Tras condenar el asesinato del periodista Francisco Romero, ocurrido este jueves en Playa del Carmen, Quintana Roo, el coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara Duque, solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que garanticen la libertad de prensa en todo el país.
El defensor destacó en un comunicado que, de 2000 a la fecha, se han registrado 129 asesinatos de periodistas en México: un total de 47, durante el mandato de Enrique Peña Nieto; y nueve, en el actual de Andrés Manuel López Obrador.
“Manifestamos nuestra preocupación por la seguridad, la vida y el derecho a la libertad de prensa de todas las personas que ejercen el periodismo en México. Y solicitamos una investigación y integral para saber los motivos de este último atentado en el país [contra la vida de Francisco Romero].”
Para Lara Duque, “es urgente atender y garantizar el libre ejercicio de prensa en el país, pues una verdadera democracia inicia y termina con el derecho de mantenerse informado a través de profesionales de la comunicación y el periodismo”.
El abogado exigió al Estado mexicano, y de manera particular al presidente López Obrador, que garantice –en el marco de sus atribuciones y facultades– la seguridad, integridad y el derecho a la libertad de expresión de los comunicadores a favor de la sociedad.
“Éste y los demás crímenes contra la libertad de expresión en México deben ser investigados y esclarecidos efectivamente. La libertad de prensa es un derecho de los trabajadores de la información, así como de los integrantes de la sociedad.”
Las agresiones contra periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos, agregó, restringen en la práctica el derecho de toda la sociedad a recibir información plural, puntual y de buena fuente.
Lara Duque recordó que el Centro Zeferino Ladrillero ha sido objeto de actos de agresión y acciones de represión, particularmente en la entidad mexiquense que gobierna Alfredo Del Mazo Maza, al acompañar la defensa de la tierra de los habitantes de Texcoco sobre la intención de construir un aeropuerto internacional; y ahora, al proteger el derecho humano al agua de los pobladores que habitan en los alrededores de la zona militar de Santa Lucía.
