El caso de la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos (Pemex) le pagó por 20 años a la presidenta de la organización “Mexicanos A Favor de la Corrupción”, María Amparo Casar Pérez, lo investigará el empresario Claudio X González Guajardo, fundador de esa asociación civil, ironizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Saben quién va a hacer la investigación, para ver si es cierto o no de que hubo corrupción en el asunto de la señora Casar? La va a hacer Claudio X González, ese instituto [Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad]”, señaló esta mañana en su conferencia desde Palacio Nacional.

Agregó que el empresario y la organización “le van a dar copia [de la investigación] a quien los está financiando o a uno de los que están contribuyendo a financiarlo: al gobierno de Estados Unidos, con copia, para ver qué dicen los del gobierno de Estados Unidos, si van a seguirles apoyando”.

Ello, luego de que Pemex revelara detalles de la denuncia penal sobre el presunto fraude continuado contra la hacienda que involucraría a María Amparo Casar y a sus hijos. De acuerdo con la petrolera, según sus reglamentos internos, las pensiones vitalicias –como la que obtuvo Casar Pérez hasta febrero de 2024– y las pensiones post mórten –como las que obtuvieron sus hijos para estudiar en el ITAM sus licenciaturas y maestrías– sólo proceden si el trabajador o trabajadora fallece accidentalmente en el centro de trabajo, y no cuando se trata de un suicidio.

De acuerdo con el peritaje final de este caso, Carlos Fernando Márquez Padilla García –esposo de Casar Pérez y entonces coordinador de asesores del director corporativo de Administración de la petrolera, Octavio Aguilar Valenzuela– se quitó la vida el 7 de octubre de 2004, al lanzarse intencionalmente de la ventana del piso 12 de la Torre Ejecutiva de Pemex, por lo que la empresa estatal señala que la pensión es ilegal.

De acuerdo con los documentos de la petrolera, el presunto fraude ascendería a más de 48 millones de pesos, de los cuales 31 millones corresponde a pagos presuntamente indebidos de las pensiones y 17.6 millones al pago del seguro de vida. En los documentos consta que, al mismo tiempo que María Amparo Casar se desempeñaba como coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel, tramitó la pensión el 15 de octubre de 2004, al igual que sus dos hijos, y que ese mismo día se les autorizó.

La documentación revela que la pensión que Casar Pérez cobró hasta febrero de 2024, fecha en que Pemex se la canceló tras denunciar penalmente el caso, incluye el pago mensual del gas y la canasta básica que consume la presidenta de MCCI.

En su conferencia, López Obrador criticó que, de inmediato, el Inai abrió de oficio una investigación contra su gobierno por haber revelado el expediente del caso que involucra a María Amparo Casar, en lugar de que esa institución pública procure el derecho del pueblo a conocer este asunto de presunta corrupción.

“Vean nada más esto del Instituto de la Transparencia, ahora resulta que dar a conocer un presunto caso de corrupción es delito, pero quien los sostiene es el Instituto de la Transparencia, es lo más contradictorio, paradójico que puede haber. Y que me van a sancionar y que hasta las últimas consecuencias. Acepto el desafío, porque tengo muchas cosas que decirles y probarles”.

Por ello, López Obrador señaló que “se debe seguir adelgazando el aparato burocrático, sobre todo el aparato burocrático oneroso que crearon para proteger a corruptos. [… Y] seguir ahorrando para que todo le llegue de manera directa al pueblo sin intermediarios”.

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