La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó económicamente a nueve proveedores del sector salud entre el 1 y el 25 de agosto pasados, por un monto global de 902 millones 187 mil pesos. Las farmacéuticas que presuntamente incurrieron en ilegalidades son: Centrum Promotora Internacional, SA de CV; Instrumentos y Equipos Falcon, SA de CV; Impromed, SA de CV; Valtrum, SA de CV; Selecciones Médicas, SA de CV; Servicios de Mínima Invasión, SA de CV; Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, SA de CV; DAI Servicios, SA de CV; SERVAD Promo Asistencial, SA de CV.
Dichas empresas fueron sancionadas individualmente por 100 millones 243 mil pesos e inhabilitadas por 7 años. Esas sanciones se basan en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas vigente al momento de los hechos, informó la SFP. Agregó que esto castiga las acciones de simulación y evasión de reglas para obtener ventajas y beneficios en las contrataciones públicas, ya que afectaron la competencia en los procesos de licitación de la administración pública federal (APF), y que con ello se inhibe los actos de corrupción en licitaciones de bienes y servicios.
Fue el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el que impuso las inhabilitaciones para que las dependencias y entidades de la APF, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con las compañías.
“De acuerdo con las denuncias recibidas entre 2015 y 2021, en las adjudicaciones de ocho servicios integrales en el ISSSTE, participaron diversas empresas que, presuntamente, se ponían de acuerdo para beneficiarse entre ellas y acordaban repartirse cada una de las partidas en los procedimientos de contratación relacionados con los servicios de análisis clínicos y banco de sangre, lo cual resultó en una ventaja y beneficio indebido para éstas.”
La SFP explicó que las conductas sancionadas han provocado afectaciones a la libre participación, transparencia, igualdad y mejores condiciones para el Estado, en particular, para las personas derechohabientes del ISSSTE. Y aclaró que las empresas aún pueden imponer los medios de defensa que a su derecho convengan.
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