El gobierno de la Ciudad de México reveló que presuntamente son tres los contratos fraudulentos que otorgó la administración de Miguel Ángel Mancera  a la empresa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno calderonista. Las contrataciones se realizaron desde la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina e implicaron 58 millones de pesos.

De acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, lo documentado el día de ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto al número de contratos millonarios de quien fuera la mano derecha de Felipe Calderón con el gobierno capitalino presenta una inexactitud, pues el titular Pablo Gómez sólo se refirió a un pago ilegal.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina precisó que son tres los contratos que se realizaron con la empresa GLAC Security Consulting Technology and Risk Management, misma que tiene en su consejo de administración al exsecretario García Luna. A dichos pagos se suma “un contrato de 80 días”, dijo.

Asimismo, explicó que las órdenes de pago salieron desde el área Fuerza Antisecuestro, de la Fiscalía de Delito de Secuestro. Los servicios pagados indebidamente fueron “por diagnóstico integral, de capacidades de la Fiscalía Especial de Investigación en delito antisecuestro”. Imagínense nada más, García Luna dando capacitación sobre combate al secuestro, añadió la doctora Sheinbaum.

En ese contexto, señaló que se le está dando toda la información necesaria a la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de que efectúe la “investigación conducente”. Además, indicó, para que su administración sepa “si hay una regularidad mayor en estos contratos que tuviera que ver con alguna ilegalidad, alguna actividad que tenga una consecuencia penal. Tenemos que ver –más allá del personaje– si se realizaron los servicios, si no se realizaron los servicios y, por supuesto, si esto era parte de una red [de corrupción]. Y seguimos investigando algunos otros contratos que pudiera haber habido”.

En la conferencia presidencial del pasado 9 de febrero, Pablo Gómez –titular de la UIF– mencionó 30 contratos fraudulentos que llevó a cabo Genaro García Luna con la Policía Federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de los sexenios pasados, y la Procuraduría capitalina (con uno de ellos). No obstante, hoy se ha aclarado que son tres e implican 58 millones de pesos en total y no 26.6 millones como ayer se indicó.

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