La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 72/2022  a autoridades federales y estatales por “diversas violaciones a derechos humanos en perjuicio de personas menores de edad, víctimas directas e indirectas de trata de personas”, objeto de agresiones de carácter sexual al interior de un albergue a cargo de Rosi Orozco, ex diputada federal.

El caso fue documentado por  Contralínea en febrero de 2021. El periodista Miguel Badillo dio cuenta de que en un refugio de la Comisión Unidos Vs Trata, dos niños de 9 y 11 años fueron violados sexualmente en 2020. “El caso revela otros malos tratos, como el hecho de que los cuidadores sólo trabajaban de lunes a viernes y durante el día, por lo cual los menores abusados y víctimas de trata quedaban a su suerte en las noches y fines de semana

Sobre la violencia sexual, la presidenta de la asociación civil y exdiputada panista, Rosa María de la Garza Ramírez, dijo a este semanario que “las violaciones de menores pasan en todos lados”.

La recomendación fue dirigida a los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; al titular de la

Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, y al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Procuraduría Federal) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Oliver Castañeda Correa.

En el documento emitido por la CNDH dice que las autoridades federales y locales “omitieron verificar la idoneidad del personal que  prestaba sus servicios al interior del albergue donde se encontraban las víctimas, a efecto de constatar que contaran con la capacitación adecuada para atender sus  necesidades”.

El organismo autónomo que encabeza Rosario Piedra Ibarra expuso que el 23 de marzo de 2021, inició de oficio un expediente de queja, “derivado del conocimiento que tuvo, a través de notas periodísticas, sobre las personas menores de edad que fueron objeto de agresiones de carácter sexual por parte de dos adolescentes que también residían en dicho albergue, dedicado al cuidado de víctimas de trata de personas y ubicado, en primera instancia, en la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, y más tarde, en el Estado de México.

En la información se afirmaba que, cuando dicha asociación civil prestaba sus servicios en la Alcaldía Coyoacán, vecinos del edificio donde se encontraba el albergue denunciaron que por las noches se escuchaban “chillidos y gritos de niños”. Además de que los cuidadores de los niños solo trabajaban de día y de lunes a viernes, por lo que en las noches y los fines de semana las personas menores de edad se quedaban solas, sin cámaras de seguridad y con acceso a aparatos electrónicos como computadoras, sin que se contara con antecedentes de que alguna autoridad federal o local realizara inspecciones en dichos lugares.

La CNDH constató que, tras los hechos ocurridos al interior del albergue, fueron presentadas denuncias ante la FGJEM los días 10 y 12 de agosto de 2020; una más el 15 de abril de 2021, lo que dio origen a las carpetas de investigación 1 y 2 por violación equiparada, y la carpeta 3 por violación con modificativa agravada, cuando el agredido tenga alguna discapacidad, por lo que se vinculó a proceso a dos personas adolescentes.

Entre otras irregularidades, el organismo documentó que personas servidoras públicas de la Procuraduría Federal, la FGJEM y la PPNNA-Edomex, “al no cerciorarse de que en el albergue donde se encontraban las víctimas, les brindaran los cuidados y un mecanismo de protección que asegurara su integridad física y psicológica, omitieron garantizarles su derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia”.

Recomendaciones

Por todo lo anterior, la CNDH emitió una serie de “puntos recomendatorios” y solicitó al gobernador del estado de Coahuila, emitir una circular al personal de la PRONNIF-Coahuila para que, en aquellos casos en los que menores de edad víctimas del delito “sean canalizados a lugares de alojamiento ubicados en otras entidades federativas, como fue este caso, se realicen acciones de coordinación interinstitucional con las Procuradurías de Protección de esos lugares, a efecto de dar seguimiento”.

Al gobernador mexiquense se le solicitó realizar las acciones necesarias a fin de que la PPNNA-Edomex instrumente “acciones de coordinación interinstitucional con su homóloga en la Ciudad de México, con el objeto de dar seguimiento a la atención y cuidado que se brinde a las víctimas, debiendo establecer un plan de restitución a sus derechos”.

Al Fiscal General de Justicia del Estado de México fue recomendado que “colabore en la integración de la queja que el Órgano Interno de Control y la Visitaduría Ministerial en esa Fiscalía General inicien, respectivamente, en contra de las autoridades responsables, con motivo de las denuncias administrativas que presente este Organismo Nacional. Además, que se emita una circular en la que se instruya a las personas servidoras públicas canalizar a niñas, niños y adolescentes víctimas del delito únicamente a su refugio, o bien a los refugios y/o albergues que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y/o en el Padrón de Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios para las víctimas, ofendidos o testigos de los delitos en materia de trata de personas”.

Por último, al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes  se le recomendó que, “en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se realicen los trámites para la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas. Que se lleve a cabo una nueva visita de verificación y/o supervisión a los refugios con el objeto de dar seguimiento a sus observaciones y recomendaciones, además de verificar la calificación e idoneidad de todo el personal que labore en los mismos”.

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