su edificación requirió de mano de obra e insumos especializados, pues los ductos para transportación de hidrocarburos tienen requerimientos técnicos insoslayables.

Así, para desentrañar toda la cadena de corrupción que permitió este saqueo, es fundamental que en las investigaciones participen la Agencia Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera. Estas instancias deben enfocarse en los grandes contribuyentes que al anexar a su “cadena de valor” los energéticos hurtados habrían incurrido en varios delitos.

Una línea de investigación necesariamente tendría que apuntar al lavado de dinero, pues algunas empresas involucradas en la ruta del robo de combustibles habrían permitido legalizar el dinero sucio.

Otra línea que no debe olvidar el gobierno es la de las gasolineras. Y ahí no debe importar quién sea el dueño, porque muchos políticos –sobre todo de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional– forman parte de este negocio. Y ésta es una de las industrias más abiertamente favorecidas por el robo de hidrocarburos.

Finalmente, las indagatorias deben revisar la participación de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón –quien también fue secretario de Energía– y Enrique Peña, pues en sus gobiernos se privilegió el sistema de transporte por ductos y, al mismo tiempo, floreció el huachicoleo.

Según el presidente, éstos por lo menos fueron omisos. Y por acción u omisión, esos mismos gobiernos son responsables de haber omitido castigar este crimen contra las arcas nacionales, es decir, contra el patrimonio de México.

La responsabilidad de Calderón

El gobierno de López Obrador podría iniciar por revisar la responsabilidad de Calderón, pues en su administración se documentó plenamente que la ordeña de ductos se daba desde las instalaciones de Pemex.

Incluso el 29 de julio de 2009, la Procuraduría General de la República en coordinación con las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública, realizaron un operativo contra el robo de combustibles, en el que se aseguraron equipos de cómputo y documentos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex.

Las indagatorias de aquel entonces apuntaban que personal de esa Gerencia estaba implicado no sólo en la ordeña, sino en una red de delincuencia organizada y lavado de dinero. Para entonces, las pérdidas generadas por ese negocio ilegal se calculaban en más de 20 mil millones de pesos.

Sólo llevando a juicio a los delincuentes de cuello blanco –tanto del gobierno como del sector privado– se pondrá fin a este círculo de impunidad y saqueo. Sólo así, el presidente López Obrador podrá decirnos que desmanteló las redes que, por años, dañaron la hacienda pública con el robo de combustibles.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]